Preferentes, que cada palo aguante su vela

La hipocresía es una constante o una actitud practicada con más frecuencia de la deseada. Y amenaza con instalarse en el Congreso de los Diputados, como se demostró la pasada semana a raíz de la convalidación del Decreto Ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Terminó por aprobarse con el rechazo del PSOE, partido que gobernaba cuando se creó el inmenso problema de las preferentes, que es uno de los mayores escarnios en los que ha participado el sistema financiero español.

Una vez más, el trazo grueso se ha impuesto no solo en el debate parlamentario, sino en los medios de comunicación. En demasiados casos alejados de trasladar a los ciudadanos los problemas con el suficiente detalle. De haber sido así, una de las primeras cuestiones que deberían haber quedado claras es que el actual problema de las preferentes no ha sido causado por el sistema financiero, en general, sino por las cajas de ahorros que –hay que recordarlo una vez más– han estado manejadas por políticos, sindicalistas y hasta curas párrocos. Todos ellos responsables del latrocinio que el Congreso trató de aminorar en alguna medida.

Por ello, sorprende aún más que un partido de gobierno como el PSOE fuera capaz de mantener una actitud tan irresponsable como la que mantuvo en la sesión parlamentaria del pasado jueves, introdujera el alboroto en el hemiciclo y jaleara esa gresca por parte de significados diputados. Aunque en su disculpa –si es que existe disculpa a ese comportamiento– siempre cabe recordar actitudes parecidas cuando el PP estaba en la oposición.

Del debate, siguen yéndose de rositas las cajas de ahorros. Si no fuera por el anuncio de UPyD de emprender acciones legales contra los responsables del fraude que va a suponer un quebranto para los titulares de preferentes del 38% en el caso de Bankia, del 61% en CatalunyaBanc, o del 43% en NCG.

Por eso cabe comprender el cabreo que existe en los bancos. Van a ser ellos los que tiren de cartera para hacer frente al prorrateo de los 2.000 millones con los que se va a pagar a los preferentistas de NCG Banco y CatalunyaBanc. Lo que los políticos debatieron en el Congreso era cómo los bancos iban a resolver, una vez más, los desafueros de las cajas. Porque los bancos habían resuelto con anterioridad sus problemas preferentes con cargo a sus propias estructuras financieras, sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados ni de recurrir a reales decretos leyes para que otros resolvieran un problema que no habían creado.

De la iniciativa de UPyD y de la neutralidad del sistema judicial, cabe esperar que se clarifique el grado de responsabilidades de unos y otros y que de una vez por todas, los ciudadanos conozcan qué papel jugaron todas las partes que participaron en el escándalo de “las preferentes”. Y que no se demonice un producto financiero que, aunque es un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad o pérdidas en el capital invertido, ha tenido desde sus orígenes una salida fácil y rentable a través de su venta en el mercado secundario.

Será el momento de conocer las responsabilidades de la CNMV, de los órganos de gobierno de las cajas, de la propia red de las entidades, de los comerciales y de los que apostaron por un producto que podía resultar altamente rentable en condiciones normales.

Post-it

Los instrumentos híbridos como las preferentes son una forma de financiación que combina características del capital y de la deuda. En la última década, los instrumentos híbridos de capital han crecido de forma muy significativa tanto en cantidad como en variedad, constituyéndose en una importante fuente de financiación, junto a los instrumentos tradicionales, y contribuyendo a ampliar la gama de productos con que cuentan las empresas para captar recursos y los inversores para colocarlos.

Al igual que ha ocurrido con algunas de las innovaciones financieras surgidas durante los últimos años, estos instrumentos tienen un grado de complejidad que dificulta la valoración del producto por parte de los inversores. Además, complica la valoración del riesgo de liquidación de la empresa, dificultando la del resto de instrumentos de financiación.