El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la declaración de soberanía

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CONFLICTO

Soraya Sáenz de Santamaría, este viernes./EFE/Zipi

08 de febrero de 2013 (16:49 CET)

El conflicto se recrudece. La declaración soberanista en el Parlament tendrá respuesta por parte del Gobierno central. Y el Govern de la Generalitat mantendrá su hoja de ruta. El diálogo se podría establecer en secreto, pero públicamente el distanciamiento persiste.

Y es que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que ha iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración aprobada en la cámara catalana. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recibido el informe favorable por parte de la Abogacía del Estado. Ahora el Gobierno elevará ese informe al Consejo de Estado para que elabore sus conclusiones, como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional.

La soberanía reside en el pueblo español

"Este Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes", ha afirmado Sáenz de Santamaría.
El argumento es que la soberanía recae en el pueblo español, y una autonomía no puede erigirse como sujeto jurídico y político propio.

Pero la respuesta ha sido inmediata. El presidente de la Generalitat, ha considerado que al derecho a decidir que defiende CiU, y que fue aprobado por el Parlament, con los votos también de ERC e ICV, no se pueden oponer “ni leyes ni constituciones”.

Máxima autonomía

En la inauguración de la ampliación de unas instalaciones para discapacitados en Girona, el president ha buscado una analogía entre el derecho a la autonomía de las personas con ese derecho para el conjunto de Catalunya. “Todo el mundo tiene derecho a la máxima autonomía posible, a poder ejercer sus capacidades en todo lo que sea posible y esto vale para las personas y los países", ha remachado.

El PSC no votó la resolución de CiU y ERC, precisamente con el argumento de que el Parlament no podía aprobar una declaración de soberanía que no tiene. La tesis de los socialistas es que el derecho a decidir sí es válido, pero para someter a votación el estatus jurídico que reclamen los catalanes, sin señalarles, ya en la pregunta, la propia respuesta.
Ahora, con la decisión del Gobierno central, los dos ejecutivos se retroalimentan. Y el conflicto, de nuevo, cobra vigor.
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