¿Puede la evolución de la deuda pública obligar a una reestructuración de la misma con quita incluida?
La deuda del conjunto de las administraciones públicas en España se ha situado en niveles de récord al alcanzar en enero el 95,7% del PIB: 979.316 millones de euros.
En tasa interanual, la deuda pública ha repuntado el 10,7%. Se convierte en uno de los capítulos que más preocupan junto al paro, el déficit y el endeudamiento privado con el agravante de que los niveles de inflación y el fuerte proceso de devaluación interna que se están produciendo en España no ayudan a resolver el problema que se convierte en alarmante si no se encuentra una pronta solución.
Conviene recordar que las razones del incremento experimentado hay que buscarlo en la obligación de hacer frente a los actuales y desmesurados gastos del estado. No pueden cubrirse con el nivel actual de ingresos fiscales y hacer frente a los vencimientos de las antiguas obligaciones, algunas de ellas especialmente caras.
El Gobierno estima que para 2014 la deuda del conjunto de las administraciones públicas roce el 100% de la riqueza nacional y se sitúe en el 98,9% del PIB, aunque sólo en enero se ha incrementado en 18.677 millones. De seguir esta evolución, el pago de la deuda será la primera partida del presupuesto del Estado, por delante de la sanidad y la educación.
Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, la deuda de España no ha dejado de crecer año tras año y desde entonces se ha duplicado, pasando de representar el 40% del PIB a situarse en cotas cercanas al 100%.
Sorprendentemente para algunos, en ese escenario de problemas y de crecimiento de la deuda pública, los mercados han recuperado su confianza en España. Su aversión al riesgo se ha reducido sensiblemente por muchas y variadas razones. En la última subasta, el Tesoro colocó sus bonos a cinco años por debajo del umbral del 2% –1,991%– muy por debajo de los niveles que se han llegado a alcanzar en donde el tipo de interés medio de la deuda en circulación, al menos en lo que se refiere a los títulos del Estado, llegó a situarse en el 4,53% (2007)
Los economistas cercanos al PSOE cargan las tintas en el descomunal incremento de la deuda pública. Culpan de su aceleración al Gobierno de Rajoy, centrando sus críticas en el rescate de las cajas de ahorros, que se ha hecho a costa de los contribuyentes y en la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, que activaron los estabilizadores automáticos.
Sobre la base de que las cifras son inasumibles –en la medida de que algunos cálculos elaborados por estos economistas apuntan a que las nuevas necesidades de financiación de las administraciones públicas para el período 2013-2015 oscilan entre 470.000 y 621.000 millones de euros–, lo que supondría que el montante final de nuestra deuda soberana en 2015 alcanzaría entre el 140% y el 160% de nuestro PIB, los críticos se mantienen en la idea de que habrá reestructuración de la deuda. Y que ésta terminará haciéndose de forma desordenada frente a la alternativa de haberla hecho mediante una quita pactada que además conllevara una reducción de la carga financiera mediante el oportuno control de capitales.
Endeudarse no es necesariamente malo, dependiendo de la estabilidad de la fuente de ingresos, que permita devolver el crédito y de la evolución de la divisa en la que se ha realizado el endeudamiento. Hasta el punto de que en ocasiones endeudarse puede ser, incluso, una buena estrategia. El hecho cierto es que del endeudamiento debe surgir un incremento de la producción y de la productividad. Es lo que suele ocurrir en la mayoría de las empresas que se endeudan para crecer. No se puede decir lo mismo de los estados.
Dicho en otras palabras, el endeudamiento público es bueno siempre y cuando con él se logre un crecimiento económico suficiente para cubrir el costo financiero de dicha deuda. Si el crecimiento económico del país no crece a la tasa suficiente como para que sea posible pagar intereses y amortizar capital sin tener que recurrir a un nuevo endeudamiento, estamos ante un verdadero problema creado por este endeudamiento, dificultad que agravará la balanza por cuenta corriente, el déficit fiscal.
En esa línea argumental hay que introducir la Reforma Fiscal en la que anda comprometido el Gobierno. El problema aquí y ahora es que aunque se resuelva el fuerte desequilibrio fiscal existente en España, la previsiones de inflación, cercanas a la deflación, y la devaluación interna que se está produciendo en España, no ayudan a generar el necesario crecimiento del PIB como para resolver la ecuación del endeudamiento.
Los libros de texto son taxativos en este capítulo al poner de manifiesto que si no se produce lo suficiente para pagar la deuda en que se ha incurrido para gastar en cualquier cosa, posiblemente se entrará en bancarrota y esto reza para una empresa o para un país.
Por ello, el crecimiento, tanto de un país como de una empresa, es requisito indispensable para que haya apalancamiento. Si esto no se produce, tanto el país como la empresa, estarán mucho peor que al principio cuando optaron por privilegiar el consumo y el endeudamiento antes que el ahorro y la inversión.
Como cierre de este juego de disquisiciones, aquí encaja la retahíla de refranes españoles como demostración de un espíritu que no siempre es acertado ni vale para todo: “tener deudas es malo, ya que al final acabas trabajando para los bancos”; “la manera más sana de crecer en el negocio es, exclusivamente, a través de los recursos generados por el mismo”, o “cuanto menos deuda tengamos, mejor y más saneado tendremos el negocio”.
Llegados a este punto, la atención se vuelve contra las entidades financieras. Cerca del 95% de los títulos de deuda pública están en manos de los bancos, españoles o extranjeros. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014.
La izquierda enfatiza que son mayoritariamente esas entidades las receptoras de los recursos públicos y a las que el BCE concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública.
Así las cosas, los banqueros deberían estar encantados de esa situación privilegiada en la que se encuentran, pero no es así. Banqueros como Botín, Gonzalez o Nín han dicho alto y claro que ven en el alto nivel de deuda pública un serio riesgo para la recuperación económica, alertando que ésta podría truncarse si no se atajan los problemas del paro, déficit y endeudamiento privado y público.
Incluso alguno de ellos ha recordado al Gobierno que estos desequilibrios son «todavía muy importantes», en tanto en cuanto la tasa de paro es del 26%, el endeudamiento privado casi del 260% del PIB, el déficit es «todavía demasiado alto» y la deuda pública se acerca al 100 % del PIB. Todo ello obliga a las administraciones públicas a mantener la disciplina presupuestaria para corregir el déficit.
Post-it
Aunque no son equiparables en absoluto los casos, puede venir a cuento recordar que EEUU tiene una deuda pública cercana a los 17 billones de dólares, con un PIB estimado en 15,7 billones, una cuarta parte del PIB global nominal.
