La Comisión Nacional de Telecomunicaciones regresa a Madrid

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El Senado da luz verde al nuevo macroregulador español con la promesa de mantener en Barcelona parte de la dirección del nuevo organismo

26 de mayo de 2013 (12:26 CET)

La creación de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) implica que Barcelona dejará de ser la sede del regulador de las telecomunicaciones. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) anunció a principios de 2012 el impulso del nuevo marcroregulador español y esta semana, finalmente, el Senado ha dado el visto bueno final a la nueva institución.

Los 140 trabajadores del regulador tecnológico situado en el barrio del 22@ de la capital catalana conocen desde hace tiempo que su futuro está en el aire. Depende del estatuto interno de la nueva institución que el Ejecutivo debe detallar los próximos días.

Una dirección sin definir


El apoyo de CiU a la CNMC garantiza que parte de la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales se quede en Barcelona.

Pero nadie ha detallado exactamente en qué consistirá esta tarea. El compromiso se puede quedar “en todo o en nada”, tal y como señala el diputado de la federación nacionalista, Pere Macías, en declaraciones a El País este domingo. Lo único que se da por seguro es que no dará empleo a toda la plantilla actual y tampoco requiere los 12.500 metros cuadrados de la sede de Barcelona.

Ubicar en la Ciudad Condal la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones fue el gran hito de Zapatero en 2005 y se puso como ejemplo de la descentralización de la que hacían gala los socialistas.

Racionalizar recursos

La nueva CNMC aúna en uno sólo todos los organismos reguladores, pero separa en dos salas los temas de competencia y los de supervisión. Esta decisión se tomó tras las reticencias de Bruselas a la unificación de los reguladores. El Gobierno justificó esta decisión por racionalizar recursos. Incluso cifró el ahorro económico en 30 millones de euros.

Los nacionalistas vascos, PNV, también apoyaron la creación del macroregulador.
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