Josep Piqué, el político –aunque no en ejercicio– y empresario que preside el Círculo de Economía, hizo pública el viernes una nueva Nota de opinión de la entidad, un análisis que acaba con una conclusión, entre otras: a España le sobra grasa y una parte de ese exceso de peso se lo da una sobredimensionada administración territorial a la que es ineludible aplicar una dieta efectiva.
Seguramente, como siempre pasa en este país, estas palabras del que fuera máximo dirigente del PP en Catalunya serán orilladas –hay ya algunos medios importantes que no han hecho ni una reseña de esta manifestación del Círculo cuando suelen dedicar buenos espacios a las actividades de esta institución– o, peor aún, tomadas como ariete por aquellos que dicen enarbolar la lucha contra la recentralización que según ellos persigue el actual gobierno.
Pero si fuéramos capaces de coger esta idea por lo que dice y no por lo que suponemos que quiere decir, no podríamos menos que darle la razón al Círculo a la vista de los datos que día sí día también se van publicando, a pesar de la obstrucción y falta de transparencia de que hacen gala nuestras administraciones, en este tema unidas casi como un solo hombre.
España ha vivido en los años de consolidación democrática una fuerte descentralización administrativa y consiguiente reparto de poderes y presupuesto. Un proceso que probablemente no tenga parangón en ningún otro país. Ese proceso daba por una parte satisfacción a territorios que por circunstancias históricas y políticas tenían aspiraciones de importantes cotas de autogobierno y, por otro lado, finiquitaba un estado profundamente centralista y, en parte por ello, muy ineficaz.
El reparto de competencias, la asunción de responsabilidades políticas con su reflejo presupuestario y la afluencia de un caudal de fondos europeos sin precedentes, hizo que numerosas comunidades alcanzaran unos niveles de bienestar que a diferencia de, por ejemplo, Italia, fue modélico para otros estados obligados a poner en marcha modelos similares de descentralización.
Como suele ocurrir, junto a esas virtudes se generaron otros defectos, algunos de los cuales pesan como losas en estos momentos de grave crisis fiscal y de dificultades de control y financiación de la deuda pública. Por ejemplo, se duplicaron servicios, se generaron organismos burocráticos cuya funcionalidad era cuestionable y no siempre se pudo o se supo poner coto a decisiones de gasto que claramente caían en la más absoluta imprudencia.
Un día antes de que la institución barcelonesa lanzase al aire su Nota, el Gobierno español a través del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reveló que hay en estos momentos en España unos 2.000 ayuntamientos que no saben como afrontar su cuantiosa deuda. Como muestra, un escandaloso botón: Pioz, un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara, de 3.500 habitantes, tiene una deuda de 16 millones de euros, para cuya liquidación en base a sus ingresos necesitará… ¡7.058 años!
El propio alto cargo no pudo hacer otra cosa ante los periodistas que reconocer su decepción por la manera de proceder en general del mundo local. Y eso que según Transparencia Internacional, una prestigiosa ONG que lidera Antonio Garrigues Walker, y que desde 2008 analiza el comportamiento de las administraciones públicas en base a numerosos indicadores, los ayuntamientos son los que sacan mejor nota (73,2 puntos sobre 100), por delante de las comunidades autónomas (71,5) y las diputaciones, éstas con un clamoroso suspenso (48,6).
Por cierto, a tenor de los datos ofrecidos por Transparencia Internacional, felicidades para la Diputación de Tarragona por su muy meritorio segundo puesto en ese ranking de transparencia y a la de Barcelona, cuarto lugar, y una urgente reclamación a las de Lleida y Girona para que den explicaciones por ocupar las últimas posiciones de la tabla.
Si los concejales electos de la CUP en Reus se las ven y se las desean para obtener información de su ayuntamiento en temas como los salarios de las empresas que pertenecen al consistorio, desde luego poca cosa podemos esperar en la relación de las administraciones españolas con sus administrados.
Existen, pues, bolsas de gasto en las administraciones españolas que carecen de justificación, y menos aún en estos momentos de crisis. Esta última semana, Economía Digital se hacía eco de un estudio encargado, mediante concurso, ¡faltaría más!, por el Ayuntamiento de Barcelona y realizado por Esade sobre “La inversión extranjera directa en el área de Barcelona”. El estudio, con un coste de 60.000 euros, no aporta más valor a los datos ya publicados en otras fuentes que las entrevistas realizadas a 50 supuestos expertos y directivos de multinacionales y una serie de conclusiones bastante banales.
Sesenta mil euros no es, nos dirán algunos lectores, mucho dinero, sobre todo si se tiene en cuenta el sobredimensionado nivel salarial de los profesores de escuelas de negocios, pero tampoco emana utilidad alguna de un estudio de esas características, que más parece destinado a poder publicar una foto en los medios que a extraer una batería de líneas maestras que ayuden a actuar al Ayuntamiento de Barcelona contra la crisis.
Que nadie se escandalice, pues, por la última Nota de opinión del Círculo de Economía, que además de otras interesantes conclusiones, sitúa el adelgazamiento de la vigente administración territorial española como un factor necesario para recuperar la senda del crecimiento; que nadie se ponga la venda antes de la herida y que nadie nos haga perder más el tiempo invocando fantasmas cuya caza nos distraiga estos días de lo fundamental.
