La insostenible política autonómica
Los cinco han sido galardonados con el premio de Economía Rey Jaime I. Todos están en la edad presumir de independencia y de no deber nada a nadie. Y, en su momento, fueron convocados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Fabra, para que elaboraran un informe sobre un nuevo modelo de financiación estatal. Lamo de Espinosa, Tamames, Barea, Velarde y Schwartz, son los cinco sabios que conforman el selecto grupo que, además de cumplir con el mandato del presidente, decidían realizar una inmisericorde crítica al modelo de financiación estatal. Dice que “ha originado una legislación de financiación autonómica complicada, farragosa, y que conduce a contradicciones insalvables en los propósitos declarados en las sucesivas leyes de ordenación de su cuadro general”.
A partir de ahí, y sobre la premisa de que los sistemas de financiación ideados desde 1982 no han resuelto las cuestiones más decisivas de un Estado de Autonomías con amplia descentralización, los cinco reconocidos economistas se dedican a sacar punta a todos y cada uno de los aspectos en los que hace agua el sistema de financiación autonómico. Reclaman a la Comisión Lagares para la reforma del sistema fiscal español que se apoye en toda clase de iniciativas para que pueda crearse un nuevo sistema de financiación autonómica que no tenga que revisarse cada cinco años.
El grupo estima que la llamada política de austeridad ha sido insuficiente al haberse actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto -no absolutamente imprescindible- y al no haber aplicado los recortes necesarios en todas las administraciones. Se ha entrado en una espiral de deuda pública global que ya supera el PIB de España, con graves problemas para la futura inversión pública y la mejora de las prestaciones de todo tipo.
Sobre el Fondo de Liquidez Autonómica, se señala que ha contribuido a mitigar la exigencia de mayor racionalidad económica y financiera en las comunidades autónomos. Suministra recursos que éstas ya no pueden conseguir en el mercado de capitales, sin que en tales asignaciones, se vele por la racionalidad de muchos gastos que alimentan pretensiones incluso soberanistas.
Por lo que respecta a la deuda pública tan recrecida, el grupo considera que será muy difícil de amortizar con cierta rapidez, a diferencia de lo que sucedió en los años 90 y en los comienzos de la primera década del 2000, por la carencia de privatizaciones de envergadura. Además, la desmesurada expansión de la deuda pública, financiada en gran parte por la propia banca española, está creando una situación de penuria del crédito para el sector privado, en tanto que se alimenta, sin fin previsible, el endeudamiento público.
Los cinco miembros de la Comisión muestran su fe en el futuro al esperar mayor disciplina en el gasto y mejora de la eficiencia del mismo en todas las comunidades autónomas. Aunque aconsejan que se instrumente un mayor control global de las emisiones de deuda autonómica; a tenor del artículo 135 de la Constitución, y de su correspondiente Ley Orgánica, tras la enmienda de 2011.
Los sabios no se cortan al solicitar que el Sistema Nacional de Salud debe ser reconfigurado. Y recomiendan abordar la coordinación máxima de los 17 sistemas de salud actualmente compartimentados que hay en España, en la idea de ir a una agencia de tipo federal que articule mejor e instrumente de manera eficiente el sistema.
Tras señalar que la Justicia y la Educación deben ser servicios integrales del Estado, los comisionados ponen de relieve que la educación debe ser estructurada con un sistema de corresponsabilización de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Dando, sobre todo, máxima coordinación a las Universidades, a efectos de evitar endogamias perversas y facilitar la libre circulación de la I D, indispensable para cualquier aceleración futura de nuestro desarrollo.
Tras propugnar que el método del copago debe ser introducido en todas las actividades públicas, con mayor o menor intensidad y teniendo en cuenta los distintos niveles de renta de los ciudadanos, los integrantes de la Comisión se muestran partidarios de los presupuestos de base cero para así evitar el recrecimiento de la burocracia, costosa y paralizante. Y también, de las formas más o menos encubiertas de endeudamiento, fuera de las Administraciones Públicas, en sentido estricto.
Por último, Lamo de Espinosa, Tamames, Barea, Velarde y Schwartz animan al gobierno central a diseñar una auténtica estrategia nacional de crecimiento, con un verdadero proyecto de renovación y eficiencia del Estado en su conjunto.
