Rectificar y reaccionar

Y esto mismo es lo que hizo el Grupo Popular en el Congreso el martes 12, recogiendo así el sentir de los ciudadanos al apoyar y votar a favor de la tramitación de la iniciativa que regularía la dación en pago de deuda para intentar poner freno a los desahucios. El aprobar el debate de dicha propuesta no quiere decir que se apruebe en su integridad, pero es un paso previo importante. Seguro que una parte sustancial saldrá adelante y se incluirá en la modificación de la ley hipotecaria que aprobará el Gobierno próximamente.

La dación en pago consiste en saldar la deuda con la entrega de la casa financiada, favoreciendo así los acuerdos entre hipotecados y bancos antes de llegar al lanzamiento de la vivienda, contribuyendo de esta forma a reducir el numero de desahucios. Esta práctica no tiene –ni debe, como piensan algunos– encarecer las hipotecas futuras al asumir más riesgo las entidades, ya que esto se corregiría con una entrega inicial de un 30-40% del valor de tasación de la vivienda, cubriéndose así las espaldas la entidad financiadora ante un incumplimiento de deuda.

Por lo tanto, la pelota pasa a nuestros bancos, esos que Draghi recientemente nos ha comunicado que tienen suficiente liquidez para dar crédito pero no lo dan, ahogando a la economía productiva de este país en un ejemplo más de usura al que ya nos tienen acostumbrados. En lo que no estoy de acuerdo ni puedo apoyar desde el sentido común es en que se aplique la dación en pago con carácter retroactivo, ya que sería enormemente perjudicial para nuestro sistema financiero.

Lo que es evidente es que el Partido Popular ha sabido rectificar y reaccionar ante el clamor social y ha recogido el guante de debatir una propuesta que quiere poner punto final ante tantos dramas originados por un sistema que no responde a nuestra actualidad económico-social.

Pero la pregunta es: ¿y qué ha hecho el PSOE en ocho años de gobierno teniendo en cuenta que en este país, en los últimos cinco, más de 400.000 familias han perdido su vivienda conduciéndolas irremediablemente a la marginalidad social y la desestructuración familiar?

Pues la respuesta es: nada, absolutamente nada. Obvió y despreció un problema en el cual sus ministras de Vivienda de la época ni supieron, ni intentaron, solucionar. De la misma forma que la responsable del Ministerio de Economía y el exgobernador del Banco de España, todos ellos con su mal hacer, ineficacia e incompetencia, contribuyeron a esta situación.

Y ¿qué pasa cuando en el ámbito privado un responsable de una empresa con su mala gestión produce un daño irreparable a su viabilidad? Pues que se le exigen responsabilidades por ello. Este es el motivo por el que el fiscal general del Estado debería actuar contra los máximos responsables del Banco de España y del Gobierno anterior, para que estos saldasen sus cuentas con la sociedad. Aquellos que tenían la responsabilidad de cambiar, regular, supervisar y modificar las normas de actuación y no lo hicieron deben rendir cuentas ante la justicia por el daño provocado, ya que un simple perdón ya no le vale de nada a las más de 400.000 familias que lo han perdido todo.