ITV: en busca de un modelo de liberalización competitivo
Los operadores de las estaciones de servicio y como consecuencia de un sector híper regulado, obtienen en España una media de dos céntimos más de margen comercial por cada litro de combustible vendido que en la media de la Unión Europea, lo que les procura unas ganancias superiores en 664 millones a los países del entorno, según un reciente estudio del Real Automóvil Club de Catalunya (RACC).
Pese a que el intervencionismo económico sigue siendo un foco de corrupción, la completa liberalización de la economía española, continúa generando conflictos entre las partes interesadas, en lo que a la forma de abordarla se refiere, máxime cuando se trata de desarrollar procesos liberalizadores que atienden a intereses particulares de grupos de presión.
Es el caso de la liberalización de las ITV, cuya actualidad se ha reabierto como consecuencia de que el Tribunal Supremo haya decidido investigar al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Ortiz Blasco, por su presunta relación con la trama para la concesión irregular de licencias de ITV en Catalunya en la que aparecen implicados altos cargos de la Generalitat y de Convergència Democràtica de Catalunya, con su secretario general, Oriol Pujol, a la cabeza de la procesión.
Los proceso liberalizadores que en este sector se han iniciado en España han mantenido el modelo actual existente en España; esto es, diferenciando clara y con rotundidad las actividades de inspección y de reparación, tal y como ocurre en Francia, al considerarse que ambos sectores no deben mezclarse, dado que así se ahuyenta la posibilidad de que se produzcan convergencias de intereses inicialmente divergentes.
Sin embargo, los intereses existentes son potentes y no necesariamente tienden a la defensa del consumidor, a una mayor eficiencia económica o a una mayor transparencia y previsibilidad de las dos actividades, que desaparecerían o quedarían muy mermadas si se instrumentaliza, bajo una misma propiedad, la inspección técnica de vehículos y la reparación de los mismos, una vez pasada la preceptiva revisión.
Hasta ahora, la experiencia liberalizadora de los servicios de ITV, tal y como ha hecho las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, de marcar tajantes diferencias entre las empresas concesionarias de ITV por un lado, y talleres y concesionarios que reparan por otro, se ha demostrado eficaz, como lo demuestra el hecho de que los precios más bajos se concentran en comunidades liberalizadoras, en donde la Ley fija un precio máximo, pero no evidentemente un mínimo, que depende de la gestión y la competencia existente.
Así, mientras los precios más altos se detectan en comunidades como Valencia en donde no se ha puesto en marcha las medidas liberalizadoras, en Madrid la liberalización del servicio ha llevado a los precios del servicio a la banda más competitiva, situándose en una media de 35 euros.
Frente al régimen que rige actualmente en las autonomías españolas liberalizadas, que supone mantener separados con claridad la inspección de la reparación, hay quien defiende la solución mixta –inspección y reparación bajo una misma propiedad-, lo que según se desprende de los informes en manos de la administración, no solo sería un foco de colusión de intereses, sino que provocaría un mayor gasto para el cliente como consecuencia de mayores inversiones en obra civil y maquinaria y bienes de equipo, formación, homologación, adaptación de legislación, etc. a realizar por los talleres de reparación si quisieran tener acceso al proceso liberalizador, lo que solo está al alcance de un selecto grupo de talleres.
La liberalización de la economía española debe hacerse, según sus defensores, con el máximo de garantías para los ciudadanos y no introduciendo mecanismos que solo beneficiarían a unos intereses, cuanto menos, oscuros. La transparencia es básica en cualquier proceso de estas características y las luz y los taquígrafos, dos factores necesarios.
** Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación ‘on line’ económico-financiera de circulación restringida
