El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante un pleno en el Congreso el 27 de febrero de 2020. Foto: Efe/CM/Archivo

Guerra entre Facua y Garzón por el fraude durante el estado de alarma

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La asociación de consumidores Facua acusa al Ministerio de dejar indefenso al cliente en este período de excepcionalidad

Alessandro Solís

Economía Digital

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante un pleno en el Congreso el 27 de febrero de 2020. Foto: Efe/CM/Archivo

Barcelona, 16 de abril de 2020 (16:19 CET)

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha entrado esta semana en una pugna con el Ministerio de Consumo por una serie de medidas que se han trasladado desde el Gobierno a las comunidades autónomas para actuar frente al fraude a los consumidores que pueda tener lugar durante el estado de alarma por el coronavirus. El departamento dirigido por Alberto Garzón ha lanzado una serie de recomendaciones a las administraciones autonómicas con las que Facua no solo está en desacuerdo, sino que asegura que ponen en peligro al consumidor en plena emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Todo comenzó el pasado lunes 13 de abril, cuando Consumo dirigió a las comunidades una nota informativa sobre la tramitación de reclamaciones en la que explicó que, durante el estado de alarma, los plazos administrativos para atender denuncias sobre fraudes a los consumidores se encuentran "suspendidos". Así las cosas, el ministerio de Garzón señaló que, "en aras de la seguridad jurídica", durante el tiempo que dure el estado de alarma las administraciones deben limitarse a informar sobre el modo de presentar reclamaciones y los plazos de los que disponen los ciudadanos.

La nota informativa de Consumo se dirigió a las comunidades el día 13 y, según Facua, el día 14 también se trasladó a todas las asociaciones de consumidores acreditadas ente el Consejo de Consumidores y Usuarios. Así que la asociación de la que Rubén Sánchez es vicepresidente y portavoz se hizo eco del comunicado en su web para criticar que, desde su punto de vista, Consumo recomienda a las administraciones "que no actúen contra ningún fraude durante el estado de alarma", afirmando que de ser este el caso se favorecerá "la indefensión" de los consumidores e incrementarán los fraudes durante la crisis.

Facua acusó a Consumo de hacer "una interpretación extremadamente forzada del concepto de suspensión de los plazos administrativos" recogida en el primer real decreto del estado de alarma, lo que podría derivar en "graves perjuicios para los consumidores". La asociación exigió una rectificación, señalando que el real decreto 465/2020, de 17 de marzo, modificó la primera orden respectiva a la paralización de actos administrativos. Recordó, también, que sí que se llevan a cabo requerimientos y se inician expedientes sancionadores en el cumplimiento de las normas de tráfico, por ejemplo.

Consumo acusa a Facua de tergiversar su nota informativa

Las tensiones entre Garzón y Facua escalaron este pasado miércoles cuando, después del comunicado de la asociación de consumidores sobre el peligro que representa presuntamente recomendar a las comunidades la inacción ante las denuncias de fraude, el Ministerio de Consumo le acusó mediante una nota de prensa de tergiversar el fondo de su nota informativa y de haberla hecho pública cuando su contenido no era "en ningún caso de carácter público", sino un "documento interno de trabajo administrativo" entre el departamento gubernamental y las administraciones autonómicas.

Consumo reprochó que Facua diera "una interpretación falsa" de la nota al asegurar que el Ministerio pide a las comunidades que no actúen contra ningún fraude durante el estado de alarma. "En ningún caso la imposibilidad de la administración de tramitar reclamaciones conlleva pérdida de derechos: al suspenderse, los plazos de reclamación quedan congelados hasta el fin del estado de alarma, momento en el cual se reactivarán manteniendo intactos los derechos y tiempos pendientes", rezaba el comunicado de Consumo en el que se acusa a Facua de manipular la información enviada a las CCAA.

"Todavía no puedo creer lo que estoy leyendo", afirmó Rubén Sánchez en un mensaje colgado en Twitter el miércoles por la noche. "Acusarnos de 'filtrar' un documento como si fuese secreto y de hacer una 'interpretación falsa' de su contenido es muy grave", añadió. Y este jueves, Facua, en otro comunicado, se explayó al respecto. Dijo que "lamenta el desacertado comunicado" del departamento y aseguró que "la decisión de Consumo fue no rectificar el contenido de su nota" inicial. La asociación se desmarcó también de las "acusaciones erróneas" del Ministerio.

"Durante esta semana, Facua ha expuesto al Ministerio en reiteradas ocasiones que el contenido de su nota informativa traslada una interpretación incorrecta de la paralización de determinados actos administrativos establecida por el Gobierno en el estado de alarma", reza el comunicado. Consumidores en Acción insiste en que "Consumo ha hecho una interpretación extremadamente forzada del concepto de suspensión de plazos administrativos (...) de la que derivarían graves perjuicios para los consumidores".

Concluye Facua que, de seguirse las instrucciones de Garzón, "se restará toda la capacidad de control y prevención del fraude a las autoridades compentes en la protección de los consumidores", toda vez que las administraciones autonómicas, locales y el propio Ministerio "no podrían adoptar medidas cautelares o provisionales, iniciar investigación de hechos constitutivos de posibles infracciones, comenzar la tramitación de expedientes sancionadores ni llevar a cabo requerimientos de cese de actividades ilegales o abusivas, debiéndose limitar a orientar e informar a los consumidores".


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