Microsoft y Google se irán a Francia o Portugal si el Gobierno no recula con el RD de los centros de datos

Microsoft y Google se plantean cambiar España por Francia o Portugal para parte de sus futuras inversiones en centros de datos si el Gobierno no rebaja las exigencias incluidas en el nuevo real decreto que prepara para regular estas infraestructuras.

Fuentes cercanas a las compañías consultadas por este medio aseguran que ambas multinacionales están analizando alternativas ante un marco regulatorio que consideran más exigente que el de otros mercados europeos.

El movimiento llega en un momento especialmente delicado para España. El país se había convertido en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento de centros de datos de Europa gracias a la disponibilidad de suelo, la conexión mediante cables submarinos y, especialmente, el acceso a una generación eléctrica con un elevado peso de las renovables.

Ahora, el nuevo marco normativo amenaza con introducir un elemento adicional en la ecuación: el coste regulatorio de poner en marcha y operar estas instalaciones.

El proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica establece, entre otras medidas, que los centros de datos con una potencia igual o superior a 1 MW deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con generación renovable, con requisitos de correlación temporal. El cumplimiento deberá realizarse mediante generación propia o contratos de suministro a largo plazo.

La exigencia es uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y la industria. El sector considera especialmente complejo garantizar ese porcentaje hora a hora, ya que no basta con acreditar que durante un periodo determinado se ha comprado una cantidad equivalente de energía renovable.

La patronal SpainDC sostiene que la suma de las condiciones planteadas puede convertir la regulación en un obstáculo para nuevas inversiones y ha advertido de que están en juego proyectos por decenas de miles de millones de euros.

Microsoft y Google no son actores menores en esta carrera. Microsoft ha comprometido miles de millones de euros en Aragón para desarrollar su región cloud, con un plan que contempla varias instalaciones y que elevó su inversión prevista en la comunidad hasta cerca de 9.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

La compañía estadounidense ya está construyendo tres centros de datos en Aragón y mantiene planes para ampliar su presencia en la región. El proyecto se ha convertido en una de las principales apuestas de la compañía en España y en uno de los grandes exponentes del desembarco de las tecnológicas en el país.

Google también mantiene una estrategia de expansión de su infraestructura europea. La compañía acaba de anunciar, de hecho, una inversión de 13.000 millones de euros en Finlandia para desarrollar tres nuevos centros de datos y ha cerrado un acuerdo energético a largo plazo vinculado a generación nuclear.

La operación demuestra hasta qué punto la disponibilidad de energía abundante y predecible se ha convertido en un factor decisivo para localizar las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial.

Y ahí aparece uno de los problemas que preocupa al sector español. La regulación no se produce en un vacío competitivo. Portugal está tratando activamente de atraer centros de datos y este mismo año ha aprobado su Plan Nacional de Centros de Datos, cuyo objetivo declarado es convertir al país en un hub europeo para estas infraestructuras.

El plan contempla 15 iniciativas para 2026 y 2027 destinadas a reducir los plazos de conexión eléctrica y acelerar los procedimientos administrativos.

Portugal reconoce en su propia estrategia que parte de su oportunidad procede precisamente de las restricciones que están apareciendo en otros mercados europeos.

El Gobierno luso pretende mejorar la previsibilidad regulatoria, reducir el tiempo necesario para poner en marcha los proyectos y ofrecer condiciones competitivas para atraer inversión internacional.

Francia juega también en esa liga. El país cuenta con una de las grandes ventajas que buscan ahora los operadores de centros de datos: una amplia disponibilidad de electricidad de origen nuclear.

París está intentando reforzar su posición como polo europeo de inteligencia artificial y centros de datos, aunque también afronta problemas de conexión a la red y oposición local a determinados proyectos.

El contraste es especialmente relevante para España porque el mercado se encuentra en plena explosión. España y Portugal acumulan anuncios que elevarían la capacidad conjunta de los centros de datos hasta 10,5 GW, frente a los 567 MW actuales, con inversiones potenciales de unos 100.000 millones de euros.

Sin embargo, una parte importante de los proyectos todavía no tiene financiación definitiva, conexión eléctrica asegurada o calendario cerrado.

La patronal ha llevado ya sus argumentos al proceso de tramitación. Microsoft, Google y Amazon Web Services figuran entre las grandes compañías que, a través de SpainDC, han presentado alegaciones al proyecto.

El sector considera que algunas de las obligaciones son técnica y económicamente difíciles de cumplir y cuestiona además que determinadas exigencias puedan afectar a proyectos que ya estaban en marcha.

El conflicto ha llegado incluso al Consejo de Estado. Las tecnológicas y el resto de operadores reclaman cambios en el texto antes de que se convierta en definitivo.

Microsoft y Google, encima de la mesa

Según las fuentes consultadas, la posibilidad de trasladar parte de las inversiones a otros mercados europeos forma ya parte de las conversaciones internas de las grandes compañías.

El Gobierno, por su parte, no plantea abandonar la regulación. Su argumento es que el crecimiento de los centros de datos debe producirse de manera ordenada para evitar que su enorme demanda eléctrica termine repercutiendo sobre el precio de la electricidad o sobre la capacidad disponible para el resto de consumidores.

El Ejecutivo defiende que quiere atraer centros de datos, pero con mayores garantías de eficiencia energética, sostenibilidad y soberanía digital.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el Ministerio han abierto la puerta a introducir cambios después de recibir cientos de alegaciones.

El propio Gobierno ha reconocido que está revisando el texto para buscar un equilibrio entre la llegada de nuevas inversiones y el impacto energético de estas instalaciones.

El mensaje que trasladan las compañías es, por tanto, sencillo: si el nuevo marco español encarece o dificulta demasiado los proyectos, el capital puede cruzar la frontera.

Y en un negocio en el que cada nuevo campus requiere cientos de megavatios, miles de millones de euros y decisiones de inversión con décadas de horizonte, cambiar de país antes de poner la primera piedra resulta mucho más sencillo que hacerlo después.