Una administración, una competencia, una financiación

Sin duda este titular compuesto por tres palabras clave va marcar buena parte de las tres ponencias del XV Congreso del PPdeG de este fin de semana, y precisamente esta última palabra (financiación) es la que nos trae a todos de calle. A las administraciones porque subir más la carga impositiva va a aumentar la morosidad y el descontento ciudadano, y precisamente somos los ciudadanos y empresas los que ya no conseguimos originar más recursos para atender la carga tributaria y fiscal existente.

En este punto cabe destacar que Ourense va a recibir casi 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior debido al alza de nuestros impuestos; espero que se le sepa dar el destino adecuado, y no se nos gaste ese incremento en canapés, jornadas sin público o eventos de más que difícil justificación, por que con un país que acaba de sobrepasar, según Eurostat, los seis millones de parados y con una tasa de desempleo que llega ya al 26,2 % de la población activa, adoptar decisiones inmorales puede conducir a reacciones sin control.

Y digo esto porque Ourense lidera el ránking de ciudades gallegas donde más ha subido la recaudación con cargo directo al ciudadano, con un incremento impositivo de un 28% en los últimos seis años, justo desde que gobierna en la ciudad una UTE de izquierdas formada por la pinza PSOE-BNG, aunque hoy no se sabe ya ni quién gobierna ni cómo, y cada vez que observo nuestro Concello se me parece más al camarote de los hermanos Marx.

Y precisamente, consciente de estos problemas, la batalla del Gobierno está en las administraciones locales, y está decidido a dejar a muchos de ellos sin competencias para prestar servicios si hiciera falta. El último borrador de proyecto de ley para la reforma de la administración local incluye un mecanismo específico para que los ayuntamientos más pequeños que incurran en déficit, no presenten unas cuentas transparentes o no cubran los servicios a los ciudadanos con un mínimo de calidad y a coste razonable, cedan automáticamente sus competencias a la instancia local superior, en nuestro caso a la Diputación.

Durante un año desde la entrada en vigor de la ley, todos los ayuntamientos se someterán a una auditoría para saber qué servicios prestan y a qué coste lo hacen. Se establecerán unos modelos de prestaciones mínimas y una media de fondos necesarios para cubrirlas, así como la obligación de presentar cuentas transparentes y acreditar que pueden cumplir la ley de estabilidad presupuestaria. Al final, las mancomunidades, por lo menos aquellas que sean realmente operativas y agrupen servicios de forma constatable, seguirán vigentes. Se regularán salarios de alcaldes y concejales en consonancia con el número de habitantes y servicios prestados, y en definitiva se pondrá orden. Este proyecto no va en contra de nada ni de nadie, sólo responde al nuevo contexto actual y a las demandas de la sociedad. Los ayuntamientos lo tienen que ver como una oportunidad de mejora, ya que no vale el modelo actual y, cuanto antes lo entendamos y lo cambiemos, antes saldremos de ésta.