Ciutadans recibe el primer dardo judicial con la investigación sobre Jordi Cañas

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JUDICIAL

Jordi Cañas, en el Parlament. EP

20 de enero de 2014 (23:55 CET)

Ciutadans ha recibido su primer dardo judicial. El partido de Albert Rivera, que hasta ahora había hecho bandera de estar al margen de cualquier escándalo legal, afronta su primera crisis. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este lunes que investiga a Jordi Cañas por un presunto delito de fraude fiscal. Y esa es la gran paradoja que Ciutadans deberá resolver: Cañas, el gran acusador en el Parlament, el diputado sin pelos en la lengua, es ahora el cazador cazado. O puede serlo.

Sin embargo, la reacción de Ciutadans, siendo consciente de su reciente pasado, ha sido la de predicar con el ejemplo. De la misma manera que exigía hace una semana que Oriol Pujol abandonase su escaño por su imputación en el caso ITV, Cañas asegura que hará lo propio. “Estaré a la altura de las circunstancias”, indicó instantes después de conocer la noticia. Aunque todo lo dicho después se debería cumplir.

Las denuncias de Cañas

Cañas no se suele esconder. Su actividad política en el Parlament es muy característica. Trata en todas sus intervenciones de romper lo que Ciutadans entiende como un cierto teatro dominado por el relato nacionalista. Y, en muchas ocasiones, ha protagonizado choques frontales con la presidenta de la cámara, Núria de Gispert.

En este caso, Cañas aguantó el desafío judicial, que puede romper esa imagen, hasta ahora inmaculada, de Ciutadans. Cañas ha afirmado que la investigación del proceso “está relacionada con el Impuesto de Sociedades del 2005 de una sociedad de la que no era ni socio ni propietario”, y con la que su empresa “compartía despacho”. Cañas recordó que “en dos ocasiones el fiscal que instruyó el caso pidió que fuera apartado del proceso, porque no vio ninguna relación entre la empresa y los hechos investigados”.

Dejar el escaño si se dilata el proceso

Pero, pese a todo, Cañas quiso reaccionar políticamente. “En el caso de que el TSJC formulase una acusación sobre mi persona renunciaría a mi acta de diputado, y si el caso se dilata también renunciaré a mi acta de diputado y no formaré parte de ninguna lista electoral mientras esté implicado en un proceso judicial”.

Con ello, si se produce, elevará mucho el listó para otros imputados, como Oriol Pujol, imputado, en las filas de CiU, o Daniel Fernández, también imputado por el Caso Mercurio, diputado en el grupo del PSC.

Ciutadans sabe que el resto de partidos presionará con determinación para que Cañas dé explicaciones. Al partido que lidera Albert Rivera le tienen ganas las distintas fuerzas del arco parlamentario, precisamente porque ha criticado con contundencia las irregularidades de los otros.

Auto TSJC

La investigación nace de una querella presentada por la Fiscalía contra Cañas y otras diez personas vinculadas a la sociedad Inma & Marc Habitatges S.L. Esta firma habría defraudado 429.000 euros del Impuesto de Sociedades. En opinión del TSJC, existen indicios de que ese presunto fraude fiscal se habría realizado de dos formas distintas.

La primera tiene que ver con la emisión y recepción de facturas que no responden a prestaciones ni servicios reales entre las mercantiles del grupo Corbelia --donde Cañas era administrador de algunas sociedades-- e Inma & Marc Habitatges. La segunda tiene que ver con el aumento fraudulento del precio de adquisición de un bien inmueble por parte de Inma & Marc para así minorar el beneficio obtenido con la venta.

Proceso

En opinión del TSJC, existen indicios de que Cañas "participó en el entramado societario y en la defraudación tributaria del impuesto de sociedades". El auto señala que existen “relaciones personales y profesionales” del diputado con el que parece el organizador de la trama, al parecer un familiar de la ex pareja de Cañas. Además, todas las sociedades tenían la sede social en el mismo inmueble.

El resto de querellados han declarado ya en calidad de imputados ante el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, que investiga la querella y resolvió remitir la causa al TSJC por afectar al aforado Jordi Cañas. El tribunal se ha declarado ahora competente para proseguir la investigación iniciada por el juez y ha nombrado al magistrado Joan Manel Abril instructor del caso.
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