El dilema de Ana Pastor: creer o no creer en el centralismo

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PRESUPUESTOS 2014

Artur Mas y Ana Pastor, en el Puerto de Barcelona./EFE/Andreu Dalmau

04 de octubre de 2013 (20:05 CET)

España no quiso ser Italia. Y el catalanismo político nunca quiso un Estado desequilibrado.

Las relaciones económicas, culturales y familiares aconsejaban trabajar para crear un país en el que ir de vacaciones al sur no supusiera un regreso al pasado. Y España lo ha logrado, aunque ahora todo se haya puesto en duda. La Comisión Europea ha reorientado su política de inversiones, y defiende ahora que se apueste con más determinación por las regiones que actúen de locomotoras. Los dirigentes políticos nacionalistas de Catalunya, cuando escuchan ese mensaje, se sienten reforzados, y reclaman que se invierta en el arco mediterráneo español. ¿Lo han hecho los distintos gobiernos españoles en los últimos años?

Catalunya, la quinta por la cola

El proyecto de presupuesto de 2014 ha dejado al Govern de la Generalitat con una sonrisa helada. Es la quinta comunidad por la cola con menor inversión pública presupuestada, con 125 euros por habitante. La peor dotada es Baleares, con 66 euros por cada ciudadano de las islas; por los 78 euros de Navarra; los 118 de la Comunitat Valenciana; y los 121 euros de Canarias.

Son los datos que la Cambra de Comerç ha analizado, relacionando la población con las inversiones de Fomento. La ministra, Ana Pastor, quiere reforzar otras autonomías, y lo ha hecho con la suya propia, con 487 euros por gallego, o Castilla-León, con 550 euros por cada uno de sus ciudadanos, gracias a la inversión del AVE.

Estatut, anulado

La cuestión es que la visión del Gobierno central es muy distinta a la de Catalunya. Existe una primera realidad que los políticos nacionalistas no quieren esclarecer. En el Estatut se fijó que el Gobierno español invirtiera en Catalunya, durante siete años, desde que entró en vigor en 2006, el mismo porcentaje que supone el peso de la economía catalana en la española, cercano al 19%.

Pero la sentencia del Tribunal Constitucional invalidó ese mandato, que figura en la disposición adicional tercera del Estatut. ¿El argumento? Un Ejecutivo de un estado no tiene por qué apartar, de entrada, un porcentaje de su presupuesto a una comunidad, porque lo que debe hacer es actuar en función de las necesidades de cada territorio. Sin embargo, se trata de un pacto político, que aprobaron las Cortes españolas, y que el Gobierno del PP considera que no debe cumplirlo.

Equilibrios entre comunidades

Y esa es la cuestión real: cumplir los compromisos, en función del modelo de país que se defiende. La Cambra de Comerç ha elaborado una serie histórica sobre la inversión presupuestada en España desde 2011, con los datos del Ministerio de Hacienda y el INE. Y las conclusiones son dispares, aunque mantienen una tendencia: el mayor peso hacia esa voluntad de reequilibrar todo el territorio, por encima de las regiones más dinámicas.

Pero las diferencias, a lo largo de los años, no son definitivas. En Andalucía la inversión pública real presupuestada por habitante desde 2001 a 2014 fue de 4.792 euros; por los 4.475 euros por catalán. Madrid sólo supera a estas dos comunidades con sus 5.249 euros invertidos por cada madrileño.

La inversión se dispara en comunidades como Aragón o Castilla-León, con población diseminada, y que evidencia que equilibrar un país como España es caro. Por cada aragonés la inversión pública fue de 9.886 euros; por los 9.293 euros de cada castellano-leonés. Galicia se quedó con 7.017 euros por gallego, y Extremadura con 7.211 euros por extremeño.

¿Cuál es el problema, por tanto? La decisión política posterior para ejecutar los presupuestos, en función de la coyuntura política.

¿Catalunya?, "la más beneficiada"

El Gobierno central ha reaccionado con contundencia frente a las críticas de Catalunya por el presupuesto de 2014. Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy las cifras son elocuentes. Según el secretario de Estado de Fomento, Rafael Catalá, que facilitó los números en el Congreso, Catalunya es la primera comunidad en inversión presupuestada desde 1996, con 32.227 millones de euros, con Andalucia en segunda posición con 27.281 millones.

Para la secretaria de Estado de Hacienda, Marta Fernández Currás, que fue consejera de Economía de Galicia antes de ocupar su actual cargo, –muy reivindicativa siempre con su comunidad-- las quejas del Ejecutivo de Artur Mas no tienen sentido. “No se puede venir a llorar”, aseguró, después de reprochar a la Generalitat que pida, al mismo tiempo, un mayor margen de déficit y más financiación.

El dinero del FLA

El argumento es que Catalunya se ha quedado con más del 40% del Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a la financiación de su deuda, así como se ha “beneficiado” del pago a proveedores, dentro del programa que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda para sostener a las comunidades que están prácticamente en quiebra.

También se ha añadido a esa tesis el secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta –que fue como Currás, consejero de economía, de Madrid, y pedía siempre un qué hay de lo mío--. Beteta recuerda que Catalunya ha utilizado una tercera parte, 22.000 millones de euros, de los 43.940 millones en 2012 y los 26.234 millones que se han dispuesto en lo que se lleva de 2013 para el conjunto de las autonomías.

Y ese es un argumento duro, contundente, que hace daño entre los políticos nacionalistas, que esgrimen, para defenderse, el déficit fiscal catalán.

Corredor mediterráneo, ahora sí

El hecho es que Fomento ha apostado, finalmente, por el corredor mediterráneo. Fuentes del departamento de Territori i Sostenibilitat, que dirige el conseller Santi Vila, aseguran que, esta vez, “existe el convencimiento de que lo que se presupuesta en el corredor mediterráneo se acabará ejecutando”.

La ministra Pastor destina al corredor en 2014 un total de 1.005,5 millones de euros, de los que 306,1 millones son para la adaptación a ancho UIC (tercer carril), entre Valencia, Castellón y Castellbisbal. Y el resto, 603,3 millones de euros, son para la alta velocidad, entre Barcelona-Frontera Francesa; Vandellós-Tarragona; Tarragona-Valencia-Alicante-Murcia; Murcia-Almería; y Bobadilla-Granada.

Pastor, después de un acuerdo con el conseller Vila, consigna también en 2014 el acceso ferroviario al Puerto de Barcelona, con 32,2 millones de euros, del total de 944 millones que se invertirá en Catalunya en 2014.

El 'gran' acuerdo CiU-PP de 1996

Sin embargo, la serie histórica de la inversión pública del Estado constata, como apunta un empresario catalán que viaja cada semana a Madrid, que “Catalunya ha vivido mejor siempre con gobiernos socialistas”. Y es que entre 2004 y 2009 la inversión se dispara, y pasa de 381 euros por catalán en 2003 a estar por encima de los 400 euros en los años siguientes, con 506 euros por habitante en Catalunya en 2008.

Lo que ocurre es que la realidad es mucho más compleja. Las inversiones más importantes en Catalunya corresponden al AVE y a la nueva terminal del aeropuerto del Prat, la T1. Las dos son producto del acuerdo político de 1996 entre el PP y CiU.

Cercanías de Renfe, sin ejecutar

En el caso de los gobiernos del PSOE, que desarrollaron, presupuestaron y ejecutaron, en parte, esas inversiones, se añadieron dos más: el plan de Cercanías de Renfe, para ejecutar entre 2008 y 2015, por un valor de 4.000 millones de euros, anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, y un protocolo de carreteras entre 2006 y 2012, por 2.500 millones de euros.

¿Conclusión? En el primer caso, sólo se ha ejecutado el 8%. En el segundo, financiado también por la Generalitat, Fomento sólo ha ejecutado el 15% del plan.

Y eso es lo que irrita a CiU, a ERC, pero también al PSC. Se presupuesta, se planifica, pero no se ejecuta.

El supuesto castigo a los soberanistas

¿Se queja demasiado Catalunya, el Gobierno central cumple sus compromisos, pero en función de sus posibilidades, enfrascado en una grave crisis económica?

Para el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, no se trata de que Mariano Rajoy haya penalizado a Catalunya por el proyecto soberanista que defiende Artur Mas, sino porque “cree en un modelo centralista, y se penaliza a todas las comunidades”.

Sin embargo, esa posible actitud del Ejecutivo español está consiguiendo que “crezca el independentismo”, como ha admitido el líder de Unió, y –todavía-- secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.

Pero sobre ello, el Gobierno central mantiene su posición: ningún movimiento.
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