Las constructoras buscan fuera lo que no encuentran dentro
El sector constructor español y su industria auxiliar, parte fundamental de la actual crisis económica y financiera y que en su conjunto llegó a suponer un 17% del PIB, continúa su proceso vital de supervivencia, expandiéndose a nivel global para compensar la caída de negocio doméstico, que en 2013 podría caer de nuevo 20%, según estimaciones de los analistas de referencia.
Como sea que el mercado doméstico sigue sin ofrecer síntomas de recuperación, el sector de la construcción español refuerza su apuesta por la actividad exterior, hasta el extremo de que las seis grandes constructoras cotizadas (OHL, ACS, Ferrovial, Acciona, FCC y Sacyr) tienen en el extranjero el 81,2% de las obras de la cartera de contratos pendientes de ejecutar con que cerraron los nueve primeros meses del año, frente al 76% de un año antes.
De acuerdo con los informes de los analistas, estos grupos suman proyectos de obras civiles internacionales por valor de 72.849 millones de euros, importe que cuadruplica al de los contratos que ejecutarán en España (16.859 millones de euros).
La dureza de la crisis española, sus actividades paralelas y la necesidad de financiar su expansión internacional, han convertido a las constructoras españolas en las empresas más endeudas de su actividad dentro de la UE, lo que se ha traducido en muy serios problemas de liquidez.
La alarmante situación del sector en España como consecuencia de los importantes recortes sufridos, han encendido todas las señales de alarma y ha hecho que el sector presente al Gobierno un plan que supondría invertir 9.000 millones de euros en el periodo 2013-2015, ignorando que las infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado sufrieron un recorte adicional del -15,6% con respecto a los presupuestos de 2012.
Por si fuera poco, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, no prevé que hasta 2024 la inversión supere los 150.000 millones de euros, lo que implica no ver de nuevo a medio plazo los crecimientos alcanzados en el pasado, si es que estos se llegan a alcanzar en algún momento. Más bien al contrario, las estimaciones de los analistas no dan al sector un peso en el PIB superior al 8% en el futuro, en línea con la media de los países de la eurozona.
Los recortes del gasto público no sólo se ceban con la educación, la sanidad y los servicios sociales, sino que también afectan de manera intensa, al mantenimiento de la infraestructuras con un ejemplo que no pasa desapercibido para ningún usuario del transporte: las carreteras españolas presentan el peor estado de conservación de los últimos 25 años como consecuencia de que el ministerio de Fomento lleva más de 850 días sin licitar ningún tipo de obra de refuerzo de firmes para la conservación de la red viaria estatal, ocurriendo algo similar en la mayoría de las comunidades autónomas, según denuncia realizada por la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) y la Asociación Española de la Carretera (AEC).
Los datos de los denunciantes resultan demoledores y apuntan a que sólo para devolver los firmes a un estado mínimamente adecuado, se necesitaría una inversión superior a 5.200 millones de euros, estimándose que las carreteras españolas tienen un «déficit acumulado» en los últimos años de unos 5.500 millones de euros.
Post-it
De acuerdo con la organizaciones sectoriales, se considera como aceptable invertir en conservación de carreteras anualmente el 2% del valor de las mismas, calculándose que la inversión mínima para conservar los más de 650.000 kilómetros que componen las redes españolas de carreteras, una vez enjugados los déficit actuales, superaría los 1.280 millones de euros al año, frente a los menos de 1.000 que si invierten en la actualidad.
La seguridad vial es la primera afectada por la ausencia de inversión en conservación de firmes, pero también deriva en un encarecimiento del transporte, el empeoramiento de la fluidez del tráfico, la disminución de la vida útil de los vehículos y el aumento del consumo de combustible. Esta situación acarrea también consecuencias ambientales, ya que un firme en mal estado supone un aumento entre un 12% y un 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
