España es nación y Estado
Ni la insubordinación nacionalista, ni la informalidad autonómica, niegan que España sea un Estado. La cuestión es otra: ¿qué clase de Estado?
La insubordinación nacionalista, así como la informalidad de ciertas autonomías que no asumen sus responsabilidades, invita a reafirmar el futuro de España como nación y Estado.
España es nación
España siempre encuentra quien la cuestione. Es el caso de unos nacionalismos periféricos que acusan al Estado español –solo se refieren a España para denostarla– de ser una nación fallida que se habría impuesto a otras naciones de verdad como Cataluña, Galicia o el País Vasco.
En España convivirían unas naciones sin Estado –el nacionalismo periférico se fundamenta en el trabajo de José Stalin titulado El marxismo y la cuestión nacional, 1914– oprimidas por el nacionalismo español o, mejor, castellano. ¿Naciones sin Estado? Todo vale: de la mistificación de la historia a la construcción de una nación a la carta pasando por el diseño de una identidad propia y diferenciada. El narcisismo de las pequeñas diferencias. Una afirmación heráldica impropia.
España no es Getafe. España es una nación. Me explico. Julio Camba, en Maneras de ser español (1918), ironizó sobre la rapidez con la que se construye una nación. Señala el periodista –que conocía muy bien Cataluña- que con quince años y un millón de pesetas era capaz de convertir Getafe en una nación. Aduce el autor que en Getafe predominará algún tipo antropológico y algunos modismos con los cuales fundamentar la nación getafeña. Y, a partir de ahí, el derecho a decidir.
Julio Camba –sarcásticamente– describe la realidad de una España en que, manipulando la realidad y los sentimientos –la fecha es importante: inicios del XX–, se puede inventar una nación. ¿Quizá Getafe –como pronosticaba Julio Camba– es una nación? De momento, no. Pero, otros territorios, en la misma fecha, sí lo consiguieron.
Sucintamente, más allá de apelaciones sentimentales o identitarias locales o regionales, España es una nación, porque 1) es titular de soberanía, y 2) constituye una comunidad histórica y cultural que condensa experiencias compartidas y conforma una colectividad –no monolítica: ahí están las comunidades autónomas– de libres e iguales.
España es Estado
Ni la insubordinación nacionalista, ni la informalidad autonómica, niegan que España sea un Estado. La cuestión es otra: ¿qué clase de Estado? Esto es: ¿qué tipo de Estado puede neutralizar –legalmente, por supuesto– el afán obsesivo y enfermizo de los nacionalismos secesionistas empeñados en hacer realidad el destino? ¿Qué tipo de Estado puede ser el más democrático, eficaz y beneficioso para todos? ¿Qué alternativas?
1. Continuar con un Estado autonómico que cede competencias en función de criterios –la presión política y el interés político partidista, por ejemplo– que conducen a la existencia de 17 legislaciones distintas –19, si tenemos en cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– que convierten el Estado en un enredo administrativo en donde, con frecuencia, los gobiernos autonómicos exigen privilegios y eluden responsabilidades.
2. Una reforma constitucional que recoja las sugerencias de un informe del Consejo de Estado (2006) que aconseja tasar y limitar las competencias de las comunidades autonómicas en función del interés del Estado.
Urgen cambios en el modelo administrativo de España
3. Diseñar un Estado federal a la alemana que contemple la soberanía y autoridad efectivas del Estado, la lealtad institucional, la coerción federal, la cesión o retirada de competencias según sean las necesidades del Estado. Alternativa: un federalismo parcial a la manera de estados Unidos.
Responsabilidad y prevención
Urgen cambios en el modelo administrativo de España. Hay que reforzar el Estado. Por responsabilidad y prevención.
Por responsabilidad: porque el Estado somos todos, porque sintetiza y ejecuta las aspiraciones de la ciudadanía, porque es responsable de la gobernanza o cogobernanza, porque no puede devenir una autonomía que administre solo las competencias vacantes que dejan las mismas.
Por prevención: para evitar que se consoliden los privilegios –históricos, políticos, forales, competenciales, financieros, fiscales, orden público, Justicia, sanitarios, educativos, culturales, lingüísticos– entre las autonomías.
De 1931 a 1932, y de 2006 a 2020
El Estatuto de Cataluña de 1931 fue aprobado –previa discusión y negociación– por las Cortes en 1932. Las expectativas catalanistas o nacionalistas no se cumplieron y Cataluña se constituyó “como región autónoma” de España.
De 1931 a 1932: desaparece la referencia a la autodeterminación, la soberanía y el federalismo; los impuestos directos son competencia del Estado; no hay competencia exclusiva ni en educación ni en legislación social ni en obra pública de interés general; doble oficialidad lingüística; junta de seguridad pública mixta con derecho del Estado a intervenir en cuestiones de orden público.
En 1934 –golpe de Estado de Lluís Companys el 6 de octubre de 1934– el Estatuto fue suspendido. ¿Quizá habría que tomar la experiencia de la Segunda República como referencia para corregir los errores –de 1934 a 2017– de quienes amenazan con volverlo a hacer?
