Barcelona quiere prohibir la compra de un inmueble si no es para vivir en él 

El Plan estratégico Metropolitano de Barcelona, un organismo vinculado al Área Metropolitana de Barcelona, y presidido por el alcalde de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni, ha presentado un estudio avala que se restrinja la compra de viviendas en las llamadas zonas tensionadas y que las mismas solo puedan adquirirse si van a usarse para vivienda habitual.

La propuesta afirma que pretende evitar la especulación y “la expulsión de ciudadanos de las ciudades”. El jurista que firma el informe sostiene que es legalmente posible regular las compras, limitándolas a las que sean para ser usadas como residencia y que tanto la administración central, como la autonómica y local están en disposición de llevar a cabo dicha medida. El documento va más allá y dice que cuando la compra afecte a un edificio entero debe garantizarse que los arrendatarios que residan en el mismo vean su renta congelada.

El informe fue presentado, con entusiasmo indisimulado, por Janet Sanz, concejal neocomunista de Barcelona en Comú, la marca catalana de Sumar, quien dio paso a Pablo Feu, el letrado firmante quien dijo que “dado que el mercado inmobiliario distorsiona el modelo de cohesión de las ciudades se puede intervenir con medidas excepcionales”.

La propuesta, restrictiva y socialista, parte, pues, del apriorismo de que la crisis de la vivienda está provocada por la voracidad de los operadores privados, pero la realidad es distinta de la cosmovisión que la izquierda tiene sobre quién es responsable del problema del encarecimiento y falta de oferta en el mercado de la vivienda.

De hecho, las medidas coercitivas lejos de solucionar el problema lo han agravado. Por ejemplo, la derogación de la Golden visa para extranjeros no ha evitado que no pare de subir la compra de inmuebles por parte de ciudadanos con pasaporte de otro país, y el fin de la concesión de dichos visados de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria no ha provocado una bajada de precios, que fue uno de los argumentos que se dio para eliminar la Golden visa. En el primer semestre del presente año, los extranjeros han firmado 71.155 operaciones inmobiliarias, un 2% más que el año anterior.

La limitación del precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas, que abarcan todos los centros urbanos de las ciudades catalanas, no ha hecho reducir el número de alzamientos, ya sean hipotecarios o por alquiler. Según el CGPJ, Cataluña es la comunidad con más alzamientos, a pesar de ser la que aplica más limitaciones al mercado. Dichas restricciones no han frenado la escalada de precios y, según el INE, en septiembre los alquileres subieron en Barcelona capital un 2,2%, el dato más elevado en todo el año 2025.

La limitación del precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas no ha hecho reducir el número de alzamientos, ya sean hipotecarios o por alquiler

Desde las instituciones europeas pueden aguar la euforia del organismo metropolitano dirigido por el PSC, dado que Bruselas afirma que el control de los alquileres puede inflar los precios. Si la advertencia de Bruselas puede sustentarse, la excusa de los socialistas y la extrema izquierda catalana para poner en marcha un proceso que prohíba las operaciones de compra–venta habría muerto antes de dar su primer paso.

El debate no es nuevo: ¿la vivienda sube fruto de la especulación o por las regulaciones de la administración? Para aquellos que creen que todas las bondades de la vida vienen de la redistribución y que la gente es incapaz de gestionar su propia existencia y que ellos están ahí para salvarnos de nuestra propia incapacidad, la respuesta está clara.

Imaginemos por un instante que el Plan Territorial Metropolitano tiene razón y que con solo publicar un decreto se puede llevar a cabo esta medida. ¿Qué impide que bajo el mismo criterio el siguiente paso no sea la expropiación? También debemos preguntarnos: aquellas zonas que tienen una economía dependiente de las segundas residencias, como la Cerdanya o la Costa Brava, ¿quedan condenadas a la desertización y al cierre?

Con anuncios de este calado no nos podemos extrañar de que la inversión extranjera esté huyendo de España en búsqueda de lares con mayor seguridad jurídica y con menos ocurrencias.