Queremos trabajar

Los hosteleros piden que se compatibilice la gestión sanitaria de la pandemia con la afectación económica, de alarmantes consecuencias

Las manifestaciones han pasado de ser multitudinarias, donde el individuo se perdía en la multitud, a ser de pequeño formato, donde lo que prevale es el individuo afectado por la decisiones políticas y sanitarias. Mientras Francia plantea un toque de queda que solo afecta a las franjas nocturnas de la economía, Cataluña toma medidas que afectan gravemente a una gran parte de la estructura productiva del país.

No hay duda de que esta medida, siendo necesaria, es mejorable y que no se va a implantar solo durante quince días sino que se prolongará hasta la segunda quincena del mes de noviembre. Una vez más, la comunicación ha resultado confusa hasta el extremo de que, por razones de forma, quedó pendiente de ser aprobada en los plazos en que se pretendía.

Una vez más, uno podía escuchar en Rac1 a Josep María Argimon informando sobre las razones que obligaban a imponer la medida y en Catalunya Ràdio, casi a la misma hora, la consejera de Sanidad, Alba Vergés, apelaba a los catalanes para que todos se comprometieran con las decisiones establecidas desde el gobierno.

«Queremos trabajar»

La manifestación celebrada el pasado viernes en la plaza San Jaime de los sectores afectados por la medida tenía como lema “queremos trabajar”. Lo hacían con rabia, gritando, mostrando su repulsa ante la imposición de una medida que no trae consigo las ayudas económicas para evitar que sus empresas quiebren y que los empleados pierdan su trabajo. Más de 12.000 negocios  pueden cerrar, el 39,5% de los propietarios de bares tendrán problemas financieros a finales de año, y se prevén pérdidas por valor de 780 millones de euros.

Todos estos sectores observan con perplejidad y asombro la falta de previsión del gobierno del impacto económico y de las alarmantes consecuencias de imponer estas medidas sin determinar un plan de ayudas definido de antemano. Lo que aconteció en la plaza San Jaime no fue solo la repulsa ante las medidas tomadas sino la manera en que se han llevado a cabo. Nadie de los asistentes niega la difícil situación sanitaria pero exigen que la política sea sensible a su difícil situación.

La rabia de los manifestantes muestra una fractura entre los intereses particulares y los intereses generales. La pregunta que debemos hacernos es si tiene sentido político activar acciones que no compatibilizan el bien común con el bien particular. La democracia moderna casa mal con términos como sacrificio, razón de estado o defensa de los intereses de la nación. La política moderna vive de los detalles y no de las grandes apelaciones a las movilizaciones de la población.

La tendencia de convertir las medidas para la lucha contra la Covid 19 en medidas excepcionales que todo el mundo debe asumir por un bien mayor ha de ser compatible con el pacto para establecer acuerdos con los sectores o personas afectadas. El grito “queremos trabajar” que lanzaban los manifestantes nada tenía que ver con pedir trabajo, sino para trabajar en los negocios que ellos han construido con esfuerzo, trabajando, pagando sus impuestos y votando.