Estado Frágil: Un Problema Ibérico

Los recientes acontecimientos en España y Portugal han puesto en evidencia una fragilidad estructural que ya no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza o al azar trágico. La DANA que asoló amplias zonas del este y sur de España, con consecuencias humanas y materiales devastadoras, los accidentes ferroviarios que reabrieron el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la red, así como las tormentas en la región centro de Portugal y las inundaciones de los ríos Mondego, Tejo y Sado, revelan un problema más profundo: un Estado cada vez más reactivo, menos estratégico y debilitado en su capacidad de anticipación.

Los fenómenos meteorológicos extremos son una realidad creciente en el contexto del cambio climático. Sin embargo, la magnitud de los daños no depende solo de la intensidad de la lluvia o del viento, sino también de la calidad de las infraestructuras, de la planificación territorial y de la preparación institucional. Urbanizaciones en zonas inundables, sistemas de drenaje insuficientes, diques y líneas ferroviarias envejecidas no son producto de una tormenta concreta, sino de años de decisiones aplazadas, inversiones postergadas y prioridades mal definidas. Cuando el Estado actúa principalmente después del desastre, liberando fondos extraordinarios y anunciando auditorías urgentes, transmite la sensación de que siempre llega tarde.

El caso de los accidentes ferroviarios en España y el trágico suceso del ascensor histórico en Lisboa no son episodios aislados, sino síntomas de una erosión acumulada en la gestión de infraestructuras críticas. La falta de mantenimiento preventivo, la reducción de cuadros técnicos experimentados y la presión presupuestaria constante terminan generando sistemas más vulnerables. En lugar de apostar de forma sostenida por la
modernización y la supervisión rigurosa, se recurre a soluciones parciales que permiten ganar tiempo político, pero no resolver el problema de fondo.

A esta fragilidad material se suma una fragilidad política. La calidad de los decisores públicos se ha convertido en un factor determinante. Con demasiada frecuencia, la prioridad parece ser la popularidad inmediata y la supervivencia electoral, no la construcción de una estrategia nacional a largo plazo. El ciclo político corto favorece anuncios rápidos y medidas de impacto mediático, mientras que las reformas estructurales —aquellas cuyos resultados solo se verán en diez o veinte años— quedan relegadas. El pensamiento estratégico y el sentido de Estado, entendidos como la capacidad de anteponer el interés general a la conveniencia partidista, se debilitan progresivamente.

La práctica de nombrar para cargos de alta responsabilidad a personas cuya principal credencial es la confianza política agrava esta situación. Cuando la dirección de empresas públicas, organismos reguladores o entidades técnicas recae en perfiles sin la cualificación adecuada ni experiencia en gestión compleja, la capacidad institucional se resiente. No se trata solo de un problema ético, sino funcional: decisiones mal fundamentadas, falta de liderazgo, incapacidad de anticipar riesgos y pérdida de conocimiento acumulado. En un contexto de creciente complejidad tecnológica y climática, la incompetencia en la cúspide tiene efectos multiplicadores.

Paralelamente, se observa una tendencia a incrementar el gasto corriente, especialmente a través del aumento continuo del número de empleados públicos, sin una estrategia clara de modernización y eficiencia. El problema no es la existencia de un sector público amplio, sino la ausencia de una orientación transformadora. Expandir
estructuras administrativas sin invertir de forma proporcional en digitalización, mantenimiento predictivo, resiliencia climática e infraestructuras estratégicas conduce a un Estado más pesado, pero no necesariamente más eficaz. El verdadero fortalecimiento institucional pasa por inversiones estructurantes: redes ferroviarias
seguras y modernizadas, sistemas de drenaje adaptados al nuevo clima, planificación urbana basada en datos científicos y cuerpos técnicos altamente cualificados.

En definitiva, las catástrofes naturales y los accidentes recientes no solo son tragedias humanas; son también espejos que reflejan las debilidades acumuladas de la acción pública. Un Estado que privilegia la lealtad política sobre el mérito, la gestión de la imagen sobre la planificación estratégica y el gasto corriente sobre la inversión
transformadora se vuelve progresivamente más frágil. Y cuando llegan la tormenta, el descarrilamiento o la inundación, esa fragilidad deja de ser abstracta: se traduce en pérdidas humanas, daños económicos y erosión de la confianza ciudadana. Reforzar el Estado no significa simplemente gastar más, sino gastar mejor, seleccionar
mejor y planificar mejor. Significa recuperar el sentido de responsabilidad histórica, apostar por la competencia técnica y asumir que la verdadera política no se mide en titulares de mañana, sino en la solidez del país dentro de una generación.