La sanidad pública española inicia su inevitable metamorfosis

La sanidad pública española atraviesa momentos convulsos que se plasman, entre otros síntomas, en los paros convocados por los sanitarios madrileños para los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre. En teoría, la unanimidad de los huelguistas es absoluta y desde el Colegio de Médicos hasta los seis sindicatos de la mesa sectorial se han puesto de acuerdo en contra del Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que traducido a lenguaje comprensible, consiste en incorporar la gestión privada al modelo público de salud.

El final del trayecto ya iniciado se adivina en un horizonte que ya se ha empezado a dibujar y que pasa inevitablemente por la participación – dineraria- de usuarios y personal sanitario que tendrá su percepción más pública en el copago, no solo farmacéutico, sino en distintos ámbitos como el de la atención primaria, especialistas, atención hospitalaria y servicios de urgencia, algo que ya sucede en la mayor parte de Europa. La experiencia ya está siendo puesta en práctica en España con notable éxito en el seno de sociedades médicas y asimiladas.

Como suele ocurrir en estos casos, la posibilidad de acuerdo resulta del todo punto imposible y el debate sereno y equilibrado, así como el intercambio de datos e información, improbable. Al final, el debate, lejos de ser profesional, deviene en un debate político de imposible convergencia.

Por eso, frente al relato de quienes proponen un cambio sustancial del escenario sanitario, basado en sólidos y razonable argumentos que conducen inevitablemente a demostrar la insostenibilidad del actual sistema, los defensores del hasta ahora exitoso modelo sanitario demonizan la entrada del sector privado por entender que representa el final del sistema público de salud, por falta de transparencia de los concursos o por la larga duración de los periodos de concesión.

Lo que está en juego es un sustancial cambio del modelo sanitario español que tiende a ser sustituido por una experiencia surgida en Alzira (Valencia) en 1999 y que ha sido elegido para su implantación por algunos sistemas sanitarios de ciertos países de la UE, sin predominancia ideología alguna, y que trata de combinar la gestión privada con la financiación pública y que está llamado a convertirse en el modelo de referencia de otras comunidades autónomas.

Al menos eso es lo que propugnan sus impulsores al poner de relieve que «han sido gobiernos socialdemócratas los que han impulsado este modelo en Europa» y que la propuesta sanitaria público-privada ahorraría un 25% de los gastos actuales, manteniendo similares niveles calidad. Al menos, esa parece ser el resultado de la experiencia valenciana.

Sea como fuere, la realidad es que hay hechos y datos incontrovertibles, dentro de la multitud de estudios que se han manejado hasta ahora, que conviene tener en cuenta a la hora de valorar el proceso que supuestamente terminará prevaleciendo en el sistema público de salud.

El primero de ellos, es que el sistema sanitario público español gastó más del 8% del PIB en 2010 y las comunidades autónomas han llegado a acumular una deuda sanitaria que supera los 10.000 millones de euros en un proceso alcista (11% desde finales de 2010).

Según un informe del Círculo de Empresarios, la tasa de crecimiento del gasto sanitario por habitante en España entre 2000 y 2009 fue de un 4%; sin embargo, el modelo empezó a ser insostenible cuando el crecimiento medio real del PIB por habitante no sobrepasó el 0,8%. Es la cuestión del gasto sanitario total -público y privado- el que concita mayor debate, siendo importante señalar que en porcentaje del PIB este gasto en España es similar al de Italia (9,5%), Reino Unido (9,6%), y la OCDE (9,6%).

Por su parte, el gasto sanitario público español en 2009 fue del 7% del PIB, frente al promedio del 6,9% de la OCDE. El gasto sanitario total por habitante en España en 2009 se situó 3.067 dólares, siendo inferior al promedio de la OCDE (3.233), mientras que el gasto sanitario público por habitante en España se situó en 2.260 dólares, frente a los 2.354 del promedio de la OCDE, aunque hay variables que deben tomarse en consideración como es el hecho de que uno de los principales determinantes del gasto sanitario sea la renta de sus ciudadanos ya que mientras que en España, entre 2000 y 2009, el gasto sanitario público real por habitante registró un crecimiento acumulado del 42%, similar a la media de la OCDE, el PIB por habitante ha crecido significativamente menos que el promedio OCDE.

A partir de ahí, el desiderátum. Y en este, brilla con luz propia el hecho de que los españoles vamos a tener una tarjeta sanitaria única europea antes de tenerla en esta España de 17 comunidades autonómicas. Como suele ser habitual en estos procesos, los datos se manejan según las conveniencias de los actores y es difícil abstraerse, una vez que se entiende lo inevitable del proceso como consecuencia de las mutaciones que está experimentando la sociedad española debido a la crisis económica.

Los parámetros en los que se desenvuelve la sanidad pública española, cuya óptima valoración es unánime en lo que se refiere a cobertura sanitaria en condiciones de universalidad y que ha resultado determinante para la favorable evolución de España en las últimas décadas, se podría hacer interminable, aunque conviene apuntar alguno aspectos manejados por quienes propugnan un cambio radical buscando la sostenibilidad del sistema:

· La alta tasa de absentismo ha llegado a situarse en una horquilla que oscila entre el 9-12% comparado con la media nacional del 5,3%. Las horas de actividad asistencial directa se sitúan en proporciones alrededor del 50-57%. El rendimiento de horas dedicadas a la actividad asistencial directa se sitúa en cifras alrededor del 60% (sobre ese 50-57% de horas de atención directa). Existe, por tanto, una capacidad de mejora del rendimiento del 40%, aunque estos difieren intracentros e intercentros.

· España ha pasado de situarse en el puesto 22 en el ranking mundial de competitividad a estar en el puesto 42 en el 2010.

· La población de España cada vez envejece más y casi el 80% del consumo de recursos sanitario se produce en mayores de 65 años.

· Los pacientes presionan a sus médicos y sanitarios para recibir la máxima tecnología disponible en sanidad, al considerar que en sanidad cuanto más mejor; además la gratuidad total incita al uso de los servicios siendo el país más hiperfrecuentador de consultas médicas de Europa.

· Los estudios indican como realidad indiscutible el aumento de los gastos de personal en los últimos años, como consecuencia de que en tiempos de bonanza económica muchas comunidades se lanzaron a una carrera para retribuir mejor a sus profesionales a base de aumentarles sueldos, precios de la hora de guardia, complementos de productividad, carrera profesional, etc. Esta política se hizo a veces para captar profesionales a otras comunidades autónomas en épocas de escasez de los mismos, y también por políticas para mantener la paz social y de imagen ya que «vende» mucho ante la opinión pública decir que se contrata más personal sanitario.

· Las diferencias en cuanto a gasto real sanitario en las comunidades autónomas son notables. Así, con cifras de 2010 se comprueba como el País Vasco, con un gasto real cercano a 2.000 euros por paciente, está muy alejado de comunidades como la valenciana, la balear o la madrileña que siguen moviéndose en cifras cercanas a
1.200 euros.

Estas diferencias suponen una quiebra real de la equidad. Sin embargo, cuando se analiza lo que cada CCAA destina a financiar su servicio regional de salud, y el esfuerzo presupuestario de estas a la hora de destinar recursos a la sanidad, sorprende ver que las que tienen menos gasto per cápita son las que más destinan de su presupuesto a financiar la sanidad. La actual crisis económica está demostrando muchas cosas y una de ellas es que el sistema no es sostenible debido a la falta de financiación, el incremento de la demanda de atención o la escasez de recursos y hoy la disyuntiva no es otra que evolucionar o morir de éxito.

En la actualidad, las comunidades de Madrid y Castilla La Mancha están inmersas es una proceso de cambio de modelo que afectaría a diez centros hospitalarios en busca de una mayor flexibilidad y un sustancial ahorro de costes y la solución negociada, encontrada recientemente por las administración autonómica y personal sanitario al Hospital de la Princesa, augura que la implantación del nuevo modelo terminará por imponerse.

Con ello, los diferentes grupos hospitalarios implantados en España, entre los que sobresalen Quirón y Capio, pugnan por hacerse con la gestión de algunos hospitales en fase de concurso con objetivo muy claro por parte de quienes impulsan esta reforma desde el sector público: reducir los costes y mantener los niveles de calidad.

Y con ese objetivo, el mundo del capital riesgo y financiero, está procediendo a una profunda concentración del sector hospitalario con objeto de poder hacer frente al nuevo e imparable proceso de cambiar los actuales esquemas de la sanidad pública que ya se ha iniciado.

Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación ‘on line’ económico-financiera de circulación restringida