La semántica no diluye una futura intervención clásica de España
Tras dos semanas de tiras y aflojas, durante las cuales Europa y algunos de sus miembros –España entre ellos– han rozado la tragedia como si de un mal culebrón televisivo se tratara, el comisario europeo para los Asuntos Económicos, Olli Rehn, admitía por primera vez oficialmente que Bruselas estaba estudiando que el fondo de rescate recapitalizara directamente la banca, aunque en la actualidad ello no fuera posible ya que no se contempla en el tratado de creación del ESM.
Las palabras de Rehn actuaron como un sedante sobre los histéricos mercados por cuanto significaba que el fondo de estabilización europeo (ESM), que empezará a funcionar en julio, pudiera utilizarse para inyectar directamente recursos en los bancos, sin pasar por los Estados, una vez conocidas las necesidades de las entidades financieras. En definitiva se trata de iniciar el largo camino hacia la creación de un mercado bancario único, una vez que, con muchos matices, se había superado la insistente oposición de la canciller alemana, Merkel.
El anuncio del comisario no llegó a cumplirse en su totalidad, como deseaba el Gobierno español, ya que el Eurogrupo decidía inyectar hasta 100.000 millones de euros a través del Frob para hacer frente a los problemas de capitalización de un tercio del sistema financiero español. Con ello se abría un nuevo debate semántico pero con un trasfondo político de mucho calado: apoyo o rescate.
A falta de conocer los muchos interrogantes que conlleva la decisión del Eurogrupo sobre el grado de intervención de Europa en el sistema financiero español, en qué medida va afectar al nivel de la deuda pública o sobre las condiciones del préstamo, el debate ideológico en España se centraba en imponer uno u otro término, ya que ello suponía fijar la línea divisoria entre el éxito y el fracaso del gobierno de Rajoy.
Pero por encima de ese debate, una cosa parece clara: hoy, la situación de España es infinitamente mejor que la de hace 24 horas y que no es necesariamente malo que Europa meta sus manos en materia de regulación y supervisión bancaria en España.
Con los 100.000 euros comprometidos por el Eurogrupo, las estimaciones apuntan, digan lo que digan las empresas de rating norteamericanas, a que España resolvería sus problemas con no más de 56.000 millones, 40.000 de los cuales se concentrarían en entidades no cotizadas en bolsa, cantidad que coincide con la cifra manejada por el presidente del Santander.
A partir de ahí y como si del bálsamo de fierabrás se tratara, muchos son los que empiezan a hablar de recuperación a plazo fijo por encima de estériles debates terminológicos. Pese al nunca discutido valor de las palabras, el énfasis puesto por el Gobierno español de cambiar la terminología, frente a la intervención o el rescate de España, utilizados hasta ahora.
Resulta bueno empezar a manejar otros conceptos mucho más acotados y que no afectan al corazón de la soberanía patria, algo que la clase política no termina por digeriría ya que supondría, entre otras muchas consecuencias, la dimisión del gobierno y unas nuevas elecciones generales.
El honor español con el “apoyo financiero” de Europa queda a salvo y marca distancias con Grecia, Portugal e Irlanda, ya que el gobierno no tendrá que someterse al estricto tipo de programa de reformas macroeconómicas al que se vieron sometidos esos países, aunque en honor a la verdad esos programas ya había sido medio desarrollados tras los correspondientes “consejos” de Bruselas y de medio mundo.
España sólo tendrá que acordar nuevas condiciones ligadas a la reforma de su sector bancario, quedando a salvo sus finanzas públicas. Ahí entrarían nuevas provisiones sobre la cartera sana de hipotecas minoristas, empresas y crédito al consumo.
Pero aunque el lenguaje haya cambiado y nadie pone en duda el poder de las palabras, la realidad es que España sigue en el punto de mira de casi todos y continuará así hasta que no recupere la confianza perdida a base de incumplimientos y de desviaciones. Podremos hablar de rescate descafeinado, tutela, apoyo, intervención light o de hombres de negro o de gris, pero España está lejos de abandonar la cuarentena a la que está sometida.
Pese a la nueva modalidad de “intervención”, muchos analistas mantienen serias dudas sobre si con ello va a ser suficiente para conseguir que España entre en la senda de la normalidad. Por ello, no es difícil encontrar análisis y declaraciones restringidas en donde se continúa afirmando que una intervención de más graduación no sólo sería posible, sino incluso necesaria para España.
Aunque se trata de una opción que el ejecutivo de Rajoy intentará evitar a toda costa por las duras condiciones que se impondrían, entre ellas la cesión de todo tipo de decisiones políticas —que un acreedor nos gobierne debe ser la última opción–, la posibilidad continúa abierta como complemento a la “intervención” bancaria.
El rescate clásico
Un Estado quiebra cuando su economía no puede hacer frente a las deudas contraídas. En un momento de contracción de nuestra economía y con unos costes financieros insoportables, no todos están seguros de que una falta de liquidez por parte de España no suponga una amenaza a que los acreedores se queden sin cobrar, salvo los casos en que estos hubiesen contratados un seguro de quiebra, los famosos credit default swap (CDS) que no dejan de ser una minoría irrelevante.
El peligro de default existe y España continúa teniendo muchas papeletas para convertirse en un país en quiebra si no se corrigen los altos costes a los que se está financiando.
La intervención ortodoxa o el rescate clásico de un país como España no es un plato de gusto y sobre el Gobierno caería un estigma que difícilmente se desligaría de él durante décadas, ya que supondría que las instituciones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional concederían a España un crédito nuca menor de 500.000 millones de euros con objeto de que se financiara el déficit y se atendiera a los vencimientos de la deuda en circulación, sin tener que recurrir a nuevas emisiones.
La concesión de ese crédito obligaría a España, además de a devolverlo, a aceptar las condiciones que impondría la troika de los nuevos acreedores en forma de un programa de ajuste más severo del que se está produciendo hasta ahora, tanto en el ámbito fiscal como en el de reformas estructurales.
Así, las cuentas públicas quedarían oficialmente intervenidas; el IVA podría subir hasta cotas próximas al 23%; las administraciones públicas se verían obligadas a reducir sus costes laborales, bajando los sueldos de los funcionarios y despidiendo al personal contratado; se ampliaría la edad de jubilación con permiso de Hollande; se establecería un despido casi libre; se reformaría el sistema de pensiones, la financiación de la sanidad y la educación pública, y las corporaciones locales y las autonómicas tendrían que someterse a un dieta de adelgazamiento que cambiaría el modelo territorial. Y todo ello con el aliento de “los señores de negro” en el cogote.
En definitiva, tras el apoyo de Bruselas a España y a su sistema financiero, el margen para España se acorta y las posibilidades de torear con el capote se reducen a cero. Y sin ser especialmente catastrofistas, no resulta aventurado afirmar que una intervención clásica supondría que la situación financiera de las cajas, fundamentalmente, se deterioraría muy rápidamente y probablemente se producirían nuevas intervenciones o quiebras.
Puede que, recurriendo a un símil médico, España haya salido de la UVI, pero sigue en planta y cualquier turbulencia la puede devolver a la unidad de cuidados intensivos y, si no se resuelve el problema griego, seguiremos con un nivel muy alto de riesgo.
**Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación ‘on line’ económico-financiera de circulación restringida
