¡Hay que actuar ya para salvar Abengoa!

El lunes pasado 30 de noviembre en estas mismas páginas abogaba por «preservar el valor de Abengoa«. Para lograrlo defendía dos principios básicos: primero, la absoluta celeridad con que se requería una actuación decidida para poder salvar el máximo de la actividad; el segundo, la necesaria intervención de una agencia pública que arbitrara los distintos intereses de lo que antes se llamaba «las fuerzas en presencia», es decir los actores que tienen intereses contrapuestos.

Ahora, una semana después, podemos apreciar algunas evidencias que nos reafirman en lo dicho, y otras nuevas, que van acentuando las alarmas que se intuían en el proceso de salvamento. Hagamos un repaso. Dado el ingente (todavía no se conoce exactamente la cifra) nivel de endeudamiento de la compañía –recuerden que al acogerse al 5bis (el artículo de la Ley concursal que regula el preconcurso de acreedores) no había deuda ni con Hacienda, Seguridad social y trabajadores– los bancos con deuda corporativa (8900 millones), comercial (3500 millones), o de financiación de proyectos, con distinto riesgo, se han agrupado en un comité de 7 bancos.

Por su lado los bonistas  (4400 millones) han encargado su defensa a una conocida firma especialista en la materia. Pero el Gobierno (de Guindos), más allá de una declaración genérica de apoyo, está más ocupado en ganar las elecciones del 20 de diciembre que en tomar el toro por los cuernos.

Sin embargo, casi nadie parece darse cuenta o es plenamente consciente que la gestión de la crisis, la toma de liderazgo, no admite demora. En las compañías siempre pasan cosas y hay que tomar decisiones diariamente. Si ello es así en una empresa normal, ya pueden imaginarse qué sucede en una empresa en crisis. Abengoa tenía 26.818 trabajadores cuando presentó el preconcurso de acreedores repartidos por todo el mundo.

Muchos de ellos desprotegidos de la legislación laboral española, en cientos de filiales, como el caso de Brasil. Como empresa viva tenía una cartera de 9.000 millones de euros en pedidos en distinto grado de desarrollo. Algunos ya en fase de realización con miles de proveedores, que no saben si continuar suministrando y si van a cobrar de Abengoa.

Pero además la compañía necesita ir atendiendo la realización de los contratos ganados; necesita avales de cumplimiento, necesita circulante, necesita alguien que garantice su actividad, a costa de perder mucho más de lo que indican los estados financieros. Necesita continuar en funcionamiento. No debería llegarse a un sálvese quien pueda.

Y ni los actuales gestores, ni los acreedores van a suministrar a la compañía el mínimo imprescindible antes de que se encuentre un nuevo accionista (o varios) –que sería la mejor solución, una vez que las acciones (de verdad) están a valor cero (aunque todavía la compañía vale en Bolsa 427 millones)– ni van a evitar un colapso total de todo el entramado.

¿Quién paga la nómina y los gastos operativos en estos próximos cuatro meses? ¿Y quién pone los 100 millones está Navidad? Se trata de una situación no por conocida menos dramática. Porque cuando se haya acordado un plan de viabilidad, es decir de venta de activos (el negocio en EEUU, Abengoa Yielco, es el más valioso), cuando los bancos decidan cuánta quita y cuánta conversión de deuda en capital, los trabajadores no cobren los salarios, y los bonistas tampoco reciban la retribución acordada, entonces no quedará prácticamente empresa, ni entramado industrial y se perderá una multinacional tecnológica.

Soy plenamente consciente de que mi propuesta es claramente heterodoxa. El Estado no interviene empresas ni se quiere involucrar en salvamentos, que nadie le pueda recriminar que está creando un precedente. Aunque la semana pasada les citaba algunos casos. Pero la realidad es como es. Hagan simplemente un sencillo análisis coste-beneficio.