Felipe González ya es oficialmente un facha 

Las críticas de Felipe González contra la política de Pedro Sánchez han caído como una bomba. No porque el expresidente haya descubierto nada que no estuviera a la vista, sino porque ha señalado con precisión quirúrgica la línea roja que, a su juicio, nunca debió cruzarse para conformar el entramado parlamentario y la troupe política que sostiene al actual secretario general del PSOE como inquilino en la Moncloa. 

El llamado Gobierno “Frankenstein”, es la certera descripción de una arquitectura política ensamblada a partir de piezas dispares, cuya cohesión depende menos de un proyecto compartido que de una necesidad común: impedir que gobierne la derecha. Es lo que les une. Y por eso hacen una apelación constante a la amenaza de la extrema derecha, porque es el cemento ideológico que mantiene en pie su estructura. Sin ese espantajo agitado con regularidad, la ausencia de un discurso vertebrador propio resultaría difícilmente digerible incluso para el electorado más fiel. 

Por eso la intervención de Felipe González adquiere una dimensión preocupante para Sánchez y sus fieles. El expresidente dejó claro que jamás pactaría con Vox, para añadir a continuación que con menos razón lo haría con Bildu. La frase no era improvisada ni equidistante. Era una declaración de principios que remite a una memoria histórica concreta: la del terrorismo de ETA y la de quienes lo combatieron desde el Estado. Al establecer esa jerarquía moral, compartida por la mayoría de los españoles, González dinamita la narrativa sobre la que descansa la actual mayoría parlamentaria, según la cual cualquier cesión es aceptable con tal de frenar a la derecha. 

La lógica que se ha instalado en el discurso oficial es conocida: pactar con los herederos políticos de ETA se presenta como un mal menor ante una amenaza mayor. Además, insisten, ETA ya no existe, prohibido por lo tanto hablar de ella. Se trata de un razonamiento que apela al miedo como herramienta de cohesión interna. Si la alternativa es la “ultraderecha”, todo lo demás queda relativizado. El problema surge cuando esa ecuación es cuestionada desde dentro, y además por alguien que fue durante años referente del socialismo europeo y presidente en los momentos más duros de la lucha antiterrorista. 

Las palabras de Merche Aizpurua, portavoz de EH Bildu, jactándose de la capacidad de influencia de sus diputados y de su peso determinante en el Gobierno, no han sido desmentidas por los hechos. Que una formación heredera del entorno político de ETA presuma de condicionar más al Ejecutivo que el propio Partido Popular, ganador de las elecciones, revela el objetivo último de toda acción política: mantener a Sánchez en la Moncloa. Seguir con el chollo. 

En paralelo, la política penitenciaria de los últimos años, asumida y aplicada con calzador por el Gobierno vasco del PNV, ha ido configurando un escenario que para muchas víctimas del terrorismo resulta doloroso e insultante. La salida de prisión de algunos especialmente sanguinarios, sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia, se produce en un contexto político donde cada voto parlamentario es decisivo. La coincidencia temporal no es casual y alimenta la sospecha que está en la mente de todos: que se cambian presos por Presupuestos. 

Para una parte significativa de la sociedad, y especialmente para quienes sufrieron directamente la violencia, la percepción de que los equilibrios presupuestarios puedan descansar en el apoyo de quienes no han hecho una condena explícita del pasado resulta difícil de asumir. No es un debate jurídico, sino moral y político. Y ahí es donde la crítica de González adquiere mayor fuerza: recuerda que no todo es intercambiable en el tablero parlamentario. 

La respuesta del PSOE contra Felipe González ha brotado como un sarpullido que evidencia una alergia ya común entre los socialistas a la intolerancia de determinadas ideas. Dirigentes y portavoces han salido en tromba a cuestionar al expresidente, sugiriendo que sus posiciones coinciden peligrosamente con las de la derecha más radical. El argumento no se centra tanto en refutar el fondo de la cuestión como en desacreditar al mensajero. Si González es presentado como próximo a la “ultraderecha”, el marco queda intacto: cualquier discrepancia interna puede ser neutralizada bajo la acusación de deslealtad o deriva ideológica. 

La paradoja es que la estrategia basada en la movilización del miedo requiere mantener viva la amenaza. Si la extrema derecha deja de ser un peligro inminente, la cohesión del bloque “progresista” se resiente. De ahí que cualquier cuestionamiento interno que apele a la política de reconciliación y al espíritu de la Transición suponga un riesgo estructural. Y antes de que eso ocurra es mejor decir que Felipe González es un facha.