Sandbox o prohibición, cómo afrontar el cambio tecnológico 

En las últimas décadas, los productos y procesos productivos se han vuelto intensivos en datos y conocimiento. El cambio tecnológico ha emergido como factor determinante del crecimiento económico y la generación de riqueza. Tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial o la impresión 3D reducen los costes de transacción y permiten aprovechar la concentración de infraestructuras y capital científico que ha emergido en torno a las grandes ciudades. 

Al mismo tiempo, estas tecnologías plantean desafíos en áreas como el mercado de trabajo, la fiscalidad o incluso la privacidad y la (ciber)seguridad. En este contexto, uno de los retos a los que se enfrenta nuestra Administración Pública es actualizar su marco normativo para responder a los nuevos retos y avances tecnológicos.  

El pasado 31 de marzo, el gobierno italiano encabezado por Georgia Meloni, decidía aplicar la ley de la Unión Europea para la protección de datos personales de aplicaciones digitales (GDPR), para suspender, de manera temporal, ChatGPT, el chatbot conversacional desarrollado por la empresa desarrolladora de inteligencia artificial OpenAI. El gobierno conservador también ha prohibido la producción y venta de carne sintética, producida en un laboratorio a través de técnicas de ingeniería celular y biotecnología.  

En el ámbito de la movilidad digital, el Ayuntamiento de París, encabezado por la socialista Anne Hidalgo, decidía recientemente prohibir la circulación de los patinetes eléctricos y otros vehículos de sharing en la ciudad. El gobierno de Ada Colau también intentó regular los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en Barcelona, introduciendo un año de moratoria en la entrega de licencias de este tipo de negocios. Colau también anunciaba, hace unos meses, la nueva Tasa Amazon, un impuesto a las grandes distribuidoras de comercio electrónico en la ciudad. 

La irrupción de las nuevas tecnologías no sólo transforma los modelos de negocios; pone a prueba las capacidades, reflejos y perímetros regulatorios de nuestras administraciones públicas

Un gobierno comprometido con la digitalización, la innovación y la regulación económica eficiente es aquel que, en vez de optar por la tríada asfixiante “prohibición/moratoria/impuesto”, colabora con las empresas tecnológicas y apuesta por la flexibilidad normativa. En este sentido, un concepto interesante es el del sandbox, un espacio limitado en el tiempo y en el espacio, de excepción regulatoria para sectores altamente disruptivos.

Como el arenero de los parques infantiles, el sandbox minimiza la inseguridad jurídica y permite al sector privado y al mercado reducir costes de innovación y ahorrarse costosas barreras burocráticas que impidan desarrollar una buena idea. Permite testear la aplicación práctica de una nueva tecnología y ayudar a la Administración a adaptar y mejorar el contexto regulatorio a partir de la experimentación y la evaluación continua. 

El primer sandbox

El primer sandbox regulatorio apareció en 2015 en el Reino Unido dirigido al sector de los servicios financieros digitales o fintech, pero actualmente al menos 36 países cuentan con instrumentos similares a nivel mundial, encontrándose el grueso en Asia (44 %), entre los que destacan Singapur, Hong Kong y Malasia.  

Los sandbox impulsados en el sector financiero buscan establecer un espacio controlado de flexibilidad regulatoria para avances tecnológicos como la identificación biométrica, las transferencias basadas en el blockchain, el reconocimiento de clientes de forma electrónica (e-KYC), etc. No es extraño que un sector tan controlado, regulado y supervisado como el financiero sea de los primeros en impulsar iniciativas innovadoras como ésta para no quedarse rezagado; pero ¿puede ser éste un ejemplo de aplicación para otros sectores económicos o sociales? 

Recientemente el Ministerio español de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunciaba la creación de un sandbox regulatorio para la Inteligencia Artificial (IA), para evaluar, en un espacio controlado, el nuevo Reglamento europeo de la Inteligencia Artificial, o AI Act. Las instituciones comunitarias todavía trabajan en el texto definitivo de dicho reglamento, que se espera que vea la luz a principio del año que viene. 

Por su parte, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid acaba de aprobar el texto inicial de la nueva ordenanza que regulará el Sandbox de Movilidad de Madrid, un entorno controlado de pruebas para proyectos innovadores en el que se testarán innovaciones tecnológicas como los coches autónomos o los drones de reparto, antes de su comercialización e implantación masiva. El objetivo del proyecto es atraer empresas y startups tecnológicos que puedan comprobar la viabilidad técnica de sus prototipos y obtener información para su futuro desarrollo. 

Ambos anuncios, si bien son interesantes, quedarán en papel mojado, sin una cláusula de experimentación sólida para garantizar que los sandbox funcionen. Las cláusulas de experimentación son disposiciones en los marcos regulatorios que permiten a las autoridades actuar con un grado de discrecionalidad al hacer cumplir o implementar las reglas. Por ejemplo, en 2021, la Ley de transporte de pasajeros de Alemania se modificó para incluir una cláusula de experimentación que permitiera al gobierno derogar disposiciones para probar nuevas modalidades de transporte. Este margen de maniobra ha dado lugar a pruebas exitosas para el desarrollo de vehículos de entrega de paquetes impulsados ​​por inteligencia artificial, módulos de transporte automatizados y otras formas de transporte público autónomo. 

En las nuevas leyes que regulen la IA, las cláusulas de experimentación crearían los incentivos adecuados para la innovación en el sector. Permitirían, por ejemplo, derogar ciertas disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) por el período durante el cual un sistema de IA opera en el sandbox, o renunciar a los requisitos de evaluación de la conformidad. 

La irrupción de las nuevas tecnologías no sólo transforma los modelos de negocios; pone a prueba las capacidades, reflejos y perímetros regulatorios de nuestras administraciones públicas. Desde la perspectiva normativa, la respuesta a esta revolución en el continente europeo ha consistido demasiado a menudo en obstaculizar y poner coto a la innovación sin intentar entenderla. El sandbox supone una gran oportunidad para adquirir conocimiento sobre las nuevas tecnologías o productos y, de esa manera, perfeccionar la técnica regulatoria.