Un nuevo capítulo del desastre de la política energética
Nueve decretos ley y reformas legales de distinto calado han sido aprobados entre 2012 y 2013 con el exclusivo objetivo de resolver el problema del déficit tarifario del sector eléctrico.
Este objetivo ha quedado en agua de borrajas tras una enmienda del PP en el Senado que impide la aplicación del crédito extraordinario de 2.200 millones de euros destinado a sufragar el déficit de tarifa, así como los 900 millones comprometidos para las extrapeninsulares y, supuestamente, los 500 millones del céntimo verde.
Tras un carrusel de declaraciones contradictorias, medias verdades y mentiras en toda regla, del ministro del ramo, Soria y del secretario de estado de Energía, Nadal, el objetivo señalado por Ley de que el déficit tarifario en 2013 fuera cero, pasa a mejor vida.
El déficit de tarifa acumulado superará, al cierre del 2013, la enorme cifra de 30.500 millones de euros, aumentando en más de un 13% la cifra consignada a finales de 2012.
La historia del déficit tarifario del sector eléctrico, iniciada por el gobierno de Aznar-Rato-Pique y continuada por los sucesivos gobiernos, es la historia de intereses electorales y sectoriales. Se cruzan decisiones en ocasiones “legítimas”, en ocasiones espurias y en ocasiones bastardas y que hoy representa una seria amenaza para el riesgo país y es uno de los factores críticos que afectan a la línea de flotación de la devastada inseguridad jurídica del sector eléctrico español, hasta el extremo de convertirse en un problema estructural crónico.
El problema, no se quiere o no se puede resolver y, en esta ocasión, se trata de diluirlo en ese mantra que es Bruselas. Su exigencia de controlar el déficit público, aunque ese déficit permanezca disfrazado de otra cosa y sea perjudicial, según los analistas, para la credibilidad de España y para la confianza de los inversores en las utilities.
En esta ocasión, el problema viene trufado de supuestos enfrentamientos entre dos ministros claves –Hacienda e Industria– que parecen estar en desacuerdo sobre la financiación en un momento tan crucial. Este supuesto y patrio enfrentamiento hay quien lo ha reducido a una vendetta de barrio en la cumbre que viene de lejos y en donde se mezclan tres apellidos: Montoro, Soria y Abengoa.
Puede que empresas y Gobierno busquen a partir de ahora soluciones. Soluciones que lo único que conseguirán es seguir incorporando a nuestras vidas el problema y hacer cada día más urgente nuevas subidas de tarifas que mientras algunos calculan en el 10%, otros evalúan en más del 18%. Esto se está utilizando como moneda de cambio para conseguir que el Estado, que no paga, al menos avale.
Todos se sienten maltratados por el Gobierno. Ni consumidores, ni eléctricas convencionales, ni empresas de energías renovables, traslucen un mínimo de positivismo sobre la política energética del Gobierno. Observadores y especialistas empiezan a detectar movimientos en las empresas “españolas” relacionados con la internacionalización que indican que alguna sociedad como la italiana Endesa pueda estar girando buena parte de su estrategia hacia Latinoamérica, dejando a España como mercado secundario.
Y mientras todo ello sucede a pleno día, vuelve a cobrar toda su vigencia una lista que recuerda que el sector eléctrico es un empleador intensivo de altos políticos.
– Endesa tiene o ha tenido en nómina a Jose Maria Aznar como asesor externo, a Elena Salgado como consejera de Chilectra, a Miquel Roca como consejero externo independiente, a Pedro Solbes como consejero no ejecutivo de Enel, y a Luis de Guindos, Rodolfo Martín Villa y al ex ministro de Industria, Joan Majó.
– Iberdrola paga o ha pagado a Angel Acebes, ex ministro, y a Ramón de Miguel, ex secretario de Estado de Política Exterior y Asuntos Europeos, como responsable del Area Internacional.
– Gas Natural paga o ha pagado a Felipe Gonzalez como consejero independiente y a Narcis Serra como consejero.
– Red Electrica de España paga o ha pagado a Jose Folgado, ex secretario de Estado de Energia y a los ex ministros Luis Atienza, Miguel Boyer y Angeles Amador.
– Abengoa paga o ha pagado a Ricardo Martínez, ex secretario de Estado de Presupuestos; a Alberto Aza, ex jefe de la Casa del Rey y a José Borell, ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo.
– Acciona tiene o ha tenido en nómina al ex ministro Pio Cabanillas, a Javier Solana, ex Alto Representante de Política Exterior de la UE y Carmen Becerril, ex secretaria de Estado de Energia.
– Hidrocantábrico tiene o ha tenido como consejeros al ex ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval y a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio.
