Cataluña crea un chiringuito para desobedecer las sentencias judiciales

Salvador Illa quiere aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026 y para lograrlo necesita, por un lado, que María Jesús Montero dé satisfacción a ERC y avance en la creación de la Agencia Tributaria Catalana, y por el otro, que los Comunes —la marca catalana de Sumar— le dé, como habitualmente sucede, su apoyo.

Mientras Illa espera que Sánchez mueva ficha, él se afana en satisfacer a los neocomunistas catalanes, y si hace una semana se abría a estudiar la prohibición de la venta de inmuebles que no vayan a ser utilizados como primera vivienda, ahora da un paso más en el pozo sin fondo de la inseguridad jurídica en el que se ha convertido la legislación, tanto en Catalunya como a nivel nacional, y ha acordado la creación de un denominado Servicio de protección y estabilidad residencial, que no es más que el nombre de un eufemismo que esconde la fundación de un organismo público destinado a facilitar el incumplimiento de sentencias judiciales sobre desahucios.

El titular es: el poder ejecutivo crea un organismo para engañar al poder judicial. ¿En qué momento hemos normalizado que es admisible que el poder político cree chiringuitos que tengan por fin que una sentencia quede en papel mojado?

No hay duda de que es un objetivo común que el problema de la vivienda se resuelva, pero este nuevo ente, además de seguir empujándonos en la ya casi eterna pendiente de la arbitrariedad institucional, agrava el problema de la vivienda porque ahuyentará a los propietarios, debilita la separación de poderes, agrieta el Estado de derecho, atenta contra la propiedad privada y crea un contexto social en el que cualquiera puede incumplir un contrato de alquiler porque Salvador Illa y sus socios comunistas le mantendrán dentro del piso. En resumen, cuando esta oficina entre en funcionamiento y empiece a hacer de las suyas, los okupas se convertirán en funcionarios.

Cuando esta oficina entre en funcionamiento y empiece a hacer de las suyas, los okupas se convertirán en funcionarios

La Unidad anti-desahucios es una invitación a la barra libre de impagos y se ha anunciado que contará con un presupuesto de 40 millones y 50 trabajadores. Con ese dinero, en lugar de cargarse el marco legal y el mercado inmobiliario, podrían pagar alquileres sociales o construir vivienda asequible, pero para hacer eso hay que tener ganas de trabajar y gestionar, y esa posibilidad no parece estar en las previsiones de los Comunes ni de los socialistas, que ceden irresponsablemente ante ellos.

Según el argumentario difundido, el objetivo de este nuevo chiringuito es detectar a aquellos que se dedican a especular con la vivienda. No sé qué es lo que Illa y sus aliados nostálgicos del mundo soviético consideran un especulador, pero sí está claro que cuando la gente se enquiste por la cara dentro de un piso, la Generalitat tendrá que sacar de sus cuentas —que no tiene porque no se las aprueba nadie— dinero para pagar gastos de comunidad de los amigos de los Comunes que se apropien con aval de la administración de propiedades que no son suyas.

En Cataluña hubo en 2024 un total de 7.381 desahucios, un 3,2% más que en 2023. El proceso legal es garantista y dura entre seis meses y un año. La administración tendría que contar con unos servicios sociales eficaces que comprobaran si los desahuciados tienen recursos para acceder a otra vivienda o familiares que puedan hacerse cargo de ellos. También deberían disponer de un parque de viviendas para que las familias desahuciadas pudieran tener un lugar donde vivir dignamente mientras se resuelve su situación, que en todo caso es en primer término su responsabilidad y en segundo plano de la administración.

En lugar de hacer todo esto, que es para lo que se presentan a las elecciones y les pagamos, lo que hacen es poner en marcha un chiringuito con 50 personas para expropiar a los propietarios de los pisos.

Nuestra autodestrucción se está llevando a cabo de forma concienzuda y constante.