Los grupos de presión campan a sus anchas
La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España. Le echa en cara que ha vulnerado reiteradamente su compromiso de liberalizar los servicios profesionales. Se trata de un sector clave de la economía. Abarca una vasta retahíla de organizaciones, que agrupan desde abogados y notarios hasta ingenieros y arquitectos, pasando por médicos, veterinarios, farmacéuticos y otras variadas ocupaciones. Sus filas albergan a centenares de millares de personas de mediana y alta cualificación.
El caso es que algunos de esos colegios se rigen por criterios anacrónicos y practican un descarado proteccionismo de sus propios intereses. Otros poseen increíbles facultades recaudatorias, más bien propias de una agencia tributaria. Y otros más se han erigido en potentes grupos de presión.
En líneas generales, su objetivo no es otro que preservar las ventajas y privilegios seculares que han venido disfrutando. De ahí que sean alérgicos a las brisas renovadoras que emanan de Europa y se opongan como gato panza arriba a todo cambio.
Hasta ahora, no hubo modo de que nuestros Gobiernos se animasen a afrontar el problema. Las sucesivas admoniciones cursadas por Bruselas quedaron sin respuesta. La más reciente fijaba un ultimátum para que la reforma se promulgara antes de finales de 2014. Pues ni con esas.
Las demoras empezaron ya en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Su sucesor Mariano Rajoy mostró una cierta diligencia y dio algunos pasos adelante. Ya en el colmo de la audacia, llegó a bosquejar un anteproyecto de ley que entrañaba mutaciones sustanciales en el hermético statu quo del sector. Parecía que se iban a entreabrir las ventanas para que, por fin, irrumpieran en él los aires tonificantes de la libertad.
Vanas esperanzas. Se frustraron por completo cuando el texto de la norma se sometió a información pública. Como era de prever, los lobbies de los colectivos más influyentes se llamaron a la parte y se lanzaron en tromba contra ella.
Arquitectos, abogados, procuradores y farmacéuticos se pusieron a la cabeza de la manifestación. Durante meses y meses, desencadenaron frenéticas maniobras por tierra, mar y aire. Pretendían edulcorar la revisión en beneficio propio, demorar su entrada en vigor y, en última instancia, conseguir que nunca llegara a aplicarse.
Hay que reconocer que han triunfado en toda regla y que su estrategia obstruccionista ha surtido efecto. Como fruto de tamaña ofensiva, la casa sigue sin barrer. El equipo del señor Rajoy se ha echado atrás. Por supuesto, la magna mudanza ya no verá la luz durante su actual mandato.
Pros y contras
Es de subrayar que el cacareado reajuste adolece de fallos garrafales. Sus autores se ufanan, por ejemplo, de haber rebanado draconianamente, de 80 a 38, el número de oficios de colegiación forzosa.
Sin embargo, lo cierto es que se mantiene la inscripción obligatoria para los cuerpos integrantes del amplio espectro jurídico, como abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores mercantiles y de la propiedad.
Pese a ello, la nonata regulación encierra aspectos altamente positivos. Por ejemplo, los adscritos a un colegio quedan habilitados para desempeñar su oficio en cualquier otra demarcación territorial de España. Ello equivale a derribar los muros infranqueables que muchas comunidades autónomas han levantado sin desmayo para bloquear el ingreso de ejercientes de otras zonas.
Además, el proyecto limita la cuota anual de los colegios a un máximo de 240 euros y prohíbe el cobro de la llamada «cuota de inscripción», que no es otra cosa que un peaje como la copa de un pino, instituido a favor de las arcas corporativas y a costa del peculio de cuantos quieren desarrollar su actividad libremente.
También destierra otra corruptela extendida como mancha de aceite, a saber, la contratación compulsiva de toda suerte de seguros intermediados por las asociaciones. En resumidas cuentas, el viraje legal propina una sacudida espectacular a los colectivos de titulados y aminora la indefensión y los abusos que sufre la inmensa masa de los ciudadanos.
Por desgracia, ese arsenal de loables intenciones queda ahora en el congelador. Cabe preguntarse si los jerarcas de Bruselas se saldrán algún día con la suya y meterán en vereda a las autoridades y a los profesionales españoles. Nadie aventura fecha alguna. O sea que la lamentable situación actual puede prolongarse durante meses e incluso años. De momento, los únicos triunfadores son los grupos de presión. Han ganado por goleada y han evidenciado, una vez más, su enorme e implacable poder.
