El portavoz de JpC, Albert Batet, de pie, junto a Eduard Pujol y Elsa Artadi, en la primera fila del Parlament. EFE
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El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la moción que reafirmaba la resolución con la que en 2015 arrancaba la hoja de ruta independentista

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El portavoz de JpC, Albert Batet, de pie, junto a Eduard Pujol y Elsa Artadi, en la primera fila del Parlament. EFE

Barcelona, 17 de julio de 2018 (18:28 CET)

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la moción rupturista aprobada por la mayoría independentista del Parlament de Cataluña el pasado 5 de julio, lo que comporta la suspensión automática de la misma. El alto tribunal ha decidido por unanimidad suspender cinco de los seis puntos de la moción, es decir, todos los que impugnó el Ejecutivo

Se trata de una medida sin consecuencias prácticas, porque no las tenía tampoco el texto, pero supone el primer freno del TC a instancias del ejecutivo de Sánchez a la gesticulación parlamentaria de los partidos soberanistas.

El texto fue aprobado con los votos de Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP, que es quien presentó la iniciativa, en la que se reafirman "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015 con la que el Parlament pretendía dar el pistoletazo de salida al proceso política que tenía que culminar en la independencia de Cataluña, y que a su vez ya que fue anulada por el Constitucional.

Aviso de los letrados del Parlament

La moción aprobada hace dos semanas señala que el "Parlament de Cataluña, antes las actuaciones del Estado, por medio del TC, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con su mandato democrático ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlament, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña". 

La votación se llevó a cabo pese a las advertencias de los servicios jurídicos de la cámara catalana, que hicieron constar en acta su recomendación en contra de celebrar el debate sobre la moción.

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