Así funcionaba la trama de las ITV

stop

ESCÁNDALO POLÍTICO EN CATALUNYA

Las viviendas que Oriol Pujol y Sergi Alsina comparten en la localidad de Urús (La Cerdanya)

08 de febrero de 2013 (20:59 CET)

La supuesta trama corrupta que operaba en Catalunya y que se ha bautizado como el caso de las ITV operaba en dos líneas fundamentales, tal y como se desprende del sumario que instruye la magistrada Sílvia López Mejías, titular del juzgado número 9 de Barcelona. El nexo común en ambas ramificaciones son dos amigos íntimos, vecinos de segunda residencia en la localidad de Urús (La Cerdanya), que aparecen en la cúspide de todas las implicaciones: Oriol Pujol Ferrusola y Sergi Alsina Jiménez.

Alsina es socio de la consultora Alta Partners, donde posee una posición de control. Especializada en fusiones y adquisiciones, así como en la gestión de fondos de inversión especializados en empresas, fue fundada en 1990. Por su despacho de la Diagonal han pasado varios socios, algunos de los cuales abandonaron la compañía. En esas instalaciones también prestó sus servicios como economista junior Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol Pujol. Según fuentes conocedoras de la historia de Alta Partners, siempre con encargos de pequeño nivel y en un papel auxiliar de alguno de los socios.

¿Herramienta y/o testaferro?

Junto a su empresa y otros elementos societarios que posee, Alsina aparece como la herramienta a través de la que se realizan encargos complejos a los que les viene bien algún impulso político para obtener resultados exitosos. Ese papel, de acuerdo con las conclusiones de la policía aduanera y la Fiscalía Anticorrupción, lo habría ejercido el secretario general de CDC. A la vez, y a la vista de la complicidad que muestran en sus contactos y comunicaciones, fuentes judiciales del caso le señalan como testaferro y beneficiario de los business del político.

De acuerdo con las intervenciones telefónicas, Alsina trabajaba para reconfigurar el mapa de estaciones ITV en Catalunya en favor de unos determinados y particulares intereses, presentes y futuros. Fruto de esas gestiones y del tráfico de influencias presuntamente ejercido, han sido imputados en el caso Ricard Puignou, Sergi Pastor, Josep Tous e Isidre Masalles. Alsina coordinaba el grupo y era el nexo de comunicación y la correa de transmisión de información de Pujol.

Los amigos de los cabecillas

Cambiar el mapa de ITV y crear una nueva empresa explotadora de estaciones de inspección eran el objetivo final. En esa sociedad iban a intervenir, a través de diferentes interposiciones de sociedades, los empresarios Pastor, María Jesús Muro, su esposo Pedro Navarrete (ex presidente de Sony España), y Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa.

En la nueva compañía especializada (Upprime Energy) también habría de participar Oriol Pujol, con Alsina como indirecto representante. En algunas de las conversaciones interceptadas de la trama se hablaba de una rentabilidad promedio anual de casi un millón de euros por ITV. La empresa no llegó a formalizarse con todos los socios previstos por el estallido del caso.

¿Recompensa política?

Tous tuvo un papel activo en las negociaciones sobre el nuevo mapa catalán de ITV que se pretendía configurar. Alto cargo del Govern en anteriores ocasiones, a principios de marzo de 2012 fue nombrado coordinador general de la Diputación de Barcelona, organismo controlado por CiU. Veinte días después de anunciarse su ascenso, el organismo local hubo de frenar su designación al haber sido detenido e imputado en el caso.

Las detenciones, posteriores imputaciones y el escándalo político que se desató abortaron la operación sobre las ITV, que no llegó a consumarse. Fuentes de la defensa de Pujol sostienen que si hubieran existido indicios delictivos siempre estarían en fase de tentativa, lo que desde la perspectiva del derecho procesal constituye un atenuante claro.

Pero a la par que la inspección técnica de vehículos y edificaciones era una de las pretensiones de la trama, el grupo trabajaba denodadamente en procesos de reconversión industrial y deslocalización. Tres operaciones al menos están bajo la lámpara de la sospecha: las desinversiones de Sony, Yamaha y Sharp. Curiosa paradoja: las multinacionales japonesas fueron atraídas para invertir en el área metropolitana de Barcelona por los gobiernos que presidió Jordi Pujol.

¿Cómo abandonar Catalunya?


En todas ellas, el denominador común era su retirada productiva de Catalunya. Alta Partners intermedió en las tres operaciones en condición de consultora especializada. En el caso de Sony, que estalló en los estertores del último gobierno tripartito, se produjo el traspaso de los activos productivos y del personal de la factoría de Viladecavalls a Ficosa y una parte del centro de ingeniería al grupo Comsa-Emte.

La empresa auxiliar de la automoción pagó por los servicios de Alta Partners casi tres millones de euros. Poco después, Alsina abonó a Pastor una cifra cercana al millón de euros. Por esas fechas, Alsina le pide en conversación telefónica a la esposa de Pujol Ferrusola que le girará una factura de 200.000 euros más IVA.

Un mensaje sorprendente

Un SMS de Oriol Pujol a Alsina que figura en el sumario reza así: “Sergi, mañana me tendrías que decir a dónde factura Anna las 4 facturas del trabajo hecho en noviembre y diciembre. La puedes llamar tú, por favor, y lo aclaráis. Gracias”. Al día siguiente, el directivo de Alta Partners le indica a Anna Vidal cuáles han de ser los conceptos a facturar: “Análisis, horas de reunión, conversaciones telefónicas y preparación de reuniones”. En su defensa, fuentes de CDC esgrimieron en su día que era el pago de servicios prestados por la esposa de Pujol a la empresa de Alsina.

El anónimo crítico con Alsina

El responsable de Alta Partners también interviene en las operaciones de traspaso de la factoría de Yamaha a Grupo Sesé y, posteriormente, en la retirada de Sharp. Las conversaciones intervenidas muestran que el secretario general de CDC está informado de manera permanente de los tratos y gestiones que Alsina lleva a cabo. Incluso aparece el nombre de Manuel Lao, propietario de Cirsa, quien acaba quedándose con las instalaciones de Sharp en el Vallès.

Un anónimo recibido por el fiscal y que se incorporó al sumario que se está instruyendo señala que Alsina habría percibido de Yamaha unos honorarios de 5,5 millones de euros. Siempre según ese relato, Pujol habría participado prescribiendo los servicios de su amigo y vecino de La Cerdanya a los directivos europeos de la multinacional de las motocicletas.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad