Ada Colau ya tiene deberes para Quim Torra: transporte, pisos y policía

Por más que ya ha dejado claro que las prioridad de su futuro gobierno será recuperar su autonomía de movimientos, denunciar internacionalmente los abusos de poder que a ojos del independentismo cometen el gobierno de Mariano Rajoy y el poder judicial y seguir avanzando hacia la consecución de una república catalana, Quim Torra tendrá que hacer frente también a la gestión de un día a día que viene cargado de tareas pendientes. Sin ir más lejos, su vecina de enfrente en la plaza Sant Jaume, la alcaldesa Ada Colau, ya tiene deberes preparados para el nuevo presidente catalán.

Transporte público, vivienda y seguridad son, según explica el gerente municipal, Jordi Martí, los tres ámbitos en los que el Ayuntamiento de Barcelona entiende que se arrastran más urgencias en la capital catalana como consecuencia del bloqueo institucional de la Generalitat, reducida durante los siete meses de aplicación del artículo 155 a la gestión del día a día y poco más. Y por eso, serán también los aspectos sobre los que versarán las primeras exigencias que Colau tiene previsto plantearle a Torra en su primer encuentro, que en el consistorio confían que se produzca en los próximos días.

La financiación del transporte público, ya

La financiación del sistema de transporte público es lo que el gobierno municipal de Barcelona en Comú considera absolutamente prioritario. En diciembre, el consistorio pidió al ejecutivo de Rajoy que incrementara su aportación en 40 millones, pero no obtuvo respuesta.

El actual modelo de financiación pública del transporte, que implica a cuatro actores: la Generalitat, el consistorio barcelonés, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el gobierno central. En 2008, la aportación de este último era de 173 millones de euros, y el año pasado fue de 108 (tras haberla incrementado en 20 millones), mientras que para este año los presupuestos generales del Estado de momento prevén tan solo un incremento de 150.000 euros.

Esa paulatina reducción del esfuerzo del ejecutivo central solo se ha compensado con mayores aportaciones del resto de administraciones: así, de 2008 a 2018, la Generalitat ha pasado de poner 255 a 385 millones de euros; el Ayuntamiento, de 98 a 158, y la AMB, de 71 a 130.

Colau tiene entre ceja y ceja una revisión del modelo para garantizar una mayor estabilidad presupuestaria del sistema

La del año pasado, que se resolvió ya con el 155 en vigor, se saldó con sendas aportaciones adicionales de 25 millones por parte de Generalitat y Ayuntamiento, lo que no le ahorró al consistorio ser el principal destinatario de las críticas por la subida tarifaria que acabó aplicándose, la primera tras cuatro años de congelación.

Desde entonces, Colau tiene entre ceja y ceja una revisión del modelo para garantizar una mayor estabilidad presupuestaria del sistema y no tener que recurrir cada otoño a negociaciones angustiosas y parches de última hora. Fue una de las peticiones que la teniente de alcalde Janet Sanz le hizo al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su visita en abril a las obras de la Sagrera. Pero, con la Generalitat reducida a la mera gestión del día a día, no ha encontrado un cómplice al otro lado de la plaza Sant Jaume para presionar al gobierno de Rajoy.

Complicidad en políticas de vivienda

Las políticas de vivienda son el segundo de los asuntos en los que el Ayuntamiento quiere que Torra se ponga las pilas desde ya. Colau las tiene como prioridad, pero se queja de que a menudo tiene las manos atadas porque la mayoría de competencias en la materia no son municipales.

El ejemplo más claro es la reforma de la ley de arrendamientos urbanos que Colau quiere promover para intentar poner freno al desbocado aumento de precios del alquiler en Barcelona. La reforma debería abordarla el Congreso, pero no deja de ser de un asunto que el consistorio considera prioritario y en el que cree que precisa de la complicidad con el gobierno catalán.

El Ayuntamiento quiere que el gobierno catalán aumente su aportación al Consorcio de Vivienda de Barcelona

El gobierno de Colau, de hecho, atribuye los incumplimientos de su programa en materia de vivienda a que el resto de administraciones “no han cumplido con sus obligaciones”, según explica el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Entre las cuales, las inversiones en construcción de pisos protegidos por parte de Generalitat y gobierno central. Y, en esa línea, el Ayuntamiento quiere que el gobierno catalán aumente su aportación al Consorcio de Vivienda de Barcelona, el promotor público de vivienda integrado por las dos administraciones.

Mossos para Ciutat Vella

Hay una tercera pata coja que el gobierno municipal quiere que Torra repare sin más dilaciones: la de la seguridad. A Colau le ha estallado en la cara en los últimos meses la crisis de los narcopisos en el Raval, combinada con un incremento de los hechos delictivos en la ciudad, y de nuevo ha sido su gobierno el que ha asumido la mayor dosis de desgaste.

Pero en el consistorio entienden que es un asunto en el que la policía catalana debería jugar un papel más sustancial que la Guardia Urbana, y aseguran y se quejan de que en Ciutat Vella haya más agentes de la Urbana desplegados que Mossos, otra situación que atribuyen al ritmo de puro ralentí en el que se ha instalada la administración catalana en estos siete meses de intervención.

Renovación pendiente en Fira de Barcelona

Hay más asuntos. La entrada en vigor del 155 se ha proyectado sobre todos los consorcios con presencia de Generalitat y Ayuntamiento, en los que, siempre que ha sido posible, las decisiones se han pospuesto a la espera de que se levantara la intervención. Eso vale para el consorcio de vivienda, pero también para el de servicios sociales, el sanitario o el de educación. Y en este último en concreto, el Ayuntamiento tiene pendiente negociar cómo le compensa la Generalitat las aportaciones con las que ha ido sufragando las becas comedor que en realidad debería haber abonado el gobierno catalán.

Lo dicho para los consorcios sirve también para otros organismos con presencia pública, como Fira de Barcelona, que tiene pendiente renovar la presidencia y a cuatro consejeros. Dada la excepcionalidad, Colau pospuso en noviembre la renovación hasta la caída del 155, para disgusto del presidente de la entidad, José Luis Bonet, cuyo cargo está prorrogado desde el verano.