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El Gobierno se inclina por la ley de seguridad para poder intervenir el DOGC e impedir la publicación de la ley del referéndum del 1-O

Manel Manchón

Economía Digital

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Soraya Sáenz de Santamaría han puesto en marcha a los tribunales. FE-CM

Barcelona, 05 de septiembre de 2017 (05:55 CET)

La frase es de Mariano Rajoy: “actuaremos con proporcionalidad, con inteligencia y con firmeza”. El Gobierno considera que será fiel a ese principio con una ley que le permite una operación quirúrgica, blanca e indolora, aunque no exenta de riesgo. En los últimos días, Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se inclinan por utilizar la ley de seguridad con el objeto de intervenir el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

¿Resultado? El Gobierno de Carles Puigdemont no podría publicar ni la ley del referéndum y ni la ley de transitoridad jurídica, con lo que sería inviable organizar el referéndum del 1 de octubre (1-O).

Es la medida que en estos momentos valora el Gobierno como la mejor herramienta para impedir el referéndum sin cometer un exceso que sería contraproducente, a juicio de las fuentes consultadas. Este miércoles, Junts pel sí (JPS) y la CUP alterarán el orden del día, –lo deben pedir al menos dos grupos parlamentarios— e iniciarán el debate y aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.

La ley de seguridad permite la intervención acotada por parte del Gobierno central

Previamente, la Mesa del Parlament deberá admitir a trámite la ley del referéndum, con lo que se iniciará el plazo para que el Gobierno reclame un incidente de ejecución de sentencia al Tribunal Constitucional, que ya advirtió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sobre la ilegalidad de convocar un referéndum.

Pero la medida que puede ser más eficaz es la intervención del DOGC. A lo largo del miércoles, y antes de la votación, el Gobierno puede, a través de un decreto de presidencia o mediante un consejero de ministros, acogerse a la ley de seguridad nacional por la que podría intervenir el DOGC, utilizando su artículo 24.

En ese caso, el Ejecutivo de Puigdemont no podría basar el 1-O en una ley efectivamente aprobada en el Parlament, y tendría muy complicado seguir adelante con la idea de que ha convocado un referéndum.

Sin la ley publicada en el Dogc, Puigdemont no puede seguir adelante en la organización del 1-O

Fuentes del bloque soberanista, de JPS, admiten que existe la posibilidad de que no se llegue al 1-O. Y que eso sería “lo peor”. ¿Por qué? El mundo soberanista está intensificando toda su logística para preparar enormes movilizaciones en la calle, que pueden comenzar el mismo miércoles, si el Gobierno culmina esa intervención del DOGC.

Calibrar las consecuencias

En ese caso, nadie sabe calibrar las consecuencias, porque esas movilizaciones tampoco pueden alargarse demasiado en el tiempo. Tendrían como consecuencia inmediata una gran manifestación en la Diada del 11 de septiembre, pero, ¿y el referéndum?

La otra medida contundente que prevé el Gobierno de Rajoy es activar el Tribunal Constitucional para que, con las atribuciones ejecutivas que recibió, suspenda de funciones a Puigdemont si acaba firmando el decreto de convocatoria del referéndum, tras aprobar las leyes en el Parlament.

En ese caso, fuentes judiciales aseguran que el Constitucional no aprobaría la decisión por unanimidad, y, aunque saliera adelante, sería un acicate para el independentismo, que podría ver en Puigdemont un mártir para su causa. Y es que Puigdemont, además, ya ha asegurado que seguirá adelante pese a ser suspendido de funciones.

Rajoy lanza un mensaje: aplico medidas, movilizaciones en la calle, y ya nos veremos el 2 de octubre

Sáenz de Santamaría afirmó este lunes que no ofrecerá ningún detalle de las medidas que se están valorando, pero que el abanico de un estado de derecho es suficientemente amplio para impedir el referéndum.

El problema para los dos gobiernos, sin embargo, es prever cómo se llega al 2 de octubre con la determinación –por lo menos teórica y verbalizada en distintos foros privados-- de tender puentes y encontrar vías de diálogo.

Rajoy mantiene la calma, la contención, con un mensaje implícito que el gobierno catalán también ha interiorizado: 'que cada uno haga lo que tenga que hacer y ya nos veremos el 2 de octubre'. En ese 'cada uno', figuran las medidas quirúrgicas y legalistas del Gobierno, y las movilizaciones en la calle por parte del gobierno catalán. ¿Pero, alguien ha pensado en los imponderables?  

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Referéndum 1-O
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