Cuando el gobierno protege al ladrón

Mientras el debate público se entretiene con las gafas de mentir de Pedro Sánchez, pasan desapercibidas las cuestiones que de verdad están dañando el futuro de nuestra democracia. El empobrecimiento de las familias españolas, la escasez de vivienda asequible y la impunidad de los delincuentes se combinan como un cóctel perfecto para erosionar la democracia liberal y alimentar los populismos autoritarios.

Algo que uno ha aprendido en la política municipal —donde la realidad no se puede disimular con discursos— es que la confianza en las instituciones se hunde cuando tu barrio es más inseguro, cuando no encuentras trabajo o cuando tu hijo no puede emanciparse. Aquí no hay abstracciones ideológicas que valgan. Con las cosas del comer no se juega. Y la creciente inseguridad en ciudades como Barcelona pone precisamente en riesgo eso: las cosas del comer, el derecho a vivir en paz.

Falta presencia policial en las calles, faltan recursos en los juzgados, pero hay medidas que podrían tomarse de inmediato y que el Partido Socialista se niega siquiera a debatir. El gran ejemplo es la necesaria reforma del Código Penal para combatir la multirreincidencia. Hoy, en España, se puede vivir perfectamente del hurto. Lo saben, porque lo sufren, los comerciantes, lo saben los cuerpos policiales, lo saben los jueces y lo sabe cualquier ciudadano que haya tenido que poner una denuncia por el robo de un móvil o una cartera.

Nuestro sistema penal es tan laxo que el ladrón profesional no solo sale impune, sino que reincide una y otra vez sin consecuencia real. En la práctica, se ha convertido el hurto en una profesión subvencionada por la pasividad del Estado. Y lo más grave es que no se trata de un problema irresoluble: se trata de una ley mal redactada, de una ley que se puede y se debe cambiar.

El Partido Popular y Junts per Catalunya presentaron en el Congreso sendas propuestas de reforma del Código Penal. Ambas son de sentido común. Ambas cuentan con apoyos suficientes para ser aprobadas. Y ambas, sin embargo, duermen el sueño de los justos en el cajón de la Mesa del Congreso. ¿La razón? El PSOE prefiere que los españoles sigan sufriendo la inseguridad antes que admitir que la oposición puede tener razón. Prefiere mantener una pose progresista de tibieza ante la delincuencia. Poco le importa el deterioro del orden público.

Hoy, en España, se puede vivir perfectamente del hurto

Eso es la mala política: poner supuestos intereses del partido por encima del bien común. Negarse a corregir una ley injusta por puro sectarismo ideológico. ¿El resultado? Más hurtos, más robos, más sensación de impunidad. En ciudades como Barcelona, donde los datos de reincidencia son muy preocupantes, muchos vecinos ya sienten que la ley no los ampara. Y cuando un ciudadano siente que la ley no sirve para protegerle, deja de creer en la democracia. Deja de confiar en el sistema. Entonces llega el riesgo: el clamor por el “hombre fuerte”, por el líder que promete orden a cualquier precio.

No es una hipótesis teórica. Es la historia reciente de Europa. Cuando las democracias son incapaces de garantizar seguridad y prosperidad, la tentación autoritaria se convierte en promesa. Así pues, la irresponsabilidad del PSOE no es solo jurídica; es moral. Porque cuando uno gobierna tiene la obligación de corregir lo que no funciona, no de esconderlo bajo la alfombra. La multirreincidencia no es un invento de la derecha ni una exageración mediática. Es una realidad diaria que sufren miles de personas, especialmente las más vulnerables.

Mientras el PSOE siga mirando hacia otro lado, seguirá creciendo la sensación de que nada funciona. Y cuando la política deja de ser solución, se convierte en problema. Ese es el precio de la mala política: el descrédito institucional, la desafección ciudadana y el riesgo de que otros, menos democráticos, prometan hacer lo que el Gobierno no ha querido hacer.

La izquierda y derecha siguen siendo diferentes, pero la diferencia más grande en la política actual está entre los que creen en la responsabilidad y los que se refugian en la excusa. Entre quienes saben que la libertad necesita orden y quienes prefieren sacrificarla en el altar del sectarismo. España no necesita el actual gobierno de la irresponsabilidad, pero tampoco populismos autoritarios. Necesita gobernantes serios. Inmediatamente.