La última línea de defensa de la ciudadanía
Pienso y creo firmemente que la Justicia es la última línea de defensa de los ciudadanos y ciudadanas de este país ante una marea incesante de corrupción y corruptelas enquistadas en las dos últimas décadas, que están minando la credibilidad de instituciones y organismos públicos de una forma devastadora.
El libertinaje económico y la sensación de impunidad han sido las líneas que algunos integrantes de partidos políticos o sindicatos han utilizado para presuntamente robarnos –a todos sin excepción– los dineros de nuestros impuestos, que en vez de retornar a la sociedad se quedaban en sus bolsillos, para que estos sinvergüenzas formaran el club de los vividores y nuevos ricos a cuenta de pensionistas, autónomos, parados, familias en exclusión social, etcétera.
La Justicia, valor supremo del ordenamiento jurídico español, es la última garante de los derechos de la ciudadanía. Precisamente por ello es plausible y ejemplarizante que personas como la juez Alaya se enfrenten valientemente, y con el coste personal y familiar que ello conlleva, a un todopoderoso sistema presuntamente corrupto, como el que supuestamente ha enriquecido a dirigentes de UGT y CCOO y de partidos políticos como el que gobierna en la comunidad andaluza, o sea el PSOE. Hablo de la ya tristemente célebre trama de los ERE falsos, en la que el desvío de fondos públicos a través de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de renta habría provocado el enriquecimiento de personas que habrían intervenido en su contratación y gestión.
La corrupción política afecta a la credibilidad y a la confianza en el sistema, y las carencias en los tribunales y juzgados que la investigan solo aumenta el despropósito, incrementando a la par la perplejidad y desánimo entre los ciudadanos ante una respuesta judicial extraordinariamente lenta y ante la avalancha de escándalos de corrupción que sacuden España. Aunque hay que decir que en numerosas ocasiones el responsable de esta lentitud no son los jueces, sino las leyes procesales, anticuadas y con escasos recursos, lo que deriva en instrucciones interminables.
Pero entre los ciudadanos crece la percepción de que, al final, nadie paga por su culpa, que los dineros nunca aparecen y que, incluso en los casos en que se hace justicia, esta llega tan tarde que pierde todo su sentido de ejemplaridad. Para refrendar esta reflexión recuerdo la sentencia reciente del caso Malaya, que dista mucho de lo que esperábamos y dista aún más de haber sido ejemplar y ejemplarizante. La lentitud del proceso permite, en algunos casos, que prescriban delitos o que cambien las circunstancias de los acusados, de modo que ya no se les puedan exigir responsabilidades.
En estos momentos están en marcha 1.661 investigaciones de corrupción en 798 juzgados, de las cuales 302 son macroprocesos. El CGPJ ha pedido 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de apoyo para dar un impulso a esas causas, pero a día de hoy siguen sin respuesta del Ministerio de Justicia, un ministerio que representa nuestra última línea de defensa.
