El gobierno popular de Castilla-León defiende las tesis de Junqueras
Juan Vicente Herrera asegura que ''no tiene sentido que se asigne a las autonomías el 16% del objetivo de déficit, cuando el volumen de gasto social supone el 35%''
Revuelta popular contra el modelo de financiación. En vísperas de la reunión de este jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno de Castilla-León ha mostrado que las quejas no provienen únicamente de Cataluña. El presidente autonómico, uno de los barones del PP, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que el modelo es «una coña!», utilizando los mismos argumentos que defiende el vicepresidente del gobierno catalán, el independentista Oriol Junqueras.
La bronca ha venido provocada por el reparto del déficit. «No tiene sentido que se asigne a las autonomías el 16% del objetivo de déficit, ya que el volumen de gasto social supone el 35%». Es lo que ha sostenido la Generalitat, con distintos consellers de Economía, desde Andreu-Mas Colell a Oriol Junqueras.
Volumen de gasto autonómico
El nuevo margen de déficit que ha ofrecido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no convence a las autonomías. Según el gobierno de Castilla-León, pasar del 0,3% al 0,7% supone «un respiro», pero no sirve, a su juicio, para frenar las peticiones autonómicas, que reclaman una mejor proporción con el volumen de gasto que deben asumir por las competencias en sanidad, educación y servicios sociales.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, quien ha defendido que existe un «desequilibrio» entre las peticiones de ajuste a las comunidades autónomas y los servicios que deben prestar a los ciudadanos.
Rechazo a un frente común
Para los dos presidentes autonómicos, el nuevo modelo de financiación debería tener un criterio principal: el coste efectivo de la prestación de servicios. Tras rechazar que puedan representar un «frente común», el de las comunidades del noroeste, los dos mandatarios, de partidos diferentes, han constatado que se trata de «apoyarse mutuamente en la defensa de planteamientos comunes que pueden resistir a los vaivenes electorales».
Pero se da la circunstancia que es una petición generalizada, que no obedece a criterios políticos, y que afecta a todas las autonomías, también la que están gobernadas por nacionalistas, como Cataluña.
