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Forcadell impulsará un súbito cambio en el orden del día del Parlament el 6 de septiembre para aprobar las leyes del referéndum y de la 'desconexión'

Barcelona, 30 de agosto de 2017 (05:55 CET)

Con lentitud. Con astucia. El bloque independentista busca una guerra de nervios con el Gobierno español. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, decidió este martes, de nuevo, dilatar la admisión a trámite de la ley del referéndum, y tampoco la incluyó en el orden del día del próximo pleno del día 6 de septiembre. Pero se trata de una estrategia, de una forma de provocar una gran incertidumbre. ¿Es ella quien pone reparos para no ser inhabilitada? Forcadell no vive una situación cómoda, pero se trata de esconder, hasta el último momento, las bazas del independentismo para forzar una situación de máxima tensión.

Junts pel Sí tiene previsto cambiar el orden del día en el mismo pleno del 6 de septiembre, e incluir la votación de dos leyes decisivas que ya están preparadas: la ley del referéndum, que debe amparar el 1-O, y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana, presentada este lunes.

En el último instante se forzará el orden del día y se aprobará el 6 de septiembre la ley del referéndum

Aunque es la CUP la que ha pedido que sea en ese pleno, para que las dos leyes estén listas antes de la Diada del 11 de septiembre, ha sido el propio Puigdemont, y el núcleo de dirigentes del Pdecat más cercanos al presidente, como Jordi Turull, los que han acabado decidiendo esa estrategia. La dirección del Pdecat, en cambio, ha quedado en un segundo plano. Su coordinadora general, Marta Pascal, era partidaria de aprobar más tarde la ley de transitoriedad, tras el referéndum, pero es Puigdemont, junto con Oriol Junqueras, quien lidera el proceso.

La otra opción de Puigdemont era aprobar la ley del referéndum a través de un decreto ley del Govern, lo que hubiera sido –ya nos encontramos en un terreno muy resbaladizo y poco ortodoxo-- un auténtico golpe al régimen parlamentario, al plantear sacar adelante una ley que supone, en la práctica, una ruptura sin anestesia de la Constitución española, sin ninguna participación del poder legislativo, que, posteriormente, sólo debería convalidar el decreto.

La dirección del Pdecat ha quedado apartada, pero no nombres como Turull, fiel seguidor ahora de Puigdemont

La fórmula escogida justifica lo que Junts pel Sí y la CUP aprobaron antes de las vacaciones, con la ley de reforma del reglamento del Parlament, que posibilita la tramitación de urgencia, por lectura única y sin el concurso de la oposición. Los tres partidos constitucionalistas ya han acordado, entre ellos, que no secundarán la operación de ruptura: PSC, Ciudadanos y PP han pactado que abandonarán el hemiciclo en el momento de la votación. Y sólo Catalunya Sí que es pot tiene previsto quedarse en la cámara, aunque se pueda inclinar por el voto en contra o por la abstención.

El bloque independentista arropa a Puigdemont, que tiene una ventaja respecto al resto de dirigentes: no se juega nada, quiere llegar hasta el final, y someter al Gobierno español a una guerra de nervios que incrementará la temperatura cada día que pase. Con la estrategia en el Parlament, y con el recurso que presentará de inmediato el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional, que se reúne su pleno, precisamente, los días 5 y 6 de septiembre, el independentismo buscará una enorme participación en la Diada del 11 de septiembre.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya ha registrado a 150.000 personas para la Diada, que se ha planificado como una gran concentración en Paseo de Gràcia con la calle Aragó, en forma de una gran X, la que se desea marcar en la casilla del sí en el referéndum del 1-O.

Rajoy se lo juega todo a que el TC asuma su capacidad ejecutiva para parar a Puigdemont

Ante eso, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue esperando. Con un enorme enojo, provocado por la apropiación por parte del independentismo de la manifestación contra los atentados terroristas en Barcelona, un malestar que ha distanciado por completo al Ejecutivo español del presidente Carles Puigdemont, al que se considera responsable de la “manipulación política” del acto. Sin embargo, Rajoy no quiere tomar ninguna decisión contraproducente. Y basa todas sus esperanzas en el Tribunal Constitucional, que, con las nuevas atribuciones que se le asignaron, sería el encargo de buscar que se ejecuten sus propias decisiones. Y una de las posibilidades sería la de “suspender” de funciones a Puigdemont, si hace caso omiso de las indicaciones del Constitucional, a partir de las leyes que vaya aprobando el Parlamento catalán.

Con toda esa hoja de ruta, por parte del Gobierno español y del catalán, el PP y las fuentes del Gobierno consultadas admiten que todo dependerá del propio Puigdemont y de su voluntad de desobeceder todas las advertencias que se le planteen.

Pero hay una circunstancia vital. “No estamos en el mismo escenario que en 2014, y Puigdemont no puede poner urnas el 1 de octubre, Rajoy se ha comprometido a impedirlo”. Las dos preguntas que se plantean en estos momentos es ¿cómo?, y, en todo caso, ¿en qué momento se impide?

El primer paso lo tomará Forcadell con un cambio inusitado y poco ortodoxo en el orden del día en el pleno del Parlament del 6 de septiembre: la mayoría de Junts pel Sí y la CUP aprobarán la ley del referéndum y la ley de desconexión, y comenzará un plazo de tensión política hasta el 1 de octubre.

 

 

 

 

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