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Junts pel Sí quiere que el Parlament funcione en agosto y prepara una campaña para el referéndum, mientras Puigdemont se reúne con el fiscal del Estado

Manel Manchón

Economía Digital

La muerte del fiscal del Estado, José Manuel Maza, que se reunió con Carles Puigdemont, obliga ahora al Gobierno a reaccionar, en mitad de las causas del Procés. EFE

Barcelona, 25 de mayo de 2017 (07:55 CET)

Primavera...y verano. El ambiente es más cálido, suben las temperaturas, y también se incrementa la tensión política. El soberanismo ha decidido llegar hasta el final, y el mes de agosto puede ser crucial. Junts pel Sí acelerará la tramitación de las leyes de desconexión y para ello habilitará el mes de agosto. No se quiere dejar nada al azar, y no ofrece ninguna facilidad a la oposición. El objetivo es aprobar la ley de transitoriedad jurídica, que dará cobertura al referéndum, justo después de la Diada del 11 de septiembre. Para ello, el parlamento ya debería estar a pleno funcionamiento, desde la segunda quincena de agosto, como ha solicitado Junts pel Sí.

La agilidad de la cámara parlamentaria es vital para los intereses de los partidos independentistas. Una de las posibilidades que se prevé es la celebración de un pleno, que, a pesar de poderse convocar fuera del periodo de sesiones –en el caso de que se cerrara la cámara durante todo el mes de agosto-- es más práctico y eficaz si se convoca con la máquina a pleno rendimiento. Algunos consejeros ya estaban advertidos de esa circunstancia desde hace unos meses: no hay vacaciones para nadie.

Todo ello significa que ya no hay posibilidad de rectificar. El plan hacia el referéndum se mantiene, y ya será el Gobierno de Mariano Rajoy quien lo impida. La posición del gobierno catalán supone un reto mayúsculo, y se lo juega todo a esa carta, a la espera de que el ejecutivo español pueda cometer algún error que provoque una mayor acción por parte de la sociedad catalana.

El independentismo se lo juega todo a la espera de una reacción represiva del Gobierno

Junto a esa determinación que protagonizó este miércoles el grupo de Junts pel Sí, que presentó una enmienda a la reforma del reglamento del parlamento para habilitar la segunda quincena de agosto, se añade dos acciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La primera es la carta enviada a Mariano Rajoy, remitida este mismo miércoles, en la que le espeta que “ha llegado el momento imprescindible para que los dos gobiernos se puedan sentar en la mesa a dialogar”. Pero dialogar a partir de la voluntad de celebrar el referéndum, tras recordarle que en acuerdo del gobierno catalán se solicita el inicio de las negociaciones sobre “términos y condiciones del referéndum”.

La otra acción de Puigdemont fue un encuentro en el Palau de la Generalitat con el fiscal del Estado, José Manuel Maza, acompañado con el consejero de Justicia, Carles Mundó. Puigdemont le recriminó la “judicialización” del proceso soberanista, mientras que Maza le recordó al presidente catalán que él está, precisamente, para perseguir delitos.

Puigdemont le envía una carta a Rajoy en la que le pide un acuerdo sobre el referéndum

Lo que está sobre la mesa, por tanto, es un auténtico duelo, un desafío del gobierno catalán, que, por una parte, dispone de todos los medios a su alcance para celebrar un referéndum que no recoge la Constitución, mientras busca, con buena formas un acuerdo para celebrarlo sólo para ir ganando un poco de tiempo, a la espera de que todo se desarrolle a partir de la Diada del 11 de septiembre.

Su partido, el Pdecat, que no quiere quedarse por detrás de Esquerra Republicana, ha iniciado una campaña para pedir el sí en ese referéndum, con el objetivo de convencer a “los indecisos” sobre “los beneficios” de un estado propio. La campaña se inicia el 1 de junio y cuenta con uin presupuesto de 500.000 euros, una cifra enorme si se tiene en cuenta los graves problemas de financiación que tiene el partido, con dificultades para pagar los salarios de sus trabajadores. Colaborará con el Pdecat el periodista Miquel Calçada, con podcats que se distribuirán a través de Whatsapp, con soluciones a preguntas de los supuestos “200.000 indecisos” que se pretende captar para la causa independentista.

El fiscal del estado le espeta a Puigdemont que él está para perseguir delitos

Ante todo eso, el Gobierno espera con cierta inquietud. El 'calentamiento' del problema con el independentismo catalán ha supuesto, sin embargo, una cuestión oportuna para el Ejecutivo español, que se prefiere aparecer como el partido capaz de hacer respetar el orden constitucional, en un momento de gran incertidumbre política tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.

Rajoy esperara y ofrecerá su visión y su posición este sábado en las jornadas económicas de Sitges que organiza el Círculo de Economía, un foro que apuesta por un diálogo que dé alguna respuesta política, al margen de apostar por la vía judicial. El Gobierno, en todo caso, lo tiene muy claro y ha dispuesto todos los mecanismos para asumir, si llega el caso, las competencias de la Generalitat.  

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