Los ricos no van a la cárcel
Los tribunales de Justicia españoles están mostrando una extraordinaria indulgencia con los millonarios pillados en fraude fiscal. Durante los últimos tiempos se ha desencadenado una retahíla de espectaculares elusiones tributarias. El ministerio público solicitaba para sus autores las elevadas penas de prisión que marca la ley. Pero hete aquí que los culpables, asesorados por carísimos togas de oro, lograron escurrir el bulto.
Tras incontables idas y venidas, todos los lances se saldaron mediante la novísima fórmula de los llamados «acuerdos extrajudiciales». Estos consisten en que los delincuentes reconocen palmariamente sus entuertos y se avienen al pago de una crecida multa. En contrapartida, se les impone una pena de cárcel de duración no superior a los dos años, que no acarrea ingreso si carecen de antecedentes penales.
No estamos hablando de fullerías de unos pocos millares de euros, sino de carretadas de millones. Por tanto, nada tiene de extraño que semejantes enjuagues resulten estupefacientes. De hecho, suponen un escarnio en toda regla para para el común de los mortales, o sea, para la inmensa legión de los ciudadanos que cumplen religiosamente sus obligaciones con Hacienda.
Veamos unos pocos ejemplos de esta siniestra ley del embudo, espigados entre los más recientes. Al famoso abogado Emilio Cuatrecasas le acusaron de cargar como gastos simulados de sus variadas empresas, lo que no eran otra cosa que dispendios personales, como viajes de placer, amueblamiento de sus mansiones, mantenimiento de su barco de recreo y sus automóviles de lujo, e incluso la nómina de sus empleadas de hogar.
En total, Cuatrecasas aceptó haber perpetrado ocho delitos fiscales en IVA, IRPF, Sociedades y Patrimonio, durante 2006-2008. Tras la oportuna componenda con la fiscalía y la abogacía del Estado, regularizó su situación pagando 4 millones de euros, más una multa de 1,5 millones, más la consabida condena a dos años de cárcel… y santas pascuas.
Así, el célebre letrado esquivó la temible amenaza del correccional. Lo que no pudo evitar fue la renuncia al liderazgo del bufete jurídico que lleva su apellido, uno de los primeros del rango nacional por cifra de giro y número de colaboradores. Don Emilio se resistió como gato panza arriba, pero las presiones de los socios le arrancaron el cese el pasado verano y hubo de dejar el despacho por la puerta de servicio. A todas luces era poco edificante que un gabinete especialista en materia impositiva siguiera encabezado por un convicto de fraude.
Prácticas torticeras
De parecido tenor es el episodio que protagoniza Manuel Torreblanca, esposo de la rica heredera Liliana Godia. Torreblanca se allana a devolver al ministerio del señor Montoro 10,5 millones y a una pena de dos años de prisión. El arreglo se hace extensivo a Javier Amat, primo y administrador de Godia, al que se impone un año. Torreblanca y Amat admitieron nueve delitos fiscales.
Según reveló la investigación, Torreblanca no satisfizo un céntimo de impuestos en el periodo 2007-2011. Ni siquiera se tomó la molestia de presentar la declaración de IRPF. Entre tanto, cargó a destajo toda clase de dispendios suntuosos, camuflados como costes de empresa.
Otro botón de muestra es la familia Carulla Font, propietaria de Agrolimen, Gallina Blanca y otros muchos negocios. La fiscalía incriminó a los hermanos Artur, Lluís, Jordi, Aurelia, Montserrat y María Carulla, por eludir los gravámenes de renta y patrimonio de 2006. Para ello se sirvió de una rocambolesca compraventa de acciones por valor de 61 millones de euros, articulada por medio de sociedades residentes en una batería de paraísos fiscales. Hubo las reuniones habituales entre los abogados de los Carulla de un lado, y la fiscalía y la abogacía del Estado de otro. En virtud del pacto alcanzado, Lluís Carulla asume la culpa de todo el enredo y abona 9,4 millones. También se le condena a cárcel, pero queda libre.
Los casos descritos palidecen frente al favorable trato que la familia Botín recibió en 2011, tras descubrirse que desde tiempo inmemorial tenía la fruslería de 2.000 millones de euros ocultos en Suiza. La saga de banqueros desembolsó 200 milloncejos de nada para zanjar el turbio asunto. Nunca más volvió a hablarse de él.
Del florilegio precedente se desprende que sigue en plena vigencia el dicho «poderoso caballero es don dinero», acuñado por nuestros clásicos. Las leyes fijan el delito fiscal, castigado con cárcel, a partir de los 120.000 euros de cuota defraudada. Pero si los infractores poseen caudales exuberantes, la cosa cambia de forma diametral y la ley se convierte en papel mojado. Como ya tengo dicho, una fortuna copiosa es demasiado grande para tener alojo en una minúscula celda.
