Un macrorregulador que nace viciado de origen
No han tardado en aparecer los primeros problemas en la recién creada Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En ella se aglutinan ocho organismos supervisores en uno solo de competencia y mercados que, según la información oficial, garantizará la coordinación entre estos dos ámbitos, algo que hasta ahora no se daba.
La gestación y nacimiento del nuevo superregulador, presidido por el hasta ahora consejero del Banco de España, Marín Quemada, a propuesta del ministro de Economía, no ha sido fácil.
Ha recibido alguna crítica desde todos los ámbitos profesionales, incluso de la Comisión Europea, cuya comisaria de Agenda Digital, Kroes, amenazó con abrir un expediente a España si el Gobierno mantenía sus planes de unificar en una sola entidad organismos reguladores tan dispares como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La comisaria era muy directa en sus críticas al señalar que el organismo regulador “no garantiza la independencia”, ni «una regulación efectiva e imparcial».
Sin embargo, Kroes terminó plegando velas tras una entrevista con el ministro Soria y pequeños cambios de matiz del proyecto. Dejaba sin validez su anterior afirmación de que la fusión debilita la independencia del nuevo organismo además de plantear «una transferencia de competencias normalmente ejercidas por el regulador al poder ejecutivo».
Todo el texto legal sobre el que se asienta el nuevo organismo regulador anuncia, no solo una total falta de independencia frente al Gobierno, sino un alto grado de ineficacia en su gestión, siendo la crítica más acertada la que se ha puesto de relieve en think tanks de referencia en donde se ha señalado el objetivo del Ejecutivo de controlar todo lo que se mueve en la economía española.
El caso de la abrupta e «irrevocable» dimisión de la sobrina del ministro de Economía y Competencia, Beatriz de Guindos, con repercusiones en la hija del ministro de Agricultura, Arias Cañete, no deja de ser una anécdota.
Se trata de una anécdota especialmente sangrante en tanto en cuanto pone de manifiesto cómo funcionan las cosas en España, sobre todo cuando la politización invade terrenos que deberían estar exclusivamente destinados a la independencia y a la profesionalidad.
La pequeña o gran sacudida que ha afectado al nuevo organismo, ha venido a demostrar hasta qué punto hay que empezar a tener en cuenta las llamadas redes sociales. No deja de reflejar un vicio muy anclado en España de siempre y que no hay político que se resista a ejercerlo como si de un derecho no escrito se tratara.
La nueva Comisión, en opinión de los expertos, nace en la dirección opuesta a lo que dicta el equilibrio y el catón del buen hacer. No solo se detecta en el nombramiento de su presidente, sino en el de los 10 consejeros del Pleno nombrados a propuesta del Ministerio de Economía.
Demasiado goloso o peligroso organismo para que el Gobierno, la administración del Estado y los partidos políticos no cayeran en la tentación de manejarlo.
Por ello, lejos de blindar su independencia –con el objetivo de que asumieran todas aquellas competencias de carácter técnico y crear un mecanismo que permitiera escoger a los responsables de estos organismos entre profesionales con reconocida experiencia en sus respectivos sectores–, y la seguridad de que un regulador con criterio es la mejor garantía para un organismo de estas características, el Estado ha optado por intervenir al órgano.
En su lugar, el político ha escogido el control, que es lo que mejor se le da, y la funcionarización. Como señala un analista de referencia “se reservan muchos puestos a funcionarios y se afirma que como norma general el personal directivo debe ser funcionario”. Esta situación permite anunciar problemas serios de futuro cuando se requieran conocimientos que no necesariamente están en posesión de la tecnoestructura con la que se intenta blindar al nuevo organismo.
Pero la cuestión no es única y sí define una forma de actuar que es difícil de erradicar en España. Y no es única porque, algo similar ocurre con el Consejo de la Transparencia –totalmente dependiente del Gobierno y que así ha sido bendecido por la Ley de Transparencia–, lo que hace dudar de la eficacia del organismo. Quedan fuera de la norma ciertas instituciones que no tendrán que mostrar información económica ni estadística o entidades privadas que manejan dinero público.
También algo semejante cabria decir de la autoridad fiscal independiente, cuyo estatuto deberá ser aprobado antes de que concluya este año. El anteproyecto de ley deja clara su vinculación al Gobierno de turno, lo que la hace, de entrada, ineficiente e inútil, lo que es calificado por un foro como Fedea de “chapuza impresionante”.
Post-it
Amiguismo.- Tendencia y práctica de favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de terceras personas
Enchufismo.- Despectivamente, corruptela política y social que favorece a los enchufistas.
Nepotismo.- Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
Sinecura.- Empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo.
Prebenda.- Coloq. Oficio, empleo o ministerio lucrativo y poco trabajoso.
Momio.- Cosa apreciable que se adquiere a poca costa
Canonjía.- Coloq. Empleo de poco trabajo y bastante provecho.
Chollo.- Cosa, trabajo o negocio apreciable que se obtiene por bajo precio o poco esfuerzo
Bicoca.-Población italiana al oeste de Milán, y nombre de la batalla que en este lugar libraron franceses y españoles en 1522
