La reforma eléctrica, un híbrido que amenaza con hipotecar el futuro del sector
El pasado 20 de septiembre, el Consejo de Ministros tomaba la decisión de remitir a las Cortes el proyecto de Ley del Sector Eléctrico con el que se intenta, según declaración de intenciones del ministerio promotor, dar estabilidad al sistema eléctrico y evitar la generación de déficit de tarifa.
Se trata de garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.
El Gobierno de Rajoy ha necesitado casi media legislatura, sustituir a un secretario de Estado con criterio y un incontable número de normas, medidas, ajustes fiscales y mecanismos correctores para elaborar un texto –se supone que definitivo–.
Sin embargo, en opinión de los expertos, no va a resolver el problema de fondo y va a hipotecar el futuro del sector eléctrico para los próximos lustros como consecuencia de que va a paralizar las inversiones en la mejora de las redes y de la calidad del servicio.
Nadie dice que sea fácil solucionar el problema de un sector como el eléctrico, que viene arrastrando un déficit de tarifa desbocado. A día de hoy amenaza con asaltar la barrera de los 30.000 millones de euros y que se ha convertido en uno de los graves problemas con que se enfrenta la economía española y cuyo origen hay que buscarlo en el triángulo Aznar, Rato y Piqué cuando había que cuadrar cuentas como fuera para entrar en el euro.
Desde entonces, el sector eléctrico no levanta cabeza. Además, se ve obligado a cumplir con las exigentes normas comunitarias sobre energías renovables, lo cual ha supuesto cantidades muy considerables de euros en forma de primas que han servido para que maduren, con cargo a los consumidores, unas tecnologías inmaduras.
Todo ello se ha cargado a la tarifa hasta conseguir que España se convierta en el tercer país de la eurozona con la electricidad más cara, tras Chipre e Irlanda, con lo que ello supone de merma en la competitividad de nuestra industria.
Pero no sólo se han cargado a la tarifa doméstica e industrial las primas destinadas a potenciar las energías renovables, sino que “el recibo de la luz” se ha convertido en un pozo sin fondo en donde han ido a parar partidas que nada tiene que ver con a los costes de generación, transporte y distribución de la electricidad, como son la moratoria nuclear, la insularidad, el carbón.
Y así hasta el 60% del total de los que pagamos todos los meses y que nada tienen que ver con nuestro consumo cotidiano, sino que estamos subvencionando actividades y costes que deberían cargarse a los Presupuestos Generales del Estado.
La reforma que el gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados no corrige ninguno de los problemas de fondo que pesan sobre el sector, ya que los consumidores seguiremos pagando durante lustros conceptos que nos son ajenos, lo que no deja de suponer una fiscalidad adicional que no aparece reflejada en la denominada presión fiscal.
Y todo ello ha venido a coincidir con una situación económica sin parangón que ha hecho caer la demanda entre un 15% y un 20% en los últimos cinco años.
Esto ha hecho más patente la sobrecapacidad de generación del sector eléctrico como consecuencia del aluvión de renovables cuyo balance tras la incorporación de los últimos megavatios elevará a 24.000 MW la potencia eólica instalada en el país, frente a 4.600 MW de fotovoltaica y 2.440 MW de termosolar, lo que viene a representar en torno al 33% del total de la generación eléctrica.
La nueva reforma del sector eléctrico y todas las medidas adoptadas hasta ahora por el Ministerio que preside el poco considerado por el sector y que lidera el ministro Soria, no corrige ninguno de los vicios adquiridos por el sector, sino que se limita a repartir las cargas presentes, pasadas y futuras.
España seguirá siendo uno de los países que produce la energía más barata de Europa. Y el recibo de la luz seguirá siendo más alto que el de la media de los ciudadanos de la CE y seguirá subiendo, porque hay que seguir financiando y/o subvencionando, vía recibo de la luz, las aventuras de las que se aprovechan otros.
Muchas de las inversiones tecnológicamente punteras de nuestras compañías eléctricas en el exterior se han podido acometer gracias a las aportación de todos los ciudadanos.
Mientras tanto, los consumidores españoles de electricidad pagamos todos los años, además de toda la energía que consumimos, una cantidad cercana a los 9.000 millones de euros para subvencionar las energías renovables.
En concreto, la energía fotovoltaica y termosolar eléctrica cargan cada año los recibos de la luz con 4.100 millones de euros en subvenciones. Todo ello y mucho más, ha convertido al sector eléctrico en el sector más regulado/intervenido de la economía española y es ahí donde cualquier reforma, según los expertos, debería terminar con la ficción de un sector supuestamente liberalizado, en donde no hay precios, sino tarifas.
De una vez por todas, el gobierno debería sacudirse la caspa y elegir, con toda la trasparencia que sea necesario, entre mercado o intervención. Es algo similar a lo que ocurrió hace años con el sector de los carburantes, cuando se decidió liberalizarlo y el gobierno dejó de fijar semanalmente el precio del litro de la gasolina o el gasóleo. Fue en 1998.
Al menos así, funcionaría la oferta y la demanda y el Gobierno no tendría que ir más allá de lo que contemplan los Presupuestos Generales del Estado, obligaciones que hoy les son endosados a los ciudadanos. Por el contrarío, los precios de la electricidad los fijaría el mercado y la libre competencia, algo que hoy por hoy no existe en España.
Pese a la creencia generalizada y al protagonismo que tiene el sector desde la dictadura de Franco, la electricidad supone únicamente el 2,5% del gasto familiar –frente al 4,4% de los carburantes o el 3% que supone la telefonía– y el 1,4% del gasto de explotación de las empresas.
