CiU y PP defienden a la misma oligarquía antes de las elecciones

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AVANCE EDITORIAL

Rajoy y Mas, en su última reunión en la Moncloa

31 de julio de 2015 (21:50 CET)

Economía Digital publica un último extracto de su nuevo libro, Andreu Mas-Colell, el minnesoto que fracasó en política, escrito por Gonzalo Baratech y Josep Maria Cortés.

El pasaje se detiene en detectar y poner en evidencia que la antigua CiU –la CDC de hoy y su lista única— y el Partido Popular tienen más en común de lo que ambos piensan. Los autores transportan al lector hasta el escenario que evidencia la teoría: sólo hay que rebajar los presupuestos públicos al bolsillo de los ciudadanos. A continuación, los principales párrafos del capítulo CiU y PP defienden la misma oligarquía.

En España más de un 70% de la población cree que el Estado debe garantizar un nivel de bienestar y seguridad mínimos sea cual sea la contribución de cada ciudadano. Este criterio universalista no tiene parangón en el norte del continente, donde la confianza en el Estado alcanza a un máximo del 30% de la población. Es el derecho natural del sur frente a la meritocracia del norte.

Rodillo germánico

La Europa democráticamente desgastada de nuestro tiempo evoluciona hacia el norte: el principio socialdemócrata de satisfacer a cada cual según sus necesidades mínimas se ha modificado por el de "a cada cual según lo que haya aportado". La revolución neoliberal había ganado antes de la caída de los activos sintéticos que hundieron la liquidez internacional, en verano de 2007. La desregulación iniciada por Thatcher y Reagan hace más de tres décadas dictó su ley en el momento de la verdad. Ganó ex post, sin esfuerzo aparente.

A pesar del rodillo germánico, hoy por hoy, jugar en España es todavía peor que jugar en Europa: "Un millón y medio de votos griegos han puesto en marcha la resiliencia de los tratados de la Unión; no he visto nada más profundamente democrático", explica López Casanovas, profesor de la Pompeu Fabra y consejero del Banco de España. Europa es el artículo 135 de la Constitución española, aquel que cambió Zapatero de la noche a la mañana para conseguir que la deuda sorteara el default preparado minuciosamente por nuestros acreedores.

'Coup d'Etat'

Nos exigieron devolverles el descuento del bono del Tesoro antes de que pudiéramos pagar las facturas de luz y agua, el colegio de los niños y la compra del súper. Fue como regresar de golpe a la peseta fuerte de Carlos Solchaga. Aquel día se apagó el mundo y desde entonces vamos a ciegas bajo el dominio de los mercados y de sus mercaderes, que dieron un coup d'Etat para ponerlo todo bajo sus designios.

En medio del desconcierto, la UE aguanta, porque su continuidad está basada en la ausencia de dogmas. Habría que tomar nota de ello cada vez que el programa catalán se estrella en las costas de España, un Estado cuya unidad es ley divina; está cerrada con la llave del cinturón de castidad de doña Jimena, la esposa del Cid.

Mas-Colell fue catedrático de Economía en Harvard (1981-96), profesor de Economía y Matemáticas en la Universidad de California (Berkeley, 1972-80) y chairman de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-10). Hoy suda para hacer el arqueo de caja, que las filiales le envían a la empresa matriz al final de cada ejercicio. Aunque la Generalitat es financieramente una diputación provincial de medio pelo, el consejero sostiene las apariencias. Presume de no utilizar un doble lenguaje y de haber desterrado el eufemismo de su vocabulario.

Mal mayor

Las tesis de su departamento arrancan en el mal mayor: Cataluña tiene un déficit fiscal de 16.000 millones, lo que produce un shock negativo cifrado en el 7,7% del PIB. Sus anotaciones sobrevuelan a los ciudadanos. Sin embargo, no suele utilizar uno de los baremos que más ha endurecido la vida real de la gente: la reforma laboral del PP, que provocó la pérdida de un millón de empleos fijos a cambio de recuperar 400.000 en puestos temporales cuya retribución promedio es inferior al 30% de los salarios anteriores.

La Generalitat se presenta como una administración capaz de neutralizar el hecho de que la única vía para ser competitivos consiste en mantener salarios bajos sine die. La pregunta es: ¿Qué hay que hacer para contener los costes unitarios sin reducir más los salarios que, en muchos casos, ya rozan la subsistencia? Mas-Colell busca la respuesta automática –no comprometida en los entornos de la concertación social–. El consejero considera positivo que no se vuelvan a producir grandes divergencias en el crecimiento de los costes laborales unitarios respecto a los países con los que competimos; es decir, el resto de la UE y las economías industrializadas.

Él ha dicho en más de una ocasión que solo es viable la salida del diálogo y del liderazgo político social: "Alcanzar un pacto que permita distribuir las cargas de forma equitativa como ocurrió en Alemania cuando, en su etapa de crecimiento, decidió jugar a fondo la carta de la refundación adaptando su política laboral a su sistema productivo". ¿Pero, qué hay de los que han perdido más del 50% de sus ingresos en los últimos cuatro años? La respuesta es que la política económica no vuela tan raso, se limita a pasar por encima de las cabezas como un reactor rasante, encrespa el cepillo de los niños alborozados, que comen y meriendan en el colegio gracias a las donaciones de Cáritas.

"España nos roba"

La reforma laboral del PP no ha sido precisamente un caballo de batalla para CiU. Se diría más bien que a los soberanistas ya les vale el reglamento de la derecha española que ha beneficiado a las empresas del Ibex 35 y, en mucha menor medida, a los sectores inmersos en procesos de reconversión. Les vale porque el contenido social de sus iniciativas coincide con el del partido de Rajoy. O quizá porque, al fin y al cabo, la oligarquía a la que ambos defienden es en esencia la misma. Es decir, el debate de la Hacienda Pública enciende el "España nos roba", pero cuando se trata de bajar a la realidad del salario, que es lo más cercano al bolsillo de millones de personas, la Generalitat prefiere pasar de refilón y soslayar el principal detonante de la pobreza.

Quienes critican la exposición clásica de los partidos de la mayoría en Cataluña sobre las balanzas fiscales del Estado sostienen que la fiscalidad es cosa de ciudadanos, no de territorios. CiU ha basado siempre su argumentación en que la diferencia entre ingresos y gasto público solo son atribuibles a los territorios; ningún ciudadano es dueño de un puerto o de una carretera. Las infraestructuras y la sanidad son de todos, no se pueden trocear por unidades de ciudadano. La polémica de los últimos años para el cálculo de las balanzas entre el método de flujos monetarios y el de carga-beneficio se ha saldado siempre en confusión.

El cálculo de los flujos monetarios o la simple resta entre lo que una comunidad ingresa al Estado y lo que recibe para hacer frente al gasto, ha sido rebatido por el sistema llamado de "cuentas territorializadas", elaborado por Ángel de la Fuente y adoptado por los ministros de Guindos y Montoro. Se basa en el dato de que los gastos en instituciones centrales del Estado, la Corona, los vuelos nacionales, los organismos reguladores del mercado interior, el Supervisor, el ejército... benefician a todos los españoles, sea cual sea su ubicación geográfica.

Modelo Lafuente

Y esto se sostiene tanto si el dinero público va al Museo del Prado, admirado en todo el mundo, como si se trata del despilfarro suntuario del Valle de los Caídos, cuya remodelación contradice además la ley de memoria histórica. El modelo de Lafuente no contenta a las comunidades con altos niveles de renta. Madrid, por ejemplo, saldría más perjudicada aplicando los flujos monetarios que el método por el que apuesta el Gobierno, pero en cualquier caso los políticos del centro afirman que su comunidad es la más perjudicada por el déficit fiscal.

(···)

En Madrid, sobre un altiplano a 700 metros, está la prueba de fuego del cambio en el año electoral de 2015. Contrariamente a lo que piensa Moncloa, el crecimiento de PIB, después de una larga sequía, no significa mecánicamente apoyo electoral. La visión estadística de la economía apoyada por el boletín del Banco de España no es el mejor programa antes de unos comicios trascendentales, por mucho que le pese a Rajoy. "Ya no es la economía, estúpido", podría decirse cambiando en negativo aquel slogan de campaña que le dio la victoria a Bill Clinton en 1992, frente a un Bush padre plagado de éxitos en política exterior.

En aquella ocasión, James Carville, jefe de campaña del Partido Demócrata trató de condensar el mensaje más conectado con la vida real de los ciudadanos norteamericanos y escribió la famosa the economy, stupid, que acabó desmontando al contrincante. Hoy, después de la crisis más dura de la historia del sistema, la economía ya no conduce por sí sola al éxito en la medida en que el crecimiento del PIB va parejo a una caída de los salarios empujada por políticas de la oferta, como la reforma laboral. En las generales entrarán en juego no las estadísticas, sino las percepciones sobre el futuro inmediato. Y ahí ganará el sombrío panorama de la ciencia lúgubre.

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