Torrent, durante su declaración en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo

El presidente del Parlament desafía al Constitucional

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Torrent desoye los avisos de los letrados y tramita la propuesta de JxCat, ERC y la CUP que reitera la reprobación al Rey y el aval a la autodeterminación

Barcelona, 22 de octubre de 2019 (13:32 CET)

La Mesa del Parlament ha desoído las recomendaciones de los letrados de la cámara y ha tramitado la propuesta conjunta que JxCat, ERC y la CUP han entrado a registro este martes, que, según los servicios jurídicos, vulnera las órdenes del Tribunal Constitucional (TC), por lo que, con su tramitación, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, y el resto de la mesa podría incurrir en un delito de desobediencia. El propio Torrent ha comparecido tras la reunión de la mesa y ha dicho asumir los riesgos de la decisión. 

La propuesta pretende el independentismo que constituya la respuesta institucional a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes soberanistas, pero el punto del texto más espinoso en términos legales no hace referencia al TS, cuyo fallo, eso sí, se desacredita sin paliativos, sino al Constitucional, que en las últimas semanas ha suspendido a petición del Gobierno varias resoluciones adoptadas por la cámara catalana en julio y septiembre. 

En la propuesta se insiste en que el Parlament tiene que poder hablar y significarse sobre cualquier asunto, y que, por tanto, la cámara catalana "reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y diputadas la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". Es decir, tres posicionamientos que el TC ha suspendido y sobre los que ha prohibido a la cámara volver a pronunciarse.

Aviso de los letrados

Durante la reunión de la mesa, los letrados así lo hicieron ver, y advirtieron que tramitar la propuesta podría suponer incurrir en un delito de desobediencia por la inclusión en el redactado del término "reitera", que indica que esos pronunciamientos se renovarían con la simple aprobación de ese mismo texto.

Pese a ello, la mayoría independentista, con el visto bueno de Torrent, mantuvo la luz verde. Aunque aún falta para que el texto se someta al pleno. Al no tramitarse por el procedimiento de urgencia, el texto no se votará en el de esta semana, y tant o Cs como el PSC, los dos partidos presentes en la mesa que votaron en contra de la tramitación del texto, estudian plantear una petición de reconsideración que obligaría a celebrar una nueva reunión de la mesa.

Torrent dice que asume las consecuencias

"Si hay consecuencias desde un punto de vista judicial y por tanto desde un punto de vista personal, las asumiremos", dijo tras  la reunión de la mesa Torrent, que insistió en que se trata de defender "que en el Parlament se pueda hablar de todo" y "la libertad de expresión de todos los diputados". Una causa, alegó, por la que merece la pena asumir el riesgo, porque la alternativa sería "dejar entrar la censura" en la cámara.

El presidente del Parlament dijo que la pelota está en el tejado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hay que preguntarle si va a seguir persiguiendo los debates libres en el Parlamento de Cataluña", espetó, y, en la línea de lo que se argumenta en la propia propuesta de la discordia, recordó que otros parlamentos autonómicos también votan sobre asuntos sobre los que sus respectivos gobiernos regionales no tienen competencias. "En otros parlamentos [autonómicos] se ha aprobado aplicar el 155 en Cataluña con los votos del PSOE, y no ha pasado nada", recordó, en referencia a la resolución propuesta aprobada en enero en la cámara de Extremadura a propuesta del PP y con apoyo de los socialistas.

Carga contra el Supremo

Además del pulso al TC, la propuesta de  JxCat, ERC y la CUP rechaza la sentencia "injusta" del Supremo que condena a nueve líderes independentistas a entre nueve y 13 años de cárcel; considera que el fallo ejemplifica una "deriva autoritaria del Estado" y busca criminalizar la disidencia política, y tacha "un escándalo democrático" la pena de 11 años y medio para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El texto también defiende "el carácter estrictamente civil y no violento" del movimiento independentista, insiste en que "el conflicto entre Cataluña y el Estado" es político y por tanto no se resolverá en los tribunales e insta al gobierno de Quim Torra a "promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias" para conseguir "una solución democrática" a dicho conflicto. 

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