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Junts pel sí y la CUP pretenden aprobar la ley “fundacional” de la República catalana con el propósito de que el Gobierno impulse una reacción excesiva

Manel Manchón

Economía Digital

Mariano Rajoy acelera el control sobre las finanzas de la Generalitat, exigiendo a Puigdemont cada euro que pueda gastar en el referéndum. ED

Barcelona, 29 de agosto de 2017 (05:55 CET)

Un objetivo perverso. Es lo que pretende el soberanismo, que quema todas las naves para desafiar al Gobierno de Mariano Rajoy. Los grupos de Junts pel sí y la CUP pretenden aprobar la llama ley de “transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana”, un auténtico brindis al sol con la que se busca una reacción que pueda resultar excesiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Al mismo tiempo, el soberanismo trata de protegerse a sí mismo, con el argumento de que, si todo acaba mal, habrá hecho todo lo posible por alcanzar la independencia de Cataluña.

Junts pel sí y la CUP lo han vuelto a repetir: presentan una ley, la registran en el Parlament, pero la Mesa de la cámara todavía no la admite a trámite. En ese lapso, logran que el Gobierno se manifieste, que la oposición en Cataluña critique con dureza a Puigdemont, y tratan, así, de conseguir apoyos de la ciudadanía catalana al referéndum del 1-O, sin que se pueda todavía recurrir ninguna actuación.

Puigdemont no aprueba nada, teatraliza una situación para buscar la reacción de Rajoy

Sólo una enorme participación en el referéndum permitiría al presidente Puigdemont, y a todo el independentismo, salvar la cara, después de su actuación arriesgada e imprudente en la manifestación contra los actos terroristas en Barcelona.La ley se presentó este lunes en el Parlament, como si se tratara del anuncio de un concierto de una estrella del rock.

Teatro del bueno, como diría Mourinho. El argumento oficial es que, con esa ley, toda la sociedad catalana podrá saber a qué atenerse. Si gana el 'no' en el referéndum –algo del todo imposible, porque los partidarios del 'no' no quieren participar en un referéndum que no sea acordado con el Gobierno-- se convocarían elecciones autonómicas y todo seguiría igual. Si gana el 'sí', sin tener en cuenta una participación mínima, se aplicaría la ley y se convocarían elecciones constituyentes para elaborar y aprobar la Constitución del nuevo estado catalán.

Las discusiones internas han sido importantes. El Pdecat, el partido que dirige Marta Pascal, no quería esa ley en estos momentos. Considera que lo primero es aprobar la ley del referéndum, que sigue sin convocarse de forma oficial, y que, después, ya llegaría, tras el 1-O, y, en función del resultado, la llamada ley de “desconexión” con España. Pero la determinación de Puigdemont, y la presión de la CUP han sido decisivas, con el beneplácito de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que se ha situado en una posición idílica: le da igual todo, o le interesa todo, porque en cualquier caso tiene las de ganar.

El Pdecat está 'desconectado' de Puigdemont, sólo piensa en el 2 de octubre, pero le ríe las gracias

La ley supone una afrenta para cualquier experto en derecho constitucional. Defiende, en los artículos siete y ocho –tiene 89 artículos y tres disposiciones-- los requisitos para obtener la nacionalidad catalana. Y asegura que se podrá mantener la nacionalidad de origen, en referencia clara a la española. Es decir, no se exigirá ninguna renuncia. Se mantendrá, también, la oficialidad de la lengua castellana, aunque en los últimos meses se había especulado con marginarla en el nuevo estado catalán.

La misma ley garantiza a los funcionarios de todas las administraciones la integración en la “administración pública de Cataluña”, con “las mismas condiciones retributivas y de empleo”, a no ser que se renuncie a ello. Y también se fija un poder judicial propio; la amnistía para todos los encausados por el 9N o por la organización del 1-O; la desaparición de la Audiencia Nacional; y la asunción de la autoridad fiscal sobre todos los impuestos.

¿Quién se responsabilizará ante los suyos el día 2 de octubre, cuando no se pueda aplicar la ley de 'desconexión'?

Todo es una hoja de ruta hacia el nuevo estado, con el argumento de que se pasa “de la ley a la ley”. Para ello, el soberanismo recuerda la experiencia de la transición, cuando las Cortes franquistas se suicidaron para dar paso al edificio jurídico que puso en pie la Constitución de 1978. Pero en aquel momento se trató del paso de una dictadura a una democracia, y lo que se pretende ahora es vulnerar una Constitución democrática, porque la autonomía de la que hace uso el Parlament emana, precisamente del Estatut, --una ley orgánica del Estado-- y éste, a su vez, de la Constitución.

Puigdemont ha querido llegar hasta el final, retando al Gobierno español, que sigue con pies de plomo. Con la ley en la mano, todavía no puede hacer nada, porque ni se aprueban las leyes, ni se firman decretos de convocatoria. Pero eso Puigdemont lo resolverá en los próximos días. La intención es tenerlo todo a punto antes de la Diada del 11 de septiembre, y, en función de los recursos del Gobierno, mantener el pulso con el máximo de apoyo social en la calle.

Pero la realidad es más prosaica. La dirección del Pdecat no tiene ninguna sintonía con Puigdemont, pero se deja arrastrar hasta que se compruebe si fracasa o no el 1-O. La prueba es que Marta Pascal reprochó este lunes a Oriol Junqueras su reunión con Pablo Iglesias, en el domicilio del presidente de Mediapro, Jaume Roures. “Huele a tripartito”, aseguró, cuando esa reunión, según distinas fuentes del Govern, la conocía el propio Puigdemont.

¿Quiénes se sentirán estafados el dia 2 de octubre? Serán los dirigentes del Pdecat y de ERC los que deberán ofrecer respuestas a los suyos.

Ahora el objetivo es tensar la cuerda al máximo y ver hasta dónde llega la paciencia de Rajoy, a la espera de que alguien cometa lo que se pueda considerar un error de envergadura.  

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