Anticorrupción pide siete años para Prenafeta y Alavedra

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LA VIEJA GUARDIA DE PUJOL, ACUSADA

Macià Alavedra y Lluís Prenafeta

Barcelona, 29 de diciembre de 2015 (14:21 CET)

La Fiscalía Anticorrupción solicita multas millonarias y penas de prisión de casi 7 años de cárcel para dos ex altos cargos de CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el ex secretario general de la Presidència Lluís Prenafeta y el ex consejero de Economía Macià Alavedra, vinculados con la trama de corrupción Pretoria, que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

En concreto, la fiscalía pide una pena de 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra. Reclama también para el primero una multa de 13,7 millones más el decomiso de la ganancias ilícitas obtenidas, por importe de 5,8 millones. Por su parte, Alavedra se enfrenta a una multa de 10,3 millones más el decomiso de 3,2 millones suplementarios.


Petición de pena para Luigi

El Ministerio Público solicita, además, para el ex diputado socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo, 8 años de prisión y una multa de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas.

En cuanto al ex alcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, la petición alcanza los seis años y 10 meses de prisión, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones y de una vivienda de Barcelona. El ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y una multa de 4,1 millones.

La trama


Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. Según indicaba el juez de la Audiencia Nacional en un auto hecho público el 18 de diciembre, ha quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de una trama dirigida a "la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal" de Barcelona que habría operado bajo la "intervención principal" del exp arlamentario socialista Luis García.

Su labor se centraba en conseguir adjudicaciones de terrenos en los tres municipios barceloneses, tras lo cual se modificaba el titular de la adjudicación, se recalificaban los terrenos y se vendían a un precio superior. A cambio de estas operaciones, los mediadores recibían "cuantiosas" comisiones ilegales que trataban de ocultar mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros. 

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