Ada Colau en el pleno de la semana pasada. EFE/ Andreu Dalmau
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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entiende que la votación del pleno no es válida, pero solo reactivará las consultas si las entidades impulsoras recurren

Barcelona, 11 de abril de 2018 (14:21 CET)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se resiste a renunciar a una de sus grandes apuestas y no descarta aún celebrar la multiconsulta en lo que queda de mandato, pese a que el plenario municipal tumbó el martes la iniciativa. El gobierno municipal entiende que hay base para alegar que la votación no era vinculante y, aunque no reactivará la consulta de motu propio, espera que los impulsores de las dos preguntas de iniciativa ciudadana que fueron rechazadas por la mayoría del pleno presenten recursos contra la decisión del mismo.

La clave está en el reglamento de participación ciudadana aprobado el año pasado para hacer posible la multiconsulta. El ejecutivo de Barcelona en Comú se remite a uno de los puntos más controvertidos de la norma, el artículo 74.3, que dice que, en el caso de una consulta planteada por iniciativa ciudadana, “el pleno solo puede, por mayoría simple, denegar su celebración si no se adecúa al ordenamiento jurídico”, por lo que Colau entiende que la votación “era un trámite”.

Ataques a la oposición

El pleno votaba por separado consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con cambiar el nombre de la plaza de Antonio López por el de plaza de Idrissa Diallo y si quiere que la gestión del agua en Barcelona sea “pública y con participación ciudadana”. La primera cuestión obtuvo el apoyo de BComú, ERC y la CUP, insuficiente para tirar adelante, y la segunda, tan solo los de los comunes y los republicanos.

La alcaldesa acusa a los partidos contrarios a la iniciativa de haber priorizado “el partidismo y el electoralismo” y de haber cedido a “las presiones de Agbar”, la empresa encargada de la gestión del agua en Barcelona, para “parar la soberanía municipal y una consulta ciudadana”. Colau ha cargado con especial dureza contra sus ex socios del PSC y contra el PDeCAT y la CUP, grupos a los que acusa de haber cambiado su voto a última hora.

Colau ha animado a las entidades impulsoras de las dos consultas a presentar recursos contra la decisión del pleno

También ha insistido en que el reglamento de participación lo aprobaron “todos los partidos”. La norma, aprobada en el pleno del pasado octubre, salió adelante con el apoyo de BComú, PSC, ERC, el concejal no adscrito y dos de las tres concejales de la CUP, cuya tercera edil emitió el único votó en contra, en protesta porque la norma no preveía que las consultas fueran vinculantes. PDeCAT, Cs y PP se abstuvieron.

 “El reglamento dice claramente que los partidos solo pueden rechazar iniciativas ciudadanas si argumentan el no con algún problema jurídico, cosa que en el plenario no hicieron”, ha argumentado Colau, que ha pasado la pelota a las entidades impulsoras de las dos consultas, la plataforma Aigua es Vida y la productora Metromuster, con las que compareció el mismo martes tras el pleno y a las que ha animado a presentar recursos contra la decisión del pleno porque “hay elementos para que se lo planteen”.

Un reglamento en los tribunales

Contra el reglamento de participación ya se han presentado tres recursos contencioso-administrativos, y el artículo 74 al que se remite Colau para cuestionar la derrota que le infligió la oposición es precisamente uno de los que aspectos cuya validez tendrán que dilucidar los tribunales: la delegación del gobierno en Cataluña, que es uno de los litigantes, entiende que entra en conflicto con la ley de bases del régimen local.

Que Colau no quiera renunciar a la multiconsulta se entiende porque es una de sus apuestas; porque, a diferencia de la conexión tranviaria, en este caso contaba con que tiraría adelante, y porque la maquinaria para posibilitarla ya estaba en marcha, con su dispendio correspondiente.

El coste total de la multiconsulta nunca ha sido precisado, ni tampoco el que ya se ha ejecutado

El coste total de la multiconsulta nunca ha sido precisado, ni tampoco el que ya se ha ejecutado, pero en marzo, el gobierno municipal distribuyó entre los grupos municipales un presupuesto provisional que ascendía a 1,68 millones de euros, de los que un millón corresponde al contrato de participación electrónica, ya adjudicado a El Corte Inglés. De hecho, el presupuesto de la adjudicación asciende a 1,66 millones de euros más IVA, pero como la duración del contrato es de un año y nueve meses, en el desglose presupuestario facilitado a la oposición solo se hizo constar la parte correspondiente a este 2018.

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