El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sanchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. EFE/Alejandro García

La juez dicta prisión para los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural

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La juez pide prisión incondicional para Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) por sedición en el asedio a la Guardia Civil el 20 y 21 de septiembre

Economía Digital

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sanchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. EFE/Alejandro García

Barcelona, 16 de octubre de 2017 (21:26 CET)

Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) ingresarán esta noche en prisión. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó prisión incondicional para los presidentes de las asociaciones independentistas por un presunto delito de sedición. El auto de la magistrada se circunscribe a los altercados contra la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre, cuando registraron la Consejería de Economía de la Generalitat. La magistrada siguió el criterio de la fiscalía, conforme le había solicitado el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo.

A ambos líderes se les acusa de actuar con el objetivo de impedir que los agentes y la comisión judicial que registraron los departamentos de la administración catalana pudieran desarrollar su trabajo en cumplimiento de la ley. Se les señala de lanzar mensajes en las redes sociales para la "protección" de los miembros del Govern con consignas de cómo "parar a la Guardia Civil". 

La magistrada Lamela sostiene que los hechos del 20 y 21 de septiembre “no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo con unas actuaciones policiales” ordenadas por un juez. Al contrario, las movilizaciones “se enmarcan dentro de una compleja estrategia” con la que Cuixart y Sànchez “vienen colaborando hace tiempo” en ejecución “de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”, reza el auto.

Así, la decisión de la magistrada coincide con la del ministerio público a diferencia de las resoluciones para el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana. A ellos les dejó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales en los juzgados más cercanos, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. 

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