La sombra se proyecta sobre CatalunyaCaixa y NovacaixaGalicia
La privatización de dos de las tres entidades financieras nacionalizadas –-CatalunyaCaixa y NovacaixaGalicia– amenaza con convertirse en un culebrón que hasta la fecha ha demostrado la dificultad de llevarse a cabo. Son muchos los que consideran que pesa sobre ellas la negativa cerrada de Generalitat y Xunta a que su futuro pase por una solución que no consideren conveniente ambos gobiernos autonómicos.
Una vez más, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –-brazo armado del Estado encargado de sanear financieramente y asegurar la viabilidad de las dos entidades– ha mostrado su interés por acelerar la subasta de ambos bancos. Y espera reiniciar el proceso, otra vez, a finales de septiembre. Aunque para ello deba obviar algunos trámites del complejo proceso que afectarían a ofertas vinculantes y no vinculantes y estudiar la inclusión de un Esquema de Protección de Activos (EPA) para el comprador. Posibilidad que se había negado hasta la fecha y que hoy está todavía en el aire.
La posibilidad de recuperar el EPA ha vuelto a animar a posibles interesados en hacerse con la entidad. Permitiría a los futuros dueños algo que ya hicieron con anterioridad el Sabadell, BBVA o Caixabank con los activos de CAM, Unnim o Banco de Valencia, respectivamente. El Estado garantiza total o parcialmente la posible morosidad encubierta que se pueda encontrar en la entidad.
Algo similar ocurre con los denominados activos fiscales diferidos (DTA) sobre cuyo régimen futuro se deberá pronunciar el Gobierno y cuya decisión puede decidir la puja sobre cualquiera de las dos entidades, según en qué porcentajes puedan computar como capital.
Al día de hoy, sigue sin estar claro, pese a los numerosos pronunciamientos de las partes implicadas, si la subasta de CataluynaCaixa iría acompañada por la de NovacaixaGalicia o viceversa. Aunque las entidades financieras interesadas en pujar recelan de los procesos de licitación, conscientes de que el componente político nacionalista ha estado y estará presente en la decisión final como lo lleva estando desde que se nacionalizaran ambas entidades en septiembre de 2011.
Dejando al margen a Bankia, cuya hoja de ruta tiene sus propias singularidades, el Estado ha inyectado cerca de 3.000 millones de euros en CatalunyaBanc (ERE aparte y sobre cuya cuantía final la Generalitat está ejerciendo una vigilancia reseñable) y más de 3.500 millones en NCG. Recordar la machada del anterior gobernador del Banco de España cuando anunció que el FROB exigiría un interés del 12,5% a quien quisiera recomprar sus participaciones en NovacaixaGalicia y CatalunyaBanc.
El referente más cercano es la adjudicación de Unnim a BBVA por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) –que se nutre de las aportaciones del sector bancario– por importe de 953 millones de euros. La compra suponía,además, que el FGD asumiría por un plazo de 10 años el 80% de las pérdidas que experimentara la cartera de activos de Unnim valorada en 7.359 millones de euros una vez aplicadas las provisiones ya existentes para esos activos de 1.330 millones. Unnim, fruto de la unión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu, hoy ha desaparecido como marca.
El interés por la privatización del banco catalán y gallego, tras algún reciente intento fallido, estriba en el hecho de que su resultado va a permitir comprobar si ha cambiado algo el fenómeno endogámico de carácter autonómico en materia financiera. Solo así se conocerá si los respectivos gobiernos regionales continúan manteniendo el estandarte de contar con entidades financieras con un fuerte componente nacionalista o están dispuestos a abrir su mercado a otros bancos interesados por las dos entidades públicas. Pero tras el paso de los meses y las inyecciones de capital efectuado, se intuye que han podido experimentar un deterioro considerable. No solo en su imagen, sino en la dimensión de su negocio.
Mientras llega el momento de la verdad, si es que realmente llega, se aceptan apuestas. La limpieza del proceso está más que cuestionada. Máxime cuando el propio ministro de Economía y Competitividad ha llegado a realizar en su momento juicios de valor, nunca desmentidos, que sorprenden. Como cuando dijo aquello de que «CatalunyaCaixa es una entidad mucho más solvente y líquida –en comparación con Novagalicia–, y es una marca muy importante tanto en Catalunya como en otras zonas de España».
La aspiración de Galicia, Catalunya y País Vasco de contar con un ecosistema protegido en donde pueda desenvolverse con tranquilidad su propio sistema financiero, es un objetivo latente. Pero atenta contra los principios más elementales de la competencia de la UE y cuya práctica fue una de las causas de la grave crisis institucional del sistema de cajas de ahorro que se intenta solucionar con la inconclusa reforma financiera.
A modo de ejemplo y según datos publicados, Caixabank –una de las entidades supuestamente interesada en la subasta de CatalunyaCaixa– tiene una cuota de mercado en Catalunya que alcanza un 47%. Por su parte CatalunyaCaixa cuenta con una cuota de mercado del 14% en dicha comunidad.
Post-it
El Esquema de protección de Activos (EPA) es una fórmula empleada en la subasta de bancos intervenidos en Estados Unidos y es una condición que reclama gran parte de la gran banca extranjera para participar. Con la EPA, el Gobierno, a través del FROB, cubriría una parte de la morosidad que fuera aflorando en la entidad subastada. Pero la reestructuración de dicha caja, como ajuste de plantilla, lo realizaría el banco que se lo adjudicase. La puja la ganaría la institución que menos EPA solicitase para reflotar la entidad.
Según informaciones no confirmadas, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador de CatalunyaCaixa una garantía sobre una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
—Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación económico-financiera de circulación restringida
