El Govern, bloqueado en el 'caso ATLL'

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Homs asegura que en dos o tres semanas se decidirá un posible recurso ante el Supremo tras recibir el varapalo del TSJC

El consell Executiu, este martes./EFE/Toni Garriga

23 de julio de 2013 (18:17 CET)

El Govern vacila. Está bloqueado por el caso ATLL. Quiere tomarse un tiempo. Es cuestión de dos o tres semanas. Pero no quiere actuar a la ligera. Dispone de un plazo prudencial, hasta el 3 de septiembre, para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, después de recibir un segundo varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Y lo quiere aprovechar.

El viernes el TSJC dictó tres interlocutorias que instan al Govern a ejecutar la resolución de la OARCC, el organismo de la Generalitat que vela por concursos públicos como el efectuado con la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La OARCC dictaminó que el Govern debería dejar fuera a Acciona en la concesión de la privatización de ATLL, y que, en todo caso, debería proceder a efectuar de nuevo el concurso.

Cuestión de semanas

El conseller de Presidència, Francesc Homs, ha asegurado este martes que “es cuestión de semanas”, y que el Govern decidirá si presenta o no el recurso ante el Supremo. Aunque con toda seguridad formalizará ese paso para poder mantener la batalla jurídica. En caso contrario, debería ejecutar la resolució de la OARCC y dejar fuera a Acciona.

Y la presión de las empresas es enorme, porque en juego hay muchos intereses para sus propios accionistas. El Govern es consciente de ello, y, a pesar de las versiones oficiales, existe una preocupación evidente. Homs ha señalado que la buena o mala imagen del Ejecutivo catalán podría estar en juego, pero que, por ahora, no pasa factura. “Con el proceso de venta de patrimonio se ha podido comprobar que los inversores confían en el Govern, que hace las cosas de forma razonablemente bien”, ha asegurado.

Pero esa imagen puede peligrar a medio plazo. Máxime cuando la operación económica más importante de la legislatura puede enredarse en un largo proceso jurídico, con recursos cruzados por parte de todos los implicados.

¿Prevaricación?

Homs ha añadido que el equipo jurídico del Govern no interpreta, de ningún modo, que el Executiu pueda incurrir en un delito de prevaricación, al no ejecutar la resolución de la OARCC, como le pide el TSJC.

Y que el ejecutivo que preside Artur Mas sólo quiere “defender los intereses generales de la Generalitat”, que pasan, en estos momentos, para el Govern, por defender al consorcio liderado por Acciona, ganador del concurso de privatización, en detrimento del consorcio liderado por Agbar.

Dudas sobre qué pasará

Pero en el seno del Govern hay algunas dudas, aunque se generaron en mayor medida en el momento en el que se adjudicó la privatización de ATLL a Acciona. Dudas sobre el papel de la OARCC, y dudas sobre el propio proceso. Homs ha admitido que la operación sólo tenía un objetivo: reducir el déficit de la Generalitat, que permitió al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, cerrar el ejercicio de 2012 con un 1,9% de déficit, gracias a los 1.000 millones de la operación de ATLL que se descontaron en ese año, aunque sólo se ingresaron de forma efectiva 300 millones.

El resto lo pagará el consorcio de Acciona a lo largo de los próximos 50 años.

El conseller de Presidència también ha asumido que el caso ATLL “servirá para que la oposición haga del tema un motivo de erosión política”, pero Homs se ha refugiado en la confianza que genera la Generalitat entre los inversores.

El caso es que las empresas juegan sus cartas. Agbar ha pedido al departamento de Territori i Sostenibilidad que ejecute la resolución de la OARCC, y Acciona considera, junto con el principal inversor, BTG Pactual, que no tiene por qué ponerse en duda la operación y que seguirá gestionando ATLL.
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