La sentencia

Antes de conocerse los argumentos de la sentencia, la condena a Álvaro García Ortiz, nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno de coalición, ha puesto en marcha, una vez más, la necesidad de la izquierda a explorar hasta dónde se puede llegar para detener a la derecha golpista que ha propiciado la caída del fiscal general. Desde la izquierda, en especial desde las filas de Podemos y Sumar, se justifica la posibilidad de actuar llevando al límite al Estado de derecho para salvar la democracia, con el fin de  defenderla del PP y de Vox que buscan socavarla. La caída del Fiscal General es un argumento suficiente para la izquierda para alentar a los ciudadanos a movilizarse en las calles contra el Tribunal Supremo, que está en manos de jueces conservadores. La defensa de la inocencia de Álvaro García Ortiz, sin conocer los argumentos de la sentencia, se convierte de este modo en acusación directa contra el Tribunal Supremo.

Como ha ocurrido en otros países europeos como Dinamarca, Reino Unido o Francia, la reacción política del PSOE, Podemos y Sumar durante las horas posteriores a la condena emitida el veinte de noviembre por el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado se centró en plantear, de forma velada, las siguientes preguntas: ¿Es lícito utilizar todos los medios de los que se dispone, sin excepción de que sean legales o ilegales, para evitar que la extrema derecha acabe con la democracia cuando llegue al poder? ¿Se debe consentir la dominación que ejercerá la extrema derecha cuando gobierne, que desembocará en conculcar derechos sociales, destruir el pluralismo político, limitar las libertades individuales y socavar la autonomía de los medios de comunicación? ¿No deben movilizarse los demócratas frente al totalitarismo de la derecha reaccionaria? Son preguntas retóricas que buscan identificar cualquier acción del PP como pasos premeditados para instaurar un régimen totalitario. Estas preguntas persiguen activar la imaginación de los ciudadanos para que conformen en su mente la imagen de un mundo dominado por el totalitarismo de la extrema derecha que los quiere salvar de los males de la democracia.

Ione Belarra, Secretaria General de Podemos, declaró que no era fortuito que el fallo del Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2025 coincidiera con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, advirtiendo que la justicia en España “no hizo la transición democrática” y calificando la condena de “golpe judicial”. También y en la misma linea se posicionó Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno, exhortando a los ciudadanos para que se movilicen contra la sentencia del Fiscal General del Estado. Sus argumentos plantean, una vez más, la necesidad de que la opinión pública vea a los jueces del Supremo como verdugos y al condenado como víctima. Pretenden potenciar así  la idea de que el franquismo ha sido combatido pero no vencido, de que la derecha española lleva años oculta tras una piel de cordero para ocultar sus fauces de lobo con las que quiere acabar con la democracia y engañar a los ciudadanos.

La lección que nos deja la condena, a la espera de los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo, es una contienda entre la derecha, que combate en todos los frentes a Pedro Sánchez por apropiarse de las instituciones para sus intereses personales y destruyendo la democracia, y la izquierda, que resiste a los ataques de la derecha y buscando a su vez acabar con ella. Así pues, lo que está en juego no se dirime en los juzgados, en la denuncia de delitos, de casos de corrupción, de apropiación de las instituciones y de manipulación de los medios de comunicación, sino en la capacidad de los partidos de construir relatos políticos, morales y éticos que justifiquen cualquier acción y cualquier manifestación pública bajo el argumento de defender y proteger a la democracia de sus enemigos. Es una narrativa cercana a la estética iluminada de una conspiración perpetua, denunciando haber descubierto, tras cualquier fallo de la justicia o cualquier error judicial, la pista que les permita defender la democracia cruzando los límites que la constituyen. Bajo cualquier pretexto y siempre con el fin de garantizar sus propios intereses, unos y otros defienden el axioma de que ellos, solo ellos, son los depositarios capaces de preservar la democracia y protegerla de sus enemigos, que siempre son los otros.