Las defensas de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –en la imagen cuando se dirigían a declarar a la Audiencia Nacional- han recurrido el auto de prisión provisional. / EFE

'Los Jordis' alegan que el sitio a la consejería no rompió España

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"La independencia no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante la consejería de economía"

Josep Maria Casas

Economía Digital

Las defensas de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –en la imagen cuando se dirigían a declarar a la Audiencia Nacional- han recurrido el auto de prisión provisional. / EFE

Barcelona, 20 de octubre de 2017 (16:00 CET)

Los abogados de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han recurrido este viernes la orden de encarcelamiento dictada el pasado lunes por la jueza Carmen Lamela. En estos recursos se pone en duda tanto el delito de sedición del que se les acusa como la competencia de la Audiencia Nacional para procesarles.

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el de Òmnium Cultural se encuentran en situación de prisión provisional en Soto del Real.

Jordi Pina y Marina Roig, abogados de Sánchez y Cuixart, respectivamente, solicitan la libertad para sus clientes por entender que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Cuando las penas por los delitos imputados superan los tres años, la situación de prisión preventiva puede prolongarse durante dos años prorrogables a otros dos. El delito de sedición está penado hasta un máximo de 15 años de cárcel.

Sánchez y Cuixart están acusados de sedición porque supuestamente alentaron las protestas ciudadanas frente a la consejería de economía de la Generalitat el 20 y 21 de septiembre. En estos momentos, en su interior se encontraban agentes de la Guardia Civil y una funcionaria judicial.

Argumentos de la defensa de Sánchez

En el recurso de Sánchez, su abogado argumenta que los hechos por los que se le acusa (la protesta ciudadana) “no son objetivamente idóneos para modificar la organización territorial del Estado”. Por tanto, entiende que no se le puede aplicar el delito de sedición.

Añade que “la independencia de una parte del Estado no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante la consejería de economía. Tampoco con la supuesta obstaculización (que niegan) de una entrada y registro en tales dependencias ordenada por un juzgado de instrucción”.

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El abogado Pina insiste en que la concentración frente a la consejería no es constitutiva de un delito de sedición. Además, subraya que su defendido en todo momento procuró que las protestas se desarrollaran de forma pacífica.

Recuerda que fueron secundadas por muchas organizaciones, incluso por sindicatos y universidades. Fuentes de Òmnium indican que el recurso de Cuixart se fundamenta en los mismos argumentos.

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