España necesita más grandes empresas 

El tejido empresarial español está predominado por microempresas. Según la base de datos de la Comisión Europea, el tamaño medio de las empresas en España es en torno a 4,6 trabajadores, claramente inferior al de países como Reino Unido y Alemania, donde el tamaño medio alcanza los 10,4 y 12 empleados, respectivamente.

De los algo más de tres millones de compañías, 1,8 millones no tienen asalariados, y casi un millón y medio más no llega a los 10 trabajadores. Únicamente unas 1.700 empresas tienen más de 500 empleados y pueden considerarse grandes empresas, mientras en el Reino Unido y Alemania éstas suponen el 43,2 y 36,5% del empleo total, respectivamente. 

El tamaño de las empresas guarda una estrecha relación con la productividad y, por ende, repercute positivamente en los salarios. Esta relación es particularmente intensa en las empresas manufacturas, sector en el que los rendimientos crecientes de escala cobran una mayor relevancia. En 2016 la empresa manufacturera española media tenía 4,4 empleados, frente a los 11,8 de Alemania.  

La dificultad de las empresas españolas para crecer explica en buena por qué la productividad total de los factores (PTF) no ha crecido desde los años ochenta del siglo pasado. Tomando la base de datos de Penn World Table, la principal fuente de comparaciones internacionales de crecimiento económico, la PTF en España en 2019 se encontraba prácticamente en el mismo nivel que en 1983: 36 años de crecimiento de la productividad casi nulo.

Se estima que, con los niveles actuales de productividad de las empresas españolas, un cambio en la distribución del tamaño empresarial que nos aproximase a los socios grandes de la UE incrementaría la productividad entre el 10% y el 15% (Fariñas y Huergo, 2015). 

El tamaño empresarial también condiciona la resiliencia del tejido productivo en contextos macroeconómicos adversos. Durante el periodo comprendido entre el año 2008 y 2017, el número de empleados en España retrocedió en más de dos millones de personas, mientras las grandes empresas pudieron mantener el golpe económico, sin un impacto sustancial en la destrucción de empleo.

¿Por qué a las empresas españolas les cuesta tanto crecer, consolidarse e internacionalizarse?

Según datos de Eurostat, la variación acumulada del empleo fue del -31,5% para las pequeñas empresas y del -0,1%, para las grandes. Del mismo modo, las empresas internacionalizadas son más resilientes que las que operan exclusivamente en el mercado nacional, dado que el riesgo de que varios mercados geográficos colapsen de forma simultánea es bajo. 

La demografía empresarial española no sólo tiene un problema de tamaño sino también de longevidad. Tenemos una proporción de empresas jóvenes, de menos de cinco años de vida, superior a la media de los países de la OCDE. Éstas suponen el 44,5% de las pymes. Esto indica que la tasa de entrada de nuevas empresas es más elevada que la de la media, pero también refleja un menor crecimiento de las empresas supervivientes. En otras palabras, en España se crean más empresas nuevas, pero pocas de ellas consiguen consolidar su posición.  

La pregunta obvia es, pues, ¿por qué a las empresas españolas les cuesta tanto crecer, consolidarse e internacionalizarse? Si uno observa el perfil de la empresa española media, veremos compañías poco intensivas en bienes de capital, conocimiento y tecnología, caracterizadas por una baja inversión en I+D, diseño industrial o ingeniería de producción. El valor añadido y la productividad de un bar, una frutería o una franquicia de informática o de perfumes de marca blanca no es el mismo que de una empresa manufacturera, tecnológica o farmacéutica.  

Otro elemento que condiciona negativamente el tamaño y la longevidad empresarial es la regulación fiscal y laboral. El número de cargas y regulaciones a las que se enfrenta la empresa española crece sustancialmente a medida que crece su facturación y número de empleados. En 2016, un informe del Ministerio de Economía identificó un total de 130 regulaciones vinculadas al tamaño de la empresa en materia fiscal, laboral, contable, financiera, de seguros y de competencia.  

A modo de ejemplo, por encima de los 10 trabajadores, las empresas han de nombrar un delegado de personal que libra 15 horas al mes para ejercer su labor representativa y se duplica hasta el 10% la tasa de cofinanciación de la formación profesional continua.

España necesita una agenda de reformas que impulse la capacidad de nuestras empresas para competir en los mercados internacionales

Aquellas empresas con más de 50 trabajadores y una cifra de negocio por encima de los 4,7 millones de euros tienen la obligación de someterse a auditoría anual, establecer canales de denuncia interna y organizar una compliance office, lo que supone un incremento notable de los costes administrativos.

Cuando se superan los 6 millones de facturación por año la probabilidad de inspección y control fiscal crece. Las empresas quedan integradas en la Unidad de Grandes Contribuyentes y el IVA empieza liquidarse mensualmente. También se producen cambios en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.  

Algunos trabajos (Almunia y Lopez Rodriguez, 2018) constatan que existe una notable concentración de empresas justo por debajo de los 4,7 millones de euros de facturación, una de las cifras que define el umbral que obliga a auditar las cuentas sociales. En otras palabras, las empresas evitan a toda costa no traspasar esos umbrales. 

El proceso de ahorro, adquisición de bienes de capital y progreso técnico en España no se ha desarrollado en las últimas décadas como sería lo deseable, en buena parte por nuestra demografía empresarial. Tenemos empresas generalmente poco longevas, muy pequeñas y poco internacionalizadas.

Esto las hace más vulnerables a los shocks económicos, menos intensivas en capital humano, menos productivas y con peores salarios. España necesita una agenda de reformas que impulse el crecimiento empresarial y la capacidad de nuestras empresas para competir en los mercados internacionales.