La fiscalía pone a Mas ante diez años de inhabilitación por el 9N

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Irene Rigau y Joana Ortega se enfrentan a otros nueve años de expulsión por prevaricación y desobediencia al Constitucional

El presidente del PDECat, Artur Mas. | EFE

Barcelona, 03 de octubre de 2016 (12:35 CET)

La fiscalía pide diez años de inhabilitación para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve años para las consejeras Irene RigauJoana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta soberanista del 9N.

En su escrito de calificación, presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las consejeras como cooperadoras necesarias.

En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación por ambos delitos en concurso, pero, para el caso de que el TSJC decida aplicarlos por separado, propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y otra multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación para Ortega y Rigau.

No fue solo obra de voluntarios

El magistrado del TSJC, Joan Manel Abril, dio por concluida la causa en junio. Consideró que existen indicios de que los tres miembros del Govern conocían desde el mismo 4 de noviembre, cuando se produjo, la resolución del Constitucional que impedía la celebración de la consulta, y que no la acataron puesto que continuaron con los contratos con empresas privadas.

Algunos trabajos organizativos del 9N que avanzaron a pesar del TC fueron, por ejemplo, el soporte informático de la consulta, adecuar un centro de prensa o dar los resultados; amén de la confección de urnas y papeletas a cargo de reclusos de las prisiones catalanas.

Abril rechazó que la jornada tan sólo fuera obra de voluntarios, sino que también cree que hubo implicación institucional. Los investigados, ahondaba, recibieron comunicaciones del mismo Tribunal Constitucional y de la delegada del Gobierno en Cataluña en las que se les informaba de la suspensión.
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